Pero Bakovic fue más allá. Recién llegado a Tarija y preparando su defensa desde un céntrico hotel de la capital chapaca, afirmó que en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) habría corrupción “por los resultados” que se ven. Añadió que en el juicio que él enfrentará desde hoy no están los que denominó “verdaderos responsables” de las irregularidades en la contratación y construcción de la obra Tarija – Potosí, que ya lleva siete años en ejecución y de la que ya se anunció una nueva prórroga de plazo hasta el año 2013. Hasta hoy no se conoce que la ABC haya cobrado multas por retrasos a la constructora brasileña. Reveló también que la obra costará más de 180 millones de dólares adicionales al presupuesto original.

Los “verdaderos responsables” serían, según Bakovic, la ex presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, de quien dijo tiene aún influencia en esa entidad estatal, así como la propia Queiroz Galvao y su sucesora, la OAS.

Ésta la entrevista que sostuvo Plus TV con Bakovic:

Plus TV (PTV) – El día de mañana (por hoy) se inicia el juicio por el proyecto Tarija – Potosí, que se inició cuando su sucesora, Patricia Ballivián, ejercía el cargo de presidenta de ABC. ¿Ya tiene lista su defensa?

José María Bakovic (JMB) – En primer lugar debo decir que mis detractores/as parecen haber decidido que dicho juicio se inicie a como dé lugar. Da la sensación que han puesto toda su artillería en Tarija, ya que pese al tiempo transcurrido y la obligación de la OAS S.A., junto a la ABC, de finalizar el proyecto, no ha culminado en los plazos previstos, manteniendo a la población de Tarija en vilo por falta de cumplimiento de plazos. De mi parte, tengo dos juicios en pleno proceso en la ciudad de La Paz que no pueden ser interrumpidos, sin embargo, pese a la imposibilidad física de estar en dos lugares al mismo tiempo, he sido convocado tanto en Tarija como en La Paz, con lo que se puede evidenciar que no quieren dejarme tregua en mi defensa.

PTV – ¿A qué atribuye este afán de iniciar el juicio a toda costa, según dice usted?

JMB – Entiendo que el Tribunal Segundo que tiene a cargo su procesamiento en Tarija quiera cumplir con sus programas para no ser acusado de retardación de justicia; lo que me cuesta entender es qué intenciones tienen mis procesadores de la Administradora Boliviana de Carreteras y del Servicio Nacional de Caminos Residual, ambas entidades aún bajo la influencia de Patricia Ballivián Estenssoro, mi sucesora que inició y promovió el acoso judicial del que soy objeto, con 42 causas abiertas en mi contra.

PTV – Pero, en el caso específico del Proyecto Tarija – Potosí, ¿qué móviles pueden tener quienes usted dice que son sus enemigos para su aceleración en este momento?

JMB – Creo que es para tranquilizar el malestar que existe en el sur del país por la pésima ejecución del proyecto a cargo de OAS. Se necesita un chivo expiatorio para satisfacer la ansiedad regional para la conclusión de la obra. La ironía es que no estén en este juicio los verdaderos responsables del desastre.

PTV – ¿Quiénes son, a su parecer, los responsables?

JMB – Queiroz Galvao, Patricia Ballivián y OAS, quienes hicieron un acuerdo para liberar a la primera empresa de sus obligaciones y entregar sin licitación la obra a la segunda. Esta entrega sería parte de un paquete a nivel plurinacional con la inclusión de Potosí – Uyuni y Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que se habría comprometido el MAS con OAS en pago del aporte que habría hecho esta empresa a las campañas políticas de (Luiz Inácio) Lula (expresidente de Brasil) y Evo.

PTV – Pero, usted tendrá que admitir alguna responsabilidad, pues el contrato Tarija-Potosí fue firmado en su gestión luego de presiones “cívicas” que derivaron en una contratación sin licitación a favor de Queiroz Galvao.

JMB – El Servicio Nacional de Caminos Institucionalizado que me honré en dirigir como único presidente propuesto por la Cámara de Diputados, sin filiación política, tuvo la obligación de ejecutar el proyecto en base a un marco legal que incluía la Ley Nº 2491, emitida en la gestión de (Gonzalo) Sánchez de Lozada y cuatro decretos supremos y una ley emitidos en la gestión de Carlos Mesa. La ejecución fue excelente en nuestra gestión, sin ningún problema, con un avance al 31 de diciembre de 2005 del 36% cuando el programado era de 25%, es decir, con un 40% de adelanto. El único problema que creábamos era al Ministerio de Hacienda porque nos pedía no acelerar tanto los desembolsos pues le causábamos problemas presupuestarios.

PTV – ¿Qué establecía la Ley Nº 2491 que menciona, emitida en el gobierno de Sánchez de Lozada?

JMB – Debo aclarar, en primer lugar, que dicha ley fue promulgada a espaldas del SNC Institucionalizado, en otras palabras, nos tiraron el bulto. Era la ampliación del Crédito PROEX para La Mamora – Km 19. La única ventana que se nos dejó es que se autorizaba al Poder Ejecutivo a negociar en base a un techo fijado en la misma ley. Como órgano técnico, el SNC I colaboró en las negociaciones, denunciando en primera instancia que el precio era entre 60 y 70 millones de dólares superior a lo razonable. Las negociaciones que se iniciaron en el gobierno de Sánchez de Lozada concluyeron en el de Carlos Mesa y logramos: a) rebajar el precio por kilómetro de 533 mil dólares a 463,1 mil dólares; b) mejorar la calidad de pavimento flexible a rígido con tres veces mayor duración; y c) casi 80 kilómetros adicionales para llegar hasta Cotagaita.

