No encuentro pertinente entrar a discutir si Fernando Lugo era responsable de los hechos que le imputaron ni si esos hechos fueron no más que una circunstancia accidental que sus enemigos aprovecharon para derrocarlo. Eso sería materia de otra reflexión. Me detengo, admirado, a ver que un Congreso hace uso de sus facultades constitucionales para destituir a un presidente y lo consigue, si bien con excesiva celeridad. Esta movida parlamentaria que depone a un líder es sana por su naturaleza intrínseca, ya que en ese líder, por democráticamente electo que haya sido, por su sola singularidad y papel, siempre se esconde la semilla de un déspota. Ese es el lado oscuro del sistema presidencialista, culpable, como ninguna otra cosa, de la caterva de dictadores que hemos padecido en esa América que Martí llamó “nuestra”.

Los otros presidentes –que ven con razón en este derrocamiento político un precedente y una amenaza para sus poderes– han convertido un acontecimiento interno en un escándalo internacional, sobre todo esa banda de Chávez, Correa, Morales, Fernández de Kirchner y Ortega, que parecen salidos de un burdel de compadritos y quienes, mediante la agitación popular, se han dedicado a fortalecer la administración ejecutiva, concentrada en sus crapulosas personas, en detrimento de la representación colectiva de sus parlamentos.

Lo que ha ocurrido en Asunción en días pasados es, ni más ni menos, que un nuevo episodio de un conflicto milenario, el mismo que enfrentó a César con el Senado romano, en el cual un poder colegiado –y, por esa sola condición, más legítimo que el que se encarna en un solo individuo– se empeña en imponer sus prerrogativas.
De ahí por qué importe poco si había o no suficientes motivos para deponer a Lugo, que estaba casi al término de su mandato. El Congreso sintió esa necesidad política y se valió de sus facultades para satisfacerla. Yo lo veo como un modo de flexionar los músculos del sistema democrático, de poner en función una autoridad de la que se dispone, aunque esto tenga la consecuencia de excluir de su cargo a una persona honesta –que no sé si es el caso de este presidente. Se trata, en último término, del ejercicio de unos mecanismos, que se han respetado escrupulosamente aunque los fines puedan considerarse interesados.

Yo creo que si algo debieran hacer las instituciones parlamentarias y jurídicas del resto de los países latinoamericanos, en lugar de sumarse a las críticas que ahora emanan de sus casas presidenciales, es tomar lo sucedido en Paraguay como una clase magistral y prestarle mayor atención a los recursos que el Estado de derecho les brinda para neutralizar, someter y deponer a sus ejecutivos. Es de desear que en América Latina –y en todas partes– haya parlamentos más fuertes y presidentes más débiles, cuyas agendas, de cualquier color, se vean cada vez más supeditadas a los colectivos políticos que representan de manera más equitativa la voluntad del pueblo.

Los caudillos suelen salir con mucha más facilidad del liderazgo individual que de los organismos colectivos; por eso, cuando estos últimos utilizan los instrumentos de la ley para sujetar, controlar e incluso humillar a uno de los primeros, un corazón demócrata sólo puede sentirse movido a aplaudir. El mundo anda mejor cuando suceden estas cosas.