El vicepresidente Alvaro García Linera dijo este jueves que conocía quienes son los responsables sobre la violenta intervención a la marcha indígena, sin embargo no quiso dar nombras porque ya existe un compromiso para que una Comisión de Alto Nivel sea la que investigue el caso. Para los marchistas esta es una forma de encubrimiento a los responsables de la represión sufrida el anterior domingo.
Para el
presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) Adolfo
Chávez, las palabras del vicepresidente denotan encubrimiento de los vejámenes
sufridos por los marchistas y expresó su molestia porque el país tenga a
gobernantes que acusan y encubren estos hechos.
Similar
criterio fue emitido por la senadora de Convergencia Nacional (CN) Carmen Eva
Gonzáles quien dijo que es una obligación de la Fiscalía convocar a García
Linera para que declare cada detalle de los que conoce sobre la intervención,
porque caso contrario es obstrucción a la justicia.
En
declaraciones a la cadena internacional CNN, el vicepresidente Alvaro García
aseguró que el Gobierno fue el primero en reprochar los hechos del 25 de
septiembre y aseguró que la información que maneja su despacho será presentada
ante la Comisión de Alto Nivel que será conformada por representantes de
Naciones Unidas (NNUU) la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y entidades
de Derechos Humanos.
DEMANDA
CONTRA
MORALES
En otro
tema, la bancada de Convergencia Nacional informó que el Fiscal General de la
Nación, Mario Uribe, aceptó iniciar una demanda penal en contra del presidente
Evo Morales, quien es acusado por los supuestos delitos de violación a los
derechos fundamentales y genocidio tras la violenta intervención policial a
indígenas que marchan en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS).
En
reacción, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce descalificó
dicha interposición, asegurando que es una “estupidez jurídica que no tiene
pies ni cabeza y responden al criterio de un joven legislador”, en alusión a
Tomás Monasterios, diputado opositor.
El
pasado domingo, los marchistas del TIPNIS fueron sorprendidos cuando
descansaban a varios cientos de metros del puente San Lorenzo, Yucumo, donde la
intervención policial, a cargo de al menos 500 uniformados, se prolongó durante
35 minutos. En el lugar decenas de marchistas, hombres, mujeres y niños, fueron
detenidos, maniatados, amordazados y embarcados en autobuses, con destino a San
Borja y Rurrenabaque.
*Fuente:
El Diario