La Comisión Europea acaba de declararse beligerante. Por ahora, sin medidas concretas. Sólo con un estudio sobre prácticas corruptas en el seno de la UE y algunas recomendaciones para atajar el problema. Hay un capítulo especial dedicado a España, que figura en el informe por méritos propios con más de cinco mil casos denunciados entre 1996 y 2009. Y un destacado tercer puesto, detrás de Grecia e Italia, en la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción ambiental.

Como en nuestro país ya vamos sobrados de memoria respecto a malas prácticas en la vida pública, nos hemos consolado con el mal de muchos. Nunca hubiéramos sospechado que en países como Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia o Austria, más de la mitad de sus respectivos ciudadanos también creen que viven rodeados de corrupción. No es comparable a España, claro, donde lo creen 95 de cada 100 personas, pero si hacemos el recuento general topamos con esta inesperada verdad matemática: tres de cada cuatro europeos creen estar viviendo en medio de una corrupción generalizada. Y eso de alguna manera nos mete en el partido a la hora de las comparaciones con Latinoamérica, que es donde llevan la fama.

Hemos de poner bajo sospecha la voluntad de combatir la corrupción por parte de gobernantes y clase política en general¿Qué decir de nuestro país que no se haya dicho ya? Que no es problema de leyes, sino de actitudes. Y que hemos de poner bajo sospecha la voluntad de combatir la corrupción por parte de gobernantes y clase política en general. Me refiero, como es lógico, a la parte no contaminada de esos servidores de lo público, que es mayoritaria. Siempre reaccionan igual. Por preservar la imagen de la institución, el partido, el sindicato, la corporación, acaban arropando al corrupto, que normalmente no actúa solo, sino con colaboradores necesarios del entorno.

El miedo al escándalo bloquea el deber de colaboración con la Justicia o la natural aversión del grupo a la manzana podrida. Lo vimos en el caso de UGT y la Junta de Andalucía, al negar las evidencias hasta que se les vino encima el tsunami judicial y mediático. Y lo hemos visto en el caso Bárcenas, con las tácticas dilatorias del PP ante la petición de documentos por parte del juez, destruyendo discos duros o acusando al adversario político de haber urdido un montaje.

Hay otras dos formas de consolarse con el mal de muchos. Una es que en España la corrupción aumentó con la crisis económica, como se refleja en el informe de la UE. Y otra es convencerse de que la corrupción en la vida pública ha disparado la corrupción en la vida privada por aquello de que si el cura va a peces, qué no harán los feligreses. Eso nos remite a la economía sumergida y, como uno de sus efectos más nocivos, al fraude fiscal.

De esto no se ocupa el informe de Bruselas, pero nos basta y sobra con el reciente estudio de la Asociación de Técnicos de Hacienda, que puso sobre la mesa un dato desalentador: el movimiento de dinero negro en España ha subido siete puntos desde que comenzó la crisis. Alcanza ya el 24,6 % del PIB. Es un volumen de economía sumergida calculado por los profesionales de la Hacienda Pública en 253.000 millones de euros (al cierre de 2012). Imagínense ustedes la potencia inversora del Estado, las rebajas de impuestos o el fin del problema del déficit público, que supondría el afloramiento de tan sólo la mitad de ese dinero.