Mientras que nuestros líderes se debaten entre su miedo y la impotencia, sin hacer realmente nada, la llamada sociedad civil empieza a reaccionar.

En los últimos días han surgido dos iniciativas no por desconectadas menos interesantes.

La primera, nace de un grupo de juristas y abogados en Nueva Cork quienes están convencidos de que Ahmanijad puede ser llevado ante los tribunales internacionales (y nacionales) por incitación al genocidio, figura que está criminalizada en diversos tratados, como la propia Convención contra el Genocidio, o el constitutivo de la Corte Penal Internacional, amén de distintos ordenamientos nacionales, como el español.

De hecho, estos abogados se preguntan por qué un juez como Garzón, tan empeñado en establecer un código de justicia internacional, no ha perseguido ya al presidente iraní.

La segunda parte todavía más de organismo desligados del poder político.

Desde el pasado viernes, institutos de estudios sobre asuntos estratégicos e internacionales han lanzado un manifiesto por el que se comprometen a no invitar a miembros del organismo que organizó la reciente conferencia contra el Holocausto, el Instituto para los estudios internacionales y políticos de Teherán (IPIS en sus siglas anglosajonas).

En menos de una semana los principales think-tanks europeos y americanos se han sumado a esta iniciativa que no por pequeña y limitada deja de tener su impacto, pues no hay mejor sanción que la que castiga personalmente a los líderes iraníes.

A fecha de hoy sólo dos organizaciones españolas se han adherido, FAES y el GEES. Una pena y una vergüenza que el único instituto que tiene suscrito un acuerdo estratégico de cooperación con los iraníes, el Real Instituto Elcano, no quiera sumarse también.