Además, la policía alemana hizo un espectacular registro hace una semana en el domicilio del máximo ejecutivo de ña entidad Deutsche Post, Klaus Zumwinkel, por sospechas de que pudiera estar implicado en el escándalo, que puede convertirse en la mayor investigación por fraude fiscal de la historia de Alemania.

La canciller Angela Merkel, una vez destapado el escándalo, decidió ponerse al frente y pedir ayuda a Bruselas, que hace años que lucha sin éxito contra Liechtenstein, Mónaco y Andorra para que cooperen en materia de transparencia financiera. De hecho, existe una directiva europea de 2004 sobre la fiscalidad en estos territorios, técnicamente denominados «dependientes» y asociados a los Estados miembros, para ir poco a poco gravando los beneficios obtenidos a través de sus secretas inversiones bancarias y fundaciones, de modo que se evite la evasión fiscal en el resto de países, aunque los frutos son escasos.

Ahora, Alemania quiere que el Consejo de Ministros de Economía de la UE, que logra contadísimos acuerdos en temas fiscales ya que las decisiones se toman por unanimidad, se ponga manos a la obra para intentar frenar la evasión hacia estos tres paraísos fiscales -sólo algunos de los que hay en Europa- para que poco a poco las personas que inviertan allí, sean de la nacionalidad que sean, tengan que pagar también impuestos y, sobre todo, levanten el secreto bancario.

Alemania pide a las autoridades de este minúsculo Estado situado en el corazón de Europa que dé informaciones sobre las inversiones de los ciudadanos alemanes, al igual que hace con las de los norteamericanos, fruto de un acuerdo alcanzado entre Vaduz y Washington en 2002.

La presión alemana

Berlín, para ejercer más presión sobre Liechenstein, le ha amenazado con retrasar su posible entrada en el espacio europeo de seguridad de Schengen, lo que supondría que tendría que haber controles de pasaportes en las carreteras que dan acceso a su territorio. Suiza entrará en el acuerdo Schengen en noviembre, por lo que en esa misma fecha se instaurarían los controles fronterizos en Liechenstein.

Pero, controles de fronteras al margen, la realidad es que en Liechenstein existen entre 45.000 y 50.000 fundaciones anónimas, en su mayoría con ciudadanos alemanes detrás, que sirven para canalizar inversiones millonarias al margen completamente de la Hacienda alemana.

Aplicar los acuerdos

Alemania ha pedido también a Liechtenstein que aplique cuanto antes una serie de acuerdos internacionales, como la tercera directiva europea sobre blanqueo de dinero, y que firme el protocolo adicional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economómicos (OCDE) sobre la ayuda a las investigaciones sobre fraude fiscal.

La legítima petición de Alemania a Liechtenstein en materia de transparencia, en tanto que paraíso fiscal, contrasta con el secreto bancario que practican Luxemburgo, Bélgica y Austria, aunque en este caso sí retienen un 15% a los beneficios que obtienen los no residentes en sus países, porcentaje que se elevará hasta el 35% progresivamente. Después estos tres países envían el 80% de los impuestos recaudados por esta vía a los países de origen de los inversores. Este sistema de retención fiscal en un país europeo distinto al de origen pretende evitar que ciudadanos de otros países depositen allí sus inversiones en busca de «vacaciones fiscales».

En teoría, los paraísos fiscales que están en territorio europeo pero que no pertenecen a la UE - Suiza, San Marino, Mónaco, Andorra y Liechtenstein-, aplican también las mencionadas retenciones fiscales pero la realidad es que este sistema, fruto del secreto bancario, impide comprobar si las retenciones corrresponden realmente a las inversiones realizadas.

Impuestos inexistentes o muy bajos y secreto bancario

Un paraíso fiscal, según la definición más aceptada, es un territorio o Estado en el que los impuestos son muy bajos, o incluso directamente no existen y, además, hay secreto bancario, con lo que las inversiones que se realizan allí no sólo están al margen del Fisco del país de origen del ciudadano, sino que además no dejan rastro, es decir, no pueden ser objeto de investigación alguna. Un ejemplo típico puede ser un ciudadano que deposita toda su fortuna en uno de estos paraísos fiscales, normalmente en una fundación, y tras su muerte sus herederos van allí a recorgerla al margen completamente de Hacienda y, además, sin dejar rastro alguno.

Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que lucha desde 1990 por acabar con los paraísos fiscales, su secretario general, Ángel Guría, aseguró hace unos días que «el blanqueo de dinero y los productos financieros complejos por parte de las empresas para intentar evitar impuestos han llegado a tal punto que hoy son una verdadera amenaza para los intereses políticos y económicos de los Estados soberanos».