La Fiscalía de Sección contra la Corrupción, creada en abril del año 2000, no ha dado los resultados esperados. La debilidad institucional, las presiones internas y los mecanismos de impunidad no han permitido que los casos de corrupción investigados arriben a conclusiones judiciales certeras. Siguen en la impunidad diversos casos de saqueos y desvíos millonarios, presunto trasiego de dinero del Estado a cuentas personales de altos funcionarios del Gobierno, contrataciones anómalas, entre otros hechos.

Los casos de corrupción y los fiscales que persiguen este tipo de delitos enfrentan violencia, presiones internas y externas, litigio malicioso y escasa colaboración de las autoridades del Estado. Las investigaciones no avanzan y la desconfianza ciudadana en el ente encargado de la persecución penal se incrementa.

En Guatemala, la impunidad se ha convertido en una práctica que a diario abarca más terreno en los asuntos concernientes a la convivencia social y a la administración pública. Casi ninguna actividad escapa ya de ese círculo que se abre con una infracción a la ley y se cierra con la ausencia de sanciones, en un contexto de férrea aversión a establecer la verdad y a reparar judicialmente los daños ocasionados.

Un conjunto de factores administrativos, jurídicos y políticos hacen posible que la justicia no sea administrada como corresponde y que el Estado de Derecho siga siendo sólo un concepto evanescente. De hecho, existe ya un sólido patrón de impunidad y denegación de justicia que actúa independientemente de la naturaleza de los casos.

Por eso no es extraño que los procesos judiciales que buscan esclarecer y sancionar delitos económicos, hechos de corrupción y acciones del crimen organizado afronten problemas iguales o similares a los que han afectado el curso de casos de violación de derechos humanos o crímenes con fondo político, como los asesinatos de antropóloga Myrna Mack y del obispo Juan Gerardi, o la masacre de La dos Erres.

Con indignación y estupefacción, la opinión pública nacional e internacional observó cómo, a menos de dos años de haber asumido el ejercicio del poder público, el actual gobierno empezó a sumergirse en un mar de corrupción y delitos económicos que representa para el país la pérdida de miles de millones de quetzales, así como el enriquecimiento ilícito de unos pocos.

No hay un dato que indique con certeza cuántos millones han sido saqueados por un grupo de funcionarios, amigos y familiares de integrantes del Frente Republicano Guatemalteco y del presidente Alfonso Portillo, precisamente porque los mecanismos de impunidad han funcionado exitosamente y las investigaciones han sido sistemáticamente saboteadas, obstruidas o desviadas.

A pocos meses de que este equipo de gobierno finalice su mandato, no hay investigaciones que conduzcan con certeza hacia una conclusión judicial sólida. Los escándalos por corrupción y las encendidas declaraciones que prometían una persecución penal irreductible se han diluido con el paso del tiempo, mientras los encargados de los órganos judiciales se afanan por tratar de explicar la inoperancia del sistema.

Siguen en la impunidad casos de desvíos y saqueos millonarios en el Ministerio de Gobernación, el Crédito Hipotecario Nacional y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); el uso de recursos de la Tipografía Nacional contra un opositor político; la alteración clandestina de una ley por parte de diputados gobiernistas; el pago anticipado a firmas privadas por contratos irregulares para la construcción de carreteras, la fabricación de placas para la circulación de vehículos y la emisión de licencias para conducir; y el uso de dinero del Estado, en cantidades millonarias, para mantener a flote bancos quebrados, como el Metropolitano, el Promotor y el BANORO.

Además, están los casos de corrupción en numerosos gobiernos municipales; la llamada "Conexión Panamá", que se refiere al supuesto trasiego de dinero del Estado a cuentas personales del presidente Alfonso Portillo, amigos y familiares y funcionarios cercanos; y el uso del avión presidencial para realizar estas operaciones de trasiego monetario entre Guatemala y Panamá.

