El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas recomendó a México que “se reconozca la magnitud del problema de la desaparición forzada” y recibió del país el reconocimiento por el informe que presentó sobre sus acciones.

El presidente relator del Grupo de Trabajo, Jeremy Serkin, presentó hoy el informe de la visita de sus expertos al país en marzo de 2011, donde se sugiere reconocer el problema como primer paso para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación.

El representante permanente de México ante organismos internacionales, Juan José Gómez Camacho, dijo al responder al Grupo de Trabajo que sus observaciones “mantienen un equilibrio entre las acciones positivas, los avances y los desafíos a los que se enfrenta el país”.

El informe pidió “considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas”.

En la revisión del informe, Sarkin sugirió que “se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias”.

El grupo de expertos solicitó asimismo que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para garantizar que todos los instrumentos internacionales relevantes en materia de desaparición forzada se cumplan y apliquen en forma efectiva en todo el país.

Esto incluye el retiro de todas las reservas o declaraciones interpretativas que pudieran socavar su efectividad.

El informe fue elaborado por Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), Ariel Dulitzky (Argentina) y Osman El Hajjé (Líbano) a raíz de la visita que llevaron a cabo a México del 18 al 31 de marzo del 2011 por invitación del gobierno mexicano.

El grupo pidió asegurar la plena independencia y autonomía de los organismos públicos de derechos humanos, y garantizar condiciones de seguridad para defensores de esas garantías, incluyendo a quienes combaten las desapariciones forzadas y defienden los derechos de las víctimas.

Solicitó al gobierno a establecer un “mecanismo nacional de protección a periodistas” con funcionarios de alto nivel y un comité interinstitucional en el que también participen profesionales del sector.

Propuso que éste sea “dirigido por una autoridad federal, con capacidad de coordinar a diferentes autoridades e instancias gubernamentales, con recursos propios y suficientes, y que garantice la participación de los periodistas así como de la sociedad civil en su diseño, operación y evaluación”.

Según el reporte, un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado.

“Sin embargo, no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país", sostuvo.

En la respuesta de México, Gómez Camacho se refirió a la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en julio de 2011 relativa al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, caso emblemático de desaparición forzada ocurrido en los años 70.

“Por unanimidad, la Suprema Corte decidió que los jueces, en consonancia con su obligación de ejercer un control de constitucionalidad, están obligados a replicar en posibles casos futuros los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó.

“Con ello, se restringe el fuero militar y sus tribunales no deberán juzgar delitos relacionados con violaciones de derechos humanos contra civiles", señaló el embajador mexicano.

“El presidente Felipe Calderón dio instrucciones a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina de explorar mecanismos para transferir o declinar la competencia militar en favor de los Ministerios Públicos y de los jueces civiles”, sostuvo Gómez Camacho.

Enfatizó que se elaboró un proyecto de ley que establece que los delitos cometidos por militares que impliquen violación a los derechos humanos y en los que las víctimas sean civiles, serán competencia del orden civil.

Esto, apuntó, “en atención a las observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas”.