A pesar de la masiva campaña que promueve la utilización de lámparas de bajo consumo, los cortes de luz invaden el país. A tal punto que, inclusive, los medios de comunicación cercanos al gobierno debieron cubrir un tema imposible de gambetear. Las protestas vecinales, clamando por electricidad, plagaron las calles e interrumpieron el paso de los autos, recordándonos las siempre vivas imágenes de diciembre del 2001.

Aún con los cambios de horario para “alargar” la luz diurna y “retrasar” la llegada de la noche, las necesidades básicas ciudadanas en materia de energía parecen insatisfechas. En este contexto, los equipos de aire acondicionado –tradicionalmente asociados a las “clases pudientes” – también son unos de los acusados como culpables por la crisis.

La televisión se colma de recomendaciones para lograr el “ahorro de energía” y promover el “uso racional” de la energía. En ese contexto, un niño pregunta a su madre: “Mamá, ¿no es que las empresas más ganan más plata si venden más?”. La madre, exhausta por el calor, sólo atina a responder: “Estamos en Argentina”. El chico, también agobiado, no quiere decir que algo no le cierra.  De golpe, reaparecen en la memoria argentina las épocas en las que el  presidente Alfonsín promovía el menor consumo.

La inocultable crisis impuso la ruptura del silencio oficial y el pasado el 4 de enero la presidente Cristina Kirchner debió admitir que se produjeron 50.000 cortes de energía simultáneos que dejaron sin luz a unos 303.000 usuarios de la región metropolitana, lo que afectó a alrededor de 1,2 millones de personas en un contexto de sensación térmica de 42 grados celsius. Aunque los adjudicó a los “rigurosos cambios climáticos que afectan el planeta”. [1]

En invierno, ola de frío. En verano, de calor

Dada la performance del sector energético, el cambio de administración y la nueva presidenta parecen no haber modificado la esencia del sistema que llevó a recurrentes faltantes, cuyo último coletazo fuerte se manifestó con fuerza el pasado invierno.[2]

El desabastecimiento refleja lo que, desde múltiples orígenes, se advirtió como inevitable: la política sobre el sector energético -así como la de una importante porción de la economía- se orienta a minimizar artificialmente los precios, desincentivando la inversión y el abastecimiento. La no actualización de los precios, post crisis 2001-2002, implica un precio máximo que no refleja al de mercado. Dado eso, el faltante es inevitable.

De esta forma, la economía es guiada por el corto plazo de la política que intenta tapar el pauperizado poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos con acuerdos de precios y cuestionadas mediciones de inflación.  En las áreas en las que los precios dependen directamente del gobierno, los niveles de precios permanecieron congelados en los niveles de cuando 1 peso compraba 1 dólar. En las demás, se trata –a través de supuestos acuerdos de precios y desprestigiados índices de precios- de disimular la suba.

Así como en los 80, la crisis energética mostró la debilitad de las empresas en manos del estado, hoy manifiesta la perjudicial política de intervención estatal en el sector. Las empresas proveedoras son privadas pero el manejo es público.

Como una de las tantas paradojas argentinas, nuestro país dá la espalda al mundo y pierde nuevamente un gran oportunidad. Mientas el petróleo alcanza los 100 dólares por barril, Argentina vuelve a ser dependiente en esta materia como consecuencia de políticas que fijan un precio interno inferior al internacional y, ergo, desincentivan la inversión en exploración y producción. Mientras en el mundo el petróleo está por las nubes, en Argentina permanece en el subsuelo.

Tal vez sean los sectores más humildes quienes sufran con más crudeza el calor, o “la” calor, como lo suelen denominar. Tal vez sean ellos quienes con más urgencia demanden una respuesta acertada de la presidente o presidenta[3].