Los "cuellos de botella"

Hace una década, la Fundación Myrna Mack empezó a sistematizar los factores que más retraso y obstáculos creaban en el proceso judicial del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, ocurrido en septiembre de 1990. El estudio de ese caso expuso la existencia de mecanismos y prácticas que, aún hoy, siguen denegando justicia en lo que respecta al crimen con que culminó un operativo ilegal de inteligencia, orientado a frenar las investigaciones científicas que la antropóloga realizaba sobre la población desarraigada y la política contrainsurgente impulsada por los militares contra población civil no combatiente.

En un inicio, estos mecanismos fueron identificados informalmente como "cuellos de botella" y se hacía referencia a:

1. El secreto de Estado. El Ministerio de la Defensa Nacional negaba sistemáticamente, a las autoridades judiciales, la entrega de información y documentos que podrían contribuir al esclarecimiento del crimen y a la definición de responsabilidades penales individuales, alegando que se trataba de asuntos de seguridad nacional.

2. Corrupción y amenazas. Fuentes de poder oscuro, obviamente vinculadas al Ejército y a los militares acusados del crimen, han levantado campañas de amenazas, intimidación y hostigamiento contra la familia de Myrna Mack, testigos claves y jueces y fiscales que han actuado con independencia. El investigador policial José Miguel Mérida Escobar, quien ayudó a sentar las bases del proceso judicial, fue asesinado en agosto de 1991; el jefe de investigaciones policiales, Rember Larios, y otro investigador, Julio Pérez Ixcajop, así como numerosos testigos, debieron optar por el exilio. Otro recurso ha sido la cooptación de algunos jueces que, a lo largo de trece años, han ejercido con ilegalidades su jurisdicción en este caso y se han encargado de avalar el litigio malicioso impulsado por los militares como estrategia jurídica de defensa.

3. Litigio malicioso. Desde que en 1994 se ordenó abrir procedimiento contra los presuntos autores intelectuales del asesinato de Mack, la defensa de los militares Juan Valencia, Guillermo Oliva y Edgar Godoy se dedicaron a entrampar el proceso judicial mediante la interposición de recursos de amparo, quejas y dudas de competencia, supuestas inconstitucionalidades, recusaciones, reposiciones, etc. Estos recursos, que debieron ser rechazados por frívolos e improcedentes, fueron tramitados por jueces que se prestaron al juego del retardo y contribuyeron a empantanar el caso durante muchos años. Cuando cesó esta práctica, el caso pudo llegar a juicio oral en septiembre de 2002, ocho años después de haberse iniciado el proceso contra los presuntos autores intelectuales.

Estos "cuellos de botella" han fungido como mecanismos de denegación de justicia en el caso Mack y, mediante estudios realizados en años más recientes, se logró detectar que constituyen una práctica reiterada en casos de índole similar. Tal es la situación que han afrontado los casos Gerardi, Jorge Carpio, las masacres de Xamán y Las dos Erres, entre otros.

El litigio malicioso y las prácticas de encubrimiento que pueden ser clasificadas en los "cuellos de botella", como las amenazas y la negativa a entregar información, actúan ahora a favor de funcionarios y otras personas vinculadas a casos de corrupción en la administración pública.

Las investigaciones periodísticas, el trabajo de algunos miembros de la oposición política y las denuncias presentadas por algunas autoridades autónomas (como las encargadas de lo monetario) han sacado a luz diversos casos de corrupción, afrontando las dificultades que implica el no tener un libre acceso a la información sobre los asuntos de la administración. La indignación es generalizada en los segmentos de población que tienen acceso a estar informados, pero no ha habido consecuencias judiciales concluyentes. Los delitos no están esclarecidos ni han sido sancionados penalmente.

De alguna manera, el debate de los casos se da sólo por medio de la cobertura periodística, porque en las oficinas de los fiscales y de los jueces los procesos no avanzan. Incluso, las investigaciones conducidas por la fiscalía son boicoteadas, muchas veces, en el seno de la institución encargada de la persecución penal.

