Bajo fuertes medidas de seguridad, Insulza conversó en privado en una sala del penal La Esperanza, en el norte de San Salvador, con los jefes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Mara 18 (M-18), quienes le entregaron un pliego de demandas y le anunciaron su oferta.

"Hemos acordado hacer un nuevo gesto de buena voluntad, con el cual esperamos (...) contribuir en la recuperación de la paz social (...); consiste en un simbólico desarme parcial", subrayaron en un comunicado conjunto, leído a la prensa por uno de los líderes de la M-18, Carlos Mojica Lechuga.

Insulza, quien concluye el viernes una visita de dos días a El Salvador para conocer el curso de la tregua, anunció que el organismo diseñará un procedimiento para que cumplan el desarme parcial.

"Falta diseñar un mecanismo de recepción adecuado, se debe verificar varias cosas, hay armas que puedan estar ligadas a delitos que se cometieron con anterioridad, interesa conocer la procedencia de las armas, habrá que diseñar un procedimiento", dijo Insulza tras reunirse con el presidente Mauricio Funes.

En rueda de prensa, Insulza informó que el viernes habrá una entrega simbólica de armas de las dos pandillas, aunque "no van a ser muchas", dijo en un acto en la Plaza Gerardo Barrios, frente a la catedral de San Salvador.

"He recibido sus propuestas, estoy muy impresionado de lo que he escuchado, fue una reunión muy importante, es un proceso en marcha (la tregua) pero nosotros le vamos a dar todo el apoyo que sea posible", afirmó Insulza, quien se declaró "con mucha esperanza".

Los cabecillas de las maras se negaron a precisar cantidad o tipo de armas, pero dijeron que las entregarán a Insulza para que se fundan y se construya un monumento, a través del vicario militar Fabio Colindres y el ex comandante guerrillero Raúl Mijango, mediadores de la tregua.

-- Líderes de pandillas piden a OEA que sea garante del proceso --

Uno de los líderes de la MS-13, Carlos Tiberio Valladares, confirmó a la prensa que directamente pidieron a Insulza que la Organización de Estados Americanos (OEA) "sea garante del proceso (para) que lleve a una paz social".

Las MS-13 y M-18, que vinculadas al narcotráfico han sembrado el terror en El Salvador, Guatemala y Honduras, dispusieron en marzo una tregua que, según datos oficiales, ayudó a bajar de 14 a 5,6 el promedio diario de homicidios, aunque sectores de la sociedad dudan de su real efectividad.

La directora del Instituto de Opinión de la Universidad Centroamericana, Jannet Aguilar, opina que la baja en el número de homicidios es insuficiente para evaluar la efectividad o eventual sostenibilidad de la tregua, porque las denuncias de desaparecidos aumentan y además urge una política que "privilegie la prevención" y no la represión.

Para el analista y académico Juan Ramón Medrano el desafío mayor es el "mantenimiento" de la tregua y "evitar que más jóvenes se sumen a las pandillas". El Estado debe "quitarles" los "territorios que controlan" con proyectos sociales, apuntó.

A pesar de que en la tregua las pandillas decidieron en mayo cesar el reclutamiento forzoso de jóvenes y declararon los disputados centros escolares como "zonas de paz", los crímenes y desapariciones de estudiantes han continuado, según organismos de derechos humanos.

No obstante, Mijango precisó a la AFP que en los primeros 123 días de tregua se evitaron 1.077 muertes y una "reducción significativa" de las extorsiones que las maras cometen contra particulares, comerciantes o transportistas.

En el hacinado sistema penitenciario salvadoreño, con capacidad para 8.100 reos, hay 26.195 presos, 9.627 de estos pandilleros. Pero en las calles permanecen, según el gobierno, otros 50.000 pandilleros.