La norma amplía la regulación de precios de los productos básicos de la cesta familiar como alimentos y medicinas existente desde el 2003 pero con nuevas sanciones drásticas como la prisión a los infractores y multas de 50% de las ventas e inhabilitación por 10 años. Además, deja la aplicación de la ley en manos de los consejos comunales, una figura creada para los activistas chavistas.

Antes de partir a Cuba el sábado 16 para iniciar su tratamiento de quimioterapia después de haber sido operado de un tumor cancerígeno en la pelvis, el mandatario venezolano aprobó el texto legal de los costos y precios, lo que permite auditar los libros de las empresas –sin ser el ente tributario fiscal- y castigarlas con la intervención y multas que ponen a temblar a los empresarios.

«Esta ley no es para atacar al sector privado, es para confrontar a los sectores especulativos. Aquel empresario privado, que no tenga como práctica la usura, la especulación, el aprovechamiento y el enriquecimiento ilícito no tiene por qué tener ningún temor», dijo el vicepresidente Elías Jaua, encargado de ejecutar la medida que Chávez dejó firmada el 14 de julio.

Añadió que su objetivo es «la regulación, administración y control necesario para mantener la estabilidad de precios y defender el acceso a bienes y servicios en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital».

También se va a crear la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, que será el único autorizado para fijar los costos y precios máximos de venta, así como las bandas de precios. Periódicamente revisará la estructura de costes de los sectores alimentos, salud y medicamentos, materiales de construcción y vivienda, educación, textiles, uniformes escolares, calzado y útiles escolares.

El gremio patronal, Fedecámaras, ha protestado y rechazado la norma. Su presidente Jorge Botti afirma que su carácter «discrecional» impactará negativamente en la actividad económica nacional. El presidente del sector comercial, Consecomercio, Carlos Fernández, sostiene que «habrá mayor desabastecimiento, insuficiencia, menor calidad y menos opciones que escoger en el mercado, lo que perjudica al consumidor».

El diputado opositor Eduardo Gómez Sigala dijo a ABC que habrá escasez de productos y menor inversión. «No creo que esta ley reduzca la inflación. Muchas empresas cerrarán. Su discrecionalidad y burocracia generará mayor corrupción y le va a salir más caro al gobierno».

El vicepresidente Jaua señala que la norma no es para quebrar ni cerrar empresas sino frenar la inflación. Sin embargo, en los últimos doce años la regulación de precios no ha podido controlar la alta inflación continua de dos dígitos que registra el país. El año pasado fue de 27 %, la más alta de la región.

«Tenemos que ser inflexibles, leyes inflexibles para enderezar lo torcido», ha dicho Chávez antes de partir a Cuba. En su opinión la especulación de los empresarios es la causa de la inflación. Esta norma al igual que otras 30 leyes decretos que Chávez ha firmado forma parte de la denominada Ley Habilitante o poder especial que la Asamblea Nacional le otorgó al perder los comicios del 26 de septiembre de 2010. A pesar de que estas leyes socialistas fueron rechazadas en el referéndum del 2009 el mandatario insiste en imponerlas contra viento y marea.