Las presiones internas

Un ejemplo de ello lo constituye el conjunto de presiones alrededor del caso "Conexión Panamá", que derivó en la renuncia de la Fiscal contra la Corrupción, Karen Fischer, en abril pasado. Fischer denunció que el Fiscal General, Carlos de León Argueta, y el secretario ejecutivo del Ministerio Público (MP), Carlos Godoy, le exigieron archivar el caso que involucra al Presidente y al Vicepresidente de la República, al Secretario Privado de la Presidencia y a otros civiles en la apertura de cuentas bancarias personales en Panamá y en la creación de empresas off shore en otras latitudes, supuestamente con dinero del Estado.

De León Argueta y Godoy negaron las denuncias de Fischer; pero no hubo investigaciones internas para determinar los extremos de estas denuncias. Por un lado, no existe un mecanismo consolidado en el MP para estudiar este tipo de situaciones; y, por el otro, el principal implicado era el propio Fiscal General. El Consejo del MP tampoco tomó acciones para esclarecer lo ocurrido.

En medio del escándalo, Godoy renunció al cargo. No fue la primera vez que este funcionario era señalado de presionar y amedrentar a los fiscales para que cambiaran el curso de las investigaciones o ejecutaran diligencias que afectarían determinados casos. Sin embargo, fue la primera y única vez que se le expuso públicamente por este tipo de comportamientos contra la autonomía de los fiscales.

Carlos Godoy no era del equipo cercano al Fiscal General cuando éste tomó posesión del cargo en mayo de 2002. Godoy fue uno de los pocos funcionarios de la gestión pasada que permaneció en su cargo, a pesar de los señalamientos en su contra.

Cuando Carlos de León Argueta recién había tomado posesión como Fiscal General, la Fundación Myrna Mack le planteó la necesidad de iniciar su gestión con medidas drásticas de depuración y reforma institucional, si su intención de fortalecer al Ministerio Público nacía de una voluntad política real de combatir la impunidad.

En ese sentido, se le recomendó, entre otras medidas, la reestructuración y la depuración de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), a efecto de convertirla en un órgano técnico y científico de apoyo a las investigaciones criminales a cargo de la Policía Nacional Civil; así como el impulso y respeto de la carrera fiscal, una política de persecución penal y una eficiente coordinación con otros órganos judiciales.

En ese contexto, se le hizo ver que era ineludible la destitución de funcionarios, agentes o investigadores que pudieran tener vínculos con el crimen organizado y aparatos militares, pues estos serían los encargados de sabotear o manipular las investigaciones con el fin de procurar impunidad en algunos casos concretos.

Se le mencionó la necesidad de destituir a funcionarios que venían de la gestión del Fiscal General anterior, Adolfo González Rodas, y a quienes se les consideraba involucrados en comportamientos anómalos e irregulares. Uno de esos funcionarios era Carlos Godoy, contra quien había numerosas quejas de supuesto abuso de poder, prepotencia y presiones que ejercía sobre los fiscales para que siguieran sus instrucciones, en una clara de violación a la autonomía de los fiscales.

El Fiscal dijo estar enterado de la situación y que la destitución de Godoy era cuestión de tiempo. Sin embargo, esto no se concretó. Al parecer, el Fiscal General estuvo satisfecho con las capacidades y habilidades de Godoy, quien permaneció en el cargo hasta las fuertes denuncias públicas hechas por la ex fiscal Fischer.

La elusiva "Conexión Panamá" y los misterios del avión presidencial

Pero el caso de la "Conexión Panamá" no avanza solamente por las presuntas presiones internas que, lógicamente, tendrían un origen externo. Éste, al igual que otros casos, afronta el mecanismo de impunidad relacionado con la invocación del secreto de Estado y los asuntos de la seguridad nacional para negar información.

Los fiscales y los diputados de las comisiones pesquisidoras que han tenido a cargo el estudio de antejuicios contra funcionarios que gozan de tal prerrogativa constitucional, se han topado sistemáticamente con la falta de acceso a la información sobre los vuelos del avión presidencial, sus pasajeros y los destinos.

