El flamante ministro de Economía y artífice de aquella intervención y posterior “expropiación”, Axel Kicillof, logró un “principio de acuerdo” con una delegación española presidida por el Ministro de Industria, José Manuel Soria y un equipo de directivos de Repsol. De la mesa de negociación, a varias bandas, participaron el actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini y, entre otros, en nombre de la mexicana Pemex, Emilio Lozoya. La palabra final del principio de acuerdo la tendrá el Consejo de Administración de Repsol donde se dará, previsiblemente, luz verde a un trato para compensar a la multinacional con una suma que, de momento, es un misterio. Algunas voces hablan de cinco mil millones de euros pero lo que pedía Repsol eran ocho mil.

La noticia se interpreta como una firme voluntad de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de cambiar de rumbo. También, como el reconocimiento implícito del error que fue adoptar una decisión intempestiva, sin respetar los acuerdos entre ambos Gobiernos y que se tradujo en un alejamiento de los inversionistas y el virtual aislamiento de Argentina.

Las formas seguidas, con el abrupto desalojo de la sede de Ypf en Buenos Aires de los ejecutivos españoles, la negativa a ofrecer una indemnización y el discurso de barricada y revanchista del 2012 de la presidenta y de Kicillof, pusieron a Argentina en la lista negra de los países que los inversores miran como posible destino de sus capitales.

El discurso “nac & pop” (nacional y popular) del “kirchnerismo”, una vez más, se ha visto desmontado por los mismos que lo construyen. Las acciones de sus protagonistas, que ahora dan marcha atrás y aceptan pagar, ponen en evidencia la ausencia de una brújula que sepa apuntar al norte.

Kicillof llegó a decir que no se pagaría un centavo, habló de “ladrones” y hasta de los abusos de la conquista de América y el saqueo. Ayer, parecía que esas palabras nunca las había pronunciado.