PTV – La ejecución de la obra, sin embargo, fue mala pues existieron muchas losas en mal estado, se dice que hasta en 93 kilómetros. Se dice también que las especificaciones técnicas eran malas…

JMB – …En nuestra gestión no existió ningún problema, y si hubiera existido lo hubiéramos solucionado. Todos los problemas se presentaron en la gestión de Patricia Ballivián, a mi parecer, porque ya existía la decisión de transferir el contrato a OAS, en base al acuerdo político con el partido de gobierno. La mala ejecución de la obra muestra una pésima fiscalización por la ABC de Ballivián, las deficiencias se corrigen al primer kilómetro en que ellas se presentan, no a los 93 kilómetros. Si hubiera habido problemas en las especificaciones no se daría que el tramo Iscayachi – El Puente no presentó fisuras, claramente en él se hizo bien todo: construcción, fiscalización y supervisión.

PTV – El problema es que el proyecto no se concluye. ¿En su criterio, qué solución se debe dar a este problema que angustia a Tarija? Acaba de anunciarse un nuevo aplazamiento de la entrega de la obra…

JMB – Eliminar la corrupción de ABC. Cuando hay corrupción los costos de los proyectos se incrementan y los cronogramas no se cumplen. Mal puede el contratante exigir cumplimiento del contrato si recibe coima. Aun sin evidencias legales para afirmar esto, puedo decir que los resultados muestran que existiría corrupción. El primer paso fue ceder el contrato de Queiroz Galvao a OAS, una firma de menor tamaño y experiencia. Cuando se tienen problemas con una contratista, se la reemplaza con una mayor y mejor. El segundo, es el incremento en el costo y la rebaja de calidad, de rígido a flexible.

PTV – ¿El costo también se va incrementando? ¿La Gobernación de Tarija tiene que aportar más por el 30% del total?

JMB – Cuando se me detuvo ilegalmente en Tarija en agosto de 2007, advertí que la resolución que entonces anunciaba Ballivián costaría al Estado por lo menos 100 millones de dólares adicionales y después dije que el proyecto no se concluiría hasta 2012. Me quedé corto en monto, pues yo calculo que llegará a 180 millones adicionales, el doble del original, y en tiempo pues la empresa ya ha dicho que no concluirá el proyecto hasta marzo de 2013, compromiso no confiable dados los antecedentes. Mi mayor temor es que se repita la historia de Andrade Gutiérrez en Cotapata – Santa Bárbara y Queiroz Galvao en este proyecto, esto es, que OAS dejará el proyecto inconcluso pues empresas ligadas al favor político vienen a hacer negocios, no carreteras. Lo ingrato es que Tarija tiene que aportar el 30% de este mal manejo del proyecto, y quizá de la corrupción misma.

PTV – ¿No teme ser condenado en este juicio? Sus revelaciones en esta entrevista comprometen a actuales autoridades…

JMB – Por supuesto que sí. Sabemos que los tribunales están sujetos a fuerte presión del Órgano Ejecutivo y les cuesta actuar imparcialmente, aún con el auxilio de la coca. Además de la detención ilegal en Tarija en agosto de 2007 me tocó también ser el primer preso de este régimen en marzo de 2006, ambas aprehensiones ordenadas por el Ministerio de la Presidencia y destinadas a encubrir los negociados de Potosí – Uyuni y la resolución de Tarija – Potosí, proyectos que acabaron en manos de OAS. Parece que ahora se viene la tercera detención ilegal, esta vez por Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, también para OAS, la contratación con mayor corrupción en la historia de carreteras del país, aun sin considerar el grave tema socio ambiental. Con la visión que da la retrospectiva, esta vez tendré que acudir a Luiz Inacio (Lula) da Silva para que cese el acoso judicial que los agentes de OAS en Bolivia llevan contra mi persona

POSTERGACIONES

La acusación formal fue presentada el año 2009, la audiencia conclusiva se desarrolló el 2010, y la audiencia de juicio oral y público fue fijada para el 2 de mayo de 2011, pero al caer en feriado nacional, fue diferida para el 14 de septiembre del mismo año, lo que tampoco pudo concretarse por la incomparecencia de algunos de los imputados.

Los acusados por delitos de daño económico al Estado y conducta antieconómica son: José María Bakovic (ex director del ex Servicio Nacional de Caminos), Marlene Téllez y Luis Landívar (del Senac); Aloisio Machado Reis, declarado en rebeldía (representante legal de Queiroz Galvao), y Andrés Torrico (representante de la supervisión de la obra).

Cardozo pide que Bakovic preste informe en la Cámara de Diputados

Ante las declaraciones del ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, de que la OAS habría financiado las campañas electorales de Evo Morales y Lula da Silva, el diputado Wilman Cardozo dijo que se pedirá un informe a Bakovic ante la Cámara de Diputados. “Es preocupante y en ese marco consideramos que don Bacovik debe ser convocado inmediatamente a alguna de las comisiones de la Cámara de Diputados para que presente un informe”, manifestó a tiempo de señalar que si hay documentación e información que compruebe la denuncia, esto amerita la aplicación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

En todo caso, manifestó que el Ministerio Público debería actuar de oficio, “como actúa oficiosamente contra los opositores. “También debería actuar en este caso de oficio, porque si es evidente lo que ha dicho don Bakovic, definitivamente eso se convierte en delitos y acciones irregulares y la apertura de una investigación inmediata”, enfatizó.