El 20 de julio de 2006, el Tribunal del Distrito Sur de Florida consideró culpables de extorsión, estafa, cobro de deudas ilegales y blanqueo a los cabecillas de «la corporación», la mafia cubana de Miami. El 16 de marzo de 2004, más de dos años antes, habían sido acusados por un Gran Jurado de pertenencia a una trama de juego que dio lugar a asesinatos, tráfico de cocaína, lavado de dinero... Ahora, el Tribunal Supremo (TS) acaba de ratificar la condena al que fuera testaferro de la organización criminal en España, en concreto en Canarias: tres años de prisión y multa de 2,1 millones de euros por un delito de blanqueo. El TS no admitió ni uno solo de los argumentos con que el hombre de paja de «la corporación» intentó reducir el castigo que le impuso la Audiencia Nacional el 2 de marzo del año pasado.

La sentencia del Alto Tribunal, a la que ha tenido acceso ABC, rechaza el recurso de casación interpuesto por la defensa y relata las actividades delictivas que la mafia cubana de Miami llevó a cabo en las Islas entre 2001 y 2006. Fue a mediados de aquel año cuando uno de los capos, los Battle (el padre falleció y el hijo cumple hoy castigo en Estados Unidos), visitó Gran Canaria y contactó con el condenado, un pariente sexagenario y entonces empleado de banca. El objetivo era blanquear el dinero negro que procedía de la extorsión, el fraude, las estafas, los juegos ilegales y las apuestas prohibidas que la trama ejecutaba en el país norteamericano, sobre todo en Miami. La función de L. A. R. (iniciales del nombre y los apellidos del detenido) era administrar los fondos e invertirlos en productos financieros y operaciones inmobiliarias. Aunque conocía lo ilícito de tales cantidades (serían millones), nunca quiso saber su origen.

Sea como fuere, L. A. R. se prestó a formar parte de una sociedad inmobiliaria (Procanamer, la primera de las varias empresas que fundaron) que les permitiría aprovechar alguna «oportunidad interesante» para el blanqueo. Los fondos serían después depositados en Banca March (la entidad en la que trabajaba), a plazo fijo y bajo la titularidad de Invercan Ltd. Corp., sociedad radicada en Panamá, país que es uno del grupo de los llamados «paraísos fiscales». El 15 de octubre de 2001, Invercan recibe por medio de una transferencia bancaria 230.000 dólares. El dinero llegó desde la empresa Voltaire Trading and Investment y mediante un banco de las Antillas Holandesas. Con esa cantidad, el condenado haría una imposición a plazo fijo asociada a una de las cuentas abiertas en Banca March. El entramado mafioso comenzaba así sus operaciones de lavado de capitales: «la corporación» de la Florida estadounidense había encontrado en Canarias el lugar ideal desde el que «limpiar» los millones de dólares de sus extorsiones, estafas y demás actos delictivos.

A partir de ese momento, no cesaría la actividad de la mafia cubana en la comunidad autónoma. En 2002, los Battle adquieren una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria y continúan las transferencias, entre ellas dos de 1,8 millones y 600.000 dólares, sumas que resultaron de la venta de una mansión ubicada en Cayo Vizcaíno (Miami) que había sido comprada con dinero negro. Un año después siguen las operaciones, en las que aparece un nuevo paraíso fiscal, Suiza. Ya en 2004, las detenciones de los cabecillas en Estados Unidos y la intervención de sus bienes obligan a la trama a trazar un plan «B»: se constituiría una segunda entidad en Panamá en la que ejercería como apoderado no solo L. A. R., sino también su esposa (a la que absolvieron tanto el Supremo como la Audiencia Nacional).

El blanqueo

Ese mismo año, las reticencias de Banca March «a mantener este tipo de inversiones con una persona que había sido empleada» llevan al condenado a trasladar casi tres millones de dólares a Banco Pastor y a disolver las sociedades en las que participaban los capos, cuya defensa en Florida se sufragó, al menos en parte, con los fondos depositados en el Archipiélago y con un préstamo de 400.000 dólares que sirvió para «camuflar» los envíos de dinero a EE.UU. El préstamo se canceló anticipadamente, pero permitió a la organización hacer ver que las transferencias a Norteamérica para la defensa de los mafiosos tenían un origen legal. En 2005 se funda Corvo Negocios, para sustituir a Procanamer y que no figurasen los Battle, y Mogán Negocios, por medio de la cual se compró una finca de una zona de playa del municipio, amén de un solar de la calle Montevideo de la capital grancanaria, este gracias a un préstamo hipotecario de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. En esta entidad, «la corporación» tenía depositados en 2006 cerca de tres millones de dólares.