Las autoridades de Aeronáutica Civil sólo han entregado información parcial, de tal manera que no hay certeza sobre los vuelos del avión presidencial, el destino de cada uno de ellos y la identidad de sus pasajeros. No hay nada que justifique la negativa a entregar la información. Es poco creíble que argumenten no tener registros completos, pues en Aeronáutica llevan un estricto control del despegue y aterrizaje de aeronaves, así como en la base aérea militar que se ocupa del mantenimiento del avión presidencial. Es obvio que ocultan la información para dificultar las investigaciones.

Éste es tan sólo uno de los numerosos problemas que afronta la investigación sobre la "Conexión Panamá", del cual se ha derivado el caso del "avión presidencial" porque el uso de la aeronave para asuntos ajenos a la conducción del Estado, y por personas sin una misión en interés del Estado, también constituiría delito.

Las acciones de la Fiscalía contra la Corrupción en este caso dependen ahora de la información que obtengan sus homólogos panameños, pero el curso que toma la documentación es sinuosa. Hace un par de semanas, la fiscalía de Panamá envió vía diplomática algunos documentos. No se sabe si contienen información esencial o no. La información llegó a través de la Cancillería y ahí fue remitida al Ministerio Público. No se sabe cuándo estos documentos serán entregados a la fiscal Tatiana Morales, es titular de la Fiscalía contra la Corrupción y tiene a su cargo este caso.

Cabe hacer notar que el Fiscal General ha tomado el control sobre algunos casos. Por ejemplo, la Fiscal contra la Corrupción ha quedado fuera de las investigaciones por el desvío millonario en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Varios fiscales de agencias de esta Fiscalía están trabajando en el caso, pero ellos son dirigidos directamente por el Fiscal General de la República. Tatiana Morales no tiene contacto con esta investigación.

El hecho de que el Fiscal General no sea especialista en temas penales y procesales penales crea un riesgo sobre el manejo de los casos, lo cual ya quedó en evidencia precisamente en el caso del IGSS.

El Fiscal General relegó a segundo plano a los agentes fiscales que conducían las investigaciones desde el principio, asumió el control del caso e intentó convertir en testigo protegido al ex gerente del IGSS, César Sandoval. Éste es acusado de haber dirigido personalmente las operaciones del desvío millonario y por lo tanto su presunta conducta delictiva no permitiría una extinción de la responsabilidad penal, aún cuando tenga información valiosa para reforzar las investigaciones hacia otros implicados. Pese a ello, el ex gerente se entregó al Fiscal General y éste lo protegió por más de 48 horas.

El acusado fue puesto a disposición de los tribunales sólo después de que el juez a cargo del caso exigió la entrega, aclaró que a Sandoval no podía aplicársele la Ley de Protección a Testigos y advirtió que el Fiscal no podía seguir protegiendo al imputado. Ahora, el jefe del MP se enfrenta al abogado defensor de Sandoval, quien alega que su cliente fue retenido ilegalmente por el Fiscal General.

A fin de cuentas, la falta de especialización del Fiscal General en los temas penales no sería un obstáculo insuperable o un riesgo muy grande, si se hiciera rodear de un equipo de especialistas muy sólido y si su comportamiento estuviera impregnado de la suficiente voluntad política para combatir la impunidad y asegurar la vigencia del Estado del Derecho. Hasta ahora, no hay claridad en esto último y pese a los logros que su propia publicidad atribuye a su gestión no hay resultados realmente tangibles de que el Ministerio Público haya entrado ya en una etapa de fortalecimiento irreversible.

Entre las críticas de fondo que se plantean a la gestión del Fiscal es que no ha habido un fortalecimiento en las fiscalías de sección; no se ha implementado la carrera fiscal, pues el nombramiento de fiscales se está llevando a cabo sin atender las regulaciones mínimas establecidas; y el desempeño de los fiscales sigue sin estar sujeto a un instrumento válido y objetivo de evaluación.

