Tiempo, todo es ahora una cuestión de tiempo y de ritmo. El pulso entre Nicolas Sarkozy y los sindicatos se juega en el calendario. Los dirigentes de las ocho confederaciones sindicales, reforzados por el éxito de la protesta del jueves - con entre uno y tres millones de manifestantes en las calles-,pero enfrentados a una negativa rotunda del Gobierno a adoptar nuevas medidas de relanzamiento económico, han decidido jugar la carta de la prudencia y dar un margen de diez días al Ejecutivo para que dé una respuesta a sus demandas.

Pero no son diez días, sino algo más de diez semanas el plazo en el que piensa el presidente francés. Sarkozy, determinada a amarrar a su electorado más fiel - que no vería con complacencia ciertas renuncias-,aspira a resistir como sea hasta las elecciones europeas del 7 de junio y actuar después en consecuencia. Los últimos sondeos - como el de Ipsos para Le Point-otorgan a la UMP una escueta ventaja sobre el PS en intención de voto (27% a 24%)

Si la derecha vence, Sarkozy se verá legitimado y desde esa fortaleza podría entonces hacer algunas concesiones. Una derrota, en cambio, acrecentaría las voces críticas internas y obligaría al presidente francés a plantearse un posible cambio de rumbo... y de Gobierno.

Sarkozy, en consecuencia, emplazó ayer a los sindicatos a volver a sentarse a la mesa a finales de junio. El presidente afirmó en Bruselas que lo que debe hacerse ahora es aplicar con urgencia las medidas ya decididas - en particular las contenidas en el plan social de 2.600 millones presentado el pasado 18 de febrero-y prometió que antes del principio de verano el Gobierno las "evaluará, completará, modificará o añadirá".

No es probable que los sindicatos esperen hasta entonces. Pero tampoco para ellos va a ser fácil encauzar a partir de ahora el enorme descontento social existente en Francia sin que se les vaya de las manos y sin que la difícil unidad sindical salte por los aires. De momento, volverán a reunirse el día 30, con la mente puesta en la cita anual del 1 de mayo.

La oposición tampoco va a esperar. El Partido Socialista está decidido a enarbolar la bandera de la abrogación del paquete fiscal aprobado por Sarkozy en el 2007, símbolo para muchos franceses de una política de doble rasero que sólo beneficia a los ricos y una de las causas del actual sentimiento de injusticia social. El PS, según avanzó ayer a un grupo de corresponsales europeos el dirigente socialista Jean-Christophe Cambadélis, presentará una proposición de ley al respecto y organizará una campaña paralela para recoger un millón de firmas. "El problema en este momento es que el Gobierno no puede hacer nada - no tiene margen de maniobra económico-y los sindicatos no saben qué hacer, lo que comporta el riesgo de que la exasperación social se exprese por otros cauces", opina.

Consciente de este sentimiento de injusticia, el Gobierno ha redoblado la presión sobre los empresarios para que pongan coto a sus remuneraciones. El primer ministro, François Fillon, dio anteayer de plazo hasta fin de mes a la patronal para hacerlo, bajo la amenaza de imponerlo por ley. Y ayer, la ministra de Economía, Christine Lagarde, forzó a los directivos de la Société Générale a guardarse temporalmente en el cajón sus stock options.Desde Bruselas, Sarkozy tronó: "Por lo visto algunos tienen dificultades para comprender que cuando hay un plan de reducción de empleo o ayudas públicas, los bonos, las stock options y las remuneraciones excepcionales no son admisibles".