Ese mismo principio es aplicable a cualquier gobierno. Si se reducen sus ingresos, tiene que reducir sus gastos. Al menos que, como el gobierno de EE.UU., tenga una maquinita para emitir billetes que son aceptados en todo el mundo y sus emisiones de deuda son compradas por la mayoría de los gobiernos.

La menor actividad económica implica una menor captación fiscal. En EE.UU. los impuestos pagados por las empresas cayeron en 53% y el de las personas físicas en 20%. En general la captación fiscal en Estados Unidos se redujo en 17% con respecto al 2008. El déficit presupuestal para este año en EE.UU. se calcula en 12% del Producto Interno Bruto.

En el caso de México, el Impuesto Sobre la Renta a las empresas al mes de julio cayó más del 14% y el IVA, en 20%. Los ingresos fiscales disminuyeron en 143 mil millones de pesos, que son 16,4% menos en relación al año pasado. Y como no tenemos una fabriquita de dólares, ni la deuda del gobierno mexicano es aceptada en todo el mundo, no hay más salida que reducir el gasto, si queremos mantener finanzas sanas y no generar inflaciones ni devaluaciones en los años venideros.

Cuando hablamos de reducir el gasto del gobierno no solo nos referimos al gobierno federal, sino a los gobiernos estatales, municipales, Poder Legislativo, Judicial, organismos y universidades públicas, que reciben dinero gubernamental. Algunos de esos sectores parecen no importarles las reducciones de ingresos gubernamentales y simplemente presionan para pedir más.

Nuestros legisladores deben tener conciencia que casi todas las leyes, reglamentos y regulaciones, por muy necesarias que sean, requieren recursos para su implementación. La próxima legislatura debe tener muy claro que casi todas las leyes que aprueban con nuevas funciones y reglamentaciones, implican más gastos gubernamentales.

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