Se vive el tiempo de las imposiciones y los decretazos. Así se aprobó el Proyecto de Constitución Política del MAS, que se lo quiere coaccionar, sí o sí, al país. Santa Cruz impone su referéndum. El Poder Ejecutivo se ha convertido en la vanguardia de la revolución y cree, por tanto, que puede hacer cualquier cosa. Total, está para eso, para hacer la revolución, para desvestir al “Estado Colonial y Neoliberal”. La contraofensiva está en las regiones bajo la bandera de las autonomías.

Si en Bolivia se cumpliese la Constitución Política del Estado, este último 1 de mayo el gobierno de Evo Morales no podía haber emitido decretos mediante los cuales estatiza Entel y compra acciones de empresas petroleras. Para el caso de Entel, se tendría que aplicar el Art. 22 inciso II que dice: “La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social, calificada conforme a Ley y previa indemnización justa”.

Igualmente, para este mismo caso y el de las petroleras, se requería de una ley en aplicación del Art. 59, referido a las atribuciones del Poder Legislativo, inciso 8, que dice: “Autorizar al Ejecutivo la adquisición de bienes inmuebles”. Y, de manera previa, el Presidente de la República debió presentar al Poder Legislativo las modificaciones que estas operaciones financieras están generando en el Presupuesto General de la Nación, correspondiente a esta gestión, en cumplimiento al Art. 96, referido a las atribuciones del Presidente, inciso 7º, que estipula la obligación de hacerlo y para que el Poder Legislativo le apruebe, o no.

¿Cuáles son los costos que estas operaciones están representando? ¿Con qué parámetros se están negociando precios? ¿Qué objeto tiene que el Estado tenga la mayoría de las acciones en las empresas petroleras? cuando se ha informado que por medio de las regalías, impuestos y participaciones sobre los ingresos de la actividad petrolera en Bolivia, este sector está contribuyendo como nunca al Estado boliviano, con 1.930 millones de dólares, un equivalente al 44 por ciento del total de ingresos que recibió el Gobierno en el año 2007, cuando el 2003 sólo lo hizo con 451 millones. ¿No se está en un extremo con los tributos sobre el sector que, incluso, está desincentivando nuevas inversiones? ¿Acaso no es lo más eficiente maxi- mizar los ingresos públicos, por concepto de impuestos en beneficio del Estado boliviano, dejando que el negocio petrolero se administre por privados y bajo criterios también privados como es el de la máxima rentabilidad?

Se han fijado 60 días para que el Estado obtenga el paquete accionario de Entel, hoy en poder de la Euro Telecom Internacional, junto a una militarización de sus instalaciones, que no dice nada bien del país, pero que tiene por objeto presionar a la transnacional. ¿Quién y cómo se determinará el precio de estas acciones? ¿No es el Poder Legislativo el llamado a considerar y aprobar —y fiscalizar— estas importantes transacciones financieras con dinero público?