En el caso del desvío millonario en el IGSS, cuyo manejo ha asumido el Fiscal General, se cuestiona el carácter personal con que está conduciendo las investigaciones. Por ejemplo, este alto funcionario se ha negado a incluir en las investigaciones el fideicomiso firmado por el IGSS y la asociación ASODEGUA, porque según su criterio personal en esta gestión financiera no hay anomalías. Tal afirmación se basa sólo en sus consideraciones personales, porque no hay una investigación que la respalde. La opinión personal del Fiscal no es suficiente.

Además, siendo el Fiscal General el abogado que constituyó ASODEGUA hace ya varios años, y que esta asociación fue fundada por al menos dos hermanos suyos, lo recomendable es que no participe directamente en el manejo del caso. A criterio de grupos pro justicia, en particular de la Fundación Myrna Mack, se debió nombrar a fiscales que garanticen objetividad, transparencia e imparcialidad en todo lo relacionado con las investigaciones del caso IGSS y de los fideicomisos que dieron paso al saqueo millonario.

El retardo y el litigio malicioso

Otro cuello de botella que empieza a ser utilizado para promover el retardo y la impunidad en los casos de corrupción, es el litigio malicioso. Es el uso perverso de recursos jurídicos, por parte de los abogados litigantes que defienden a los acusados de hechos de corrupción. El fin es entrampar los procesos y, con ello, alejar a los responsables de posibles sanciones penales. El litigio malicioso incluye la utilización dolosa de recursos que han sido creados para asegurar el debido proceso penal y las garantías judiciales.

Un caso que refleja este tipo de litigio es el relacionado con el saqueo de un monto aún no determinado de millones de quetzales del Ministerio de Gobernación. Los abogados defensores del principal acusado, el ex ministro Byron Barrientos, han logrado empantanar el proceso por largo tiempo. El hecho, descubierto hacia finales del año 2001, llegó apenas hace dos semanas a la fase en la que el juez decidirá si hay pruebas suficientes para llevar a juicio oral al ex funcionario.

Barrientos es diputado del Congreso de la República y, por esa razón, goza del derecho de antejuicio. Pues bien, sus abogados pretendieron que se celebrara un antejuicio por cada delito del cual se acusa a su defendido. Esto implicaba el nombramiento de varios jueces pesquisidores y un gran retraso por el tiempo que lleva dilucidar cada antejuicio y así determinar si ha lugar o no a formación de causa contra el ex Ministro de Gobernación.

Como se explicó antes, ahora este cuello de botella está de moda. Antes, referido sólo al caso Mack, prolongó por ocho años el juicio contra los presuntos autores intelectuales; y en el caso de la masacre de Las dos Erres, en el cual se han interpuesto no menos de 20 recursos de amparo, el proceso ha estado estancado ya por varios años.

El caso conocido como "los bancos gemelos", que se refiere a los delitos cometidos por el banquero Francisco Alvarado MacDonald, al usar dinero del Estado para mantener a flote los bancos Metropolitano y Promotor, ha sufrido también el embate del litigio malicioso. Los abogados han logrado entrampar los procesos penales contra su defendido.

En 1999 este banquero se perfiló como el principal financista de la campaña electoral del entonces candidato presidencial Alfonso Portillo; y cuando éste asumió el poder en enero del 2000 llevó consigo a Alvarado MacDonald como asesor y los hijos de éste fueron nombrados en puestos claves del entorno presidencial.

Los delitos cometidos por este personaje salieron a luz pública porque las autoridades monetarias del país hicieron las denuncias del caso, muy a pesar del silencio que observaron los funcionarios que dirigen o dirigieron las entidades públicas que aportaron los millones de quetzales con el fin de mantener a los bancos lejos de la quiebra.

