Más de la mitad de la población mundial está cubierta por leyes de acceso a la información. La promulgación de las leyes, no obstante, no basta para su puesta en marcha. Una investigación de Associated Press demostró que solamente un 38% de los países cumplen su legislación al pie de la letra. En América Latina, de los 18 países que ofrecen datos gubernamentales a sus ciudadanos, solamente siete —Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México y Paraguay— respondieron en el plazo establecido por sus respectivas leyes. Es decir: no es suficiente la legislación, es necesario garantizar su mecanismo.

Y es esto justamente —los entresijos de un organismo dedicado a otorgar datos gubernamentales a la población— uno de los principales temas que preocupan al presidente del Consejo de Transparencia de Chile, Alejandro Ferreiro, que participó en el I Foro de Transparencia y Buen Gobierno, organizado por la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración con la Universidad Católica de Chile y la fundación Chile España. La reunión tuvo como objetivo compartir la experiencia chilena a empresarios y políticos españoles, a propósito del anteproyecto de Ley de Transparencia en España (aprobado este viernes en el Consejo de Ministros). En el evento también participaron el director general del Consejo de Transparencia, Raúl Ferrada, y los parlamentarios Hernán Larraín, Eugenio Tuma y Alberto Cardemil, algunos de los principales impulsores de la legislación.

La ley de transparencia de Chile, aprobada en 2008 y puesta en marcha un año después, se suma a las 18 legislaciones similares que existen en la región. En estos tres años, no obstante, el avance es notable. Los niveles de percepción de corrupción son equiparables a los de países como Alemania, Japón o Francia, según el último informe de Transparencia Internacional. Una característica crucial para ganar la confianza de los inversores: Chile tiene una de las economías más liberales del planeta.

El Consejo de Transparencia, el organismo que materializa la legislación de acceso a datos, revisa las solicitudes de información y, hasta ahora, “ha conseguido evitar la politización de los casos”, explicó esta mañana Ferreiro en una entrevista en Madrid. Desde que se puso en marcha la ley, detalló, se han emitido más de 100.000 solicitudes (un promedio de 3.300 al mes). El objetivo: que la lucha contra la corrupción y la gestión pública de la información (tanto estadística como tributaria), se ponga “a disposición de las personas”.

Pero la práctica (y conseguir mantener un debate apolítico en las solicitudes), aseguró, no es un camino de rosas. Ferreiro precisó una propuesta que ha generado especial polémica en Chile por su complejidad: la cuestión sobre si los correos institucionales son públicos o privados. “Se trata de un tema complejo, pues algunos legisladores o funcionarios afirman que monitorear sus conversaciones a través del correo electrónico es equivalente a pinchar sus teléfonos”, explicó.

El director de Consejo, Raúl Ferrada, añadió por su parte que la legislación de acceso a la información en Chile tiene “un buen nivel de cumplimiento”. El desafío, comentó, es “avanzar en la calidad” del servicio que otorga.

"La sociedad exige la información

Los senadores chilenos Hernán Larraín (de la Unión Democrática Independiente, centro-derecha) y Eugenio Tuma (de la Concertación por la Democracia, centro-izquierda) impulsaron la promulgación de la Ley de Transparencia en Chile, una propuesta “transversal” que rebasa los intereses políticos, en palabras de Tuma.

Los legisladores coincidieron en que la puesta en marcha de la legislación “no es una cuestión de partidismo”. Larraín detalló que lo “más delicado” de la reglamentación es el procedimiento para llevarla a cabo. “La sociedad tiene inquietudes que, tanto en Chile como en España, han desembocado en movilizaciones. Es por ello que es crucial esta legislación y explicar qué se hace con los recursos”, comentó. Tuma, por su parte, añadió que la libertad de información es “fundamental” para la democracia. “La sociedad exige la información, ya no basta con participar en unas elecciones. Quiere tener un papel activo en la toma de decisiones de sus Gobiernos”.

El senador por la Concertación, por su parte, destacó que el acceso libre a los datos gubernamentales es una pieza clave en la competitividad de los países para atraer inversores. “A mayor nivel de transparencia, mayor confianza”, comentó. Los legisladores, no obstante, subrayaron que la transparencia es un esfuerzo que comparte no solo el Gobierno, sino también la iniciativa privada.