Cuando una persona en Tejas, California, Arizona o Nuevo México compre dos o más rifles de asalto u otras armas parecidas, la armería que haga la venta tendrá la obligación de informar al Gobierno federal de la adquisición. La medida es la última tomada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos -y la más dura en cuanto al control de armamentos de la Administración de Obama- para intentar detener el flujo ilícito de armas hacia México y el narcotráfico.

México insiste en que parte de la violencia del narcotráfico en el país es debida a la incapacidad de Estados Unidos para contener el tráfico ilegal de armas, incluidas aquellas de mayor poder letal. El requisito será aplicable también a los rifles semiautomáticos que tengan cargadores desmontables y un calibre superior a 22 mm. El Gobierno de Felipe Calderón se ha mostrado satisfecho con la medida de Washington.

Según la ONU, el 70% de las armas vendidas en esos cuatro Estados del Sur fronterizos con México terminan en el país vecino. El mes pasado, tres senadores estadounidenses divulgaron un informe en el que señalaron que el 70% de las armas confiscadas en México y sometidas a un programa de rastreo provenían de Estados Unidos.

La violencia del narcotráfico ha dejado más de 35.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando el Gobierno de Calderón lanzó una ofensiva contra el crimen organizado.