En las relaciones del régimen chavista con el terror hay dos vertientes. Una, el procedimiento judicial. Velasco, tras la obtención de informaciones obtenidas de la actividad de las FARC, se refiere a los entrenamientos conjuntos de las dos bandas, de la presencia y protección de agentes de inteligencia venezolanos y de una seria coordinación para cometer atentados en la que participaría un «delegado» de ETA en la zona que ha tenido un cargo gubernamental. No está claro si la Audiencia quiere que se reclame más información o se inste a la extradición de los terroristas citados. Tendrá que ser aclarado.

El Gobierno español, dando otra muestra de ese empeño absurdo de disimular la confusión con contradicciones, al parecer ha pedido al mismo tiempo explicaciones y ha dado o pedido informaciones. A las «explicaciones» se refirió por tres veces Zapatero en una comparecencia en Alemania (a pedirlas, a esperarlas y a actuar cuando se tuvieran) y, rebajando el tono, Moratinos habló de informaciones. Ahora pretende reconducir el asunto a la tramitación procesal, quizá pidiendo «aclaraciones» a la Audiencia y dando el oportuno traslado de las actuaciones a Venezuela. Se pretende salvar así la tensión entre una actitud benevolente con Chávez (con su política dictatorial) y la presión de la opinión pública según se va conociendo lo que hace el venezolano.

Con ese carácter ha respondido Chávez ya que no con explicaciones: la Audiencia actuaría bajo presión política, dominada por la ultraderecha o los americanos, España se deslizaría hacia una conspiración internacional contra su régimen, etc. No ha dicho en los último días cosas distintas para que se vea como el insulto es su única defensa.

Sean explicaciones o informaciones lo solicitado, lo lógico habría sido que si en las investigaciones judiciales en España aparecen entrenamientos de terroristas en Venezuela, presencia y protección de agentes de inteligencia, colaboración de terroristas que están allí y han tenido cargos públicos, el Gobierno de ese país se comprometiera a investigar esos hechos tan graves y hacer públicas sus conclusiones con la correspondiente depuración de responsabilidades en su caso.

Nada de eso ha ocurrido, sólo insultos y amenazas en un escenario en el que resulta una evidencia política que Chávez ayuda a las FARC, negando incluso que sea una organización terrorista, y que ha protegido a terroristas de ETA, banda que ha logrado ayuda de organizaciones que dependen de su gobierno.

Todo esto, recogido o no en autos judiciales, debería servir para que el Gobierno español se replantee de una vez las relaciones con el chavismo. A cambio de la venta de armas o de algunos negocios no se puede cubrir de silencio todo lo demás, entre lo que está el desprecio a los derechos humanos o la colaboración con el terrorismo. Hay una diplomacia en la que «medir los pasos» es un ejercicio de hipocresía en beneficio de algunos intereses pero el problema con la Venezuela chavista está resultando el gran monumento a la hipocresía para no dar ningún paso. Si cambia al menos eso...