La Fundación Myrna Mack ha insistido en que el recurso de amparo no debe ser utilizado como un mecanismo dilatorio y de impunidad, por lo que ha impulsado procesos de análisis para determinar qué se puede hacer para frenar la práctica del litigio malicioso sobre la base del recurso de amparo sin crear condiciones que pongan en riesgo esta institución garante.

Actualmente, hay un proceso de estudio al respecto en el seno de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia; y también se impulsa que, en el marco de la ética profesional y de la ética que debe prevalecer en la administración de justicia, los jueces y magistrados se abstengan de tramitar recursos frívolos e improcedentes. Y que, en caso los funcionarios judiciales se presten al juego del retardo malicioso, se pongan en marcha mecanismos orientados a deducir responsabilidades a quienes ejerzan la jurisdicción con dolo y mala fe.

La violencia, otro mecanismo de obstrucción

Más allá de los problemas estructurales de la institución del Ministerio Público, las deficiencias en el trabajo de los fiscales, el litigio malicioso y las presiones políticas internas y externas, así como la denegación de información, la persecución contra el crimen está generando altos niveles de violencia contra quienes participan en los procesos: jueces, fiscales, magistrados, investigadores policiales, personal auxiliar, abogados, testigos y querellantes adhesivos.

Desde 1999, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Jueces y Abogados recibe un monitoreo constante de la situación de violencia que rodea a la administración de justicia, el cual es elaborado por la Fundación Myrna Mack.

En un principio, las amenazas, el hostigamiento e incluso los asesinatos se reportaban alrededor de casos de violación de derechos humanos; posteriormente, se empezaron a reportar hechos de esta naturaleza en casos del crimen organizado y en todo proceso en el cual estuvieron implicados miembros del Ejército.

Pero, desde finales del 2001, el monitoreo empezó a arrojar otras variables: los casos de corrupción. Entre los hechos se encontraban las amenazas contra la ex directora de la Tipografía Nacional, Silvia Méndez, quien reveló que el Vicepresidente de la República supuestamente ordenó imprimir en los talleres del Estado miles de volantes y afiches, que formaban parte de una campaña negra contra el empresario Jorge Briz.

Méndez se fue al exilio, al igual que varios empleados más de la Tipografía Nacional que fueron amenazados poco antes de prestar declaración en este caso. Luego, la ex diputada Magda Arceo y sus hijos también fueron amenazados y temporalmente salieron del país. Arceo respaldó la denuncia hecha por Méndez. La diputada Anabella de León, quien participó también en este caso, fue amenazada y el Estado debió brindarle protección por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió medidas cautelares a favor de la congresista.

El caso más dramático de violencia en este caso fue el asesinato, en febrero de 2002, del señor César Rodas Furlán, considerado testigo principal en el caso de la Tipografía Nacional.

La necesidad de fortalecer la Fiscalía contra la Corrupción

Estos serían los principales cuellos de botella que afrontan los casos de corrupción y los que involucran a funcionarios de poder, o amigos de personas que manejan posiciones de poder en el aparato del Estado.

Un estudio más riguroso y detenido de cada uno de los casos arrojaría más y mejores luces sobre cómo la impunidad ha venido operando; y con la voluntad política necesaria podría ser posible buscar soluciones que combatan las prácticas de la impunidad y la denegación de justicia en estos y otros casos.

Esta situación pinta un panorama desalentador en materia de lucha contra la corrupción, porque los mecanismos de impunidad impiden que la legalidad y el Estado de Derecho prevalezcan. La justicia sigue siendo eludida.

La Fiscalía de Sección contra la Corrupción, creada en abril del año 2000, no ha dado los resultados esperados. La gestión del ex Fiscal General Adolfo González Rodas no generó expectativas, pues desde el principio fue claro que las estructuras paralelas tendrían el dominio durante todo su período.

El actual Fiscal General, Carlos de León Argueta, asumió diversos compromisos que ahora deben ser puestos en práctica, sin más dilación. El paso de Karen Fischer por esa Fiscalía de Sección fue polémico y controversial, sin más resultados que su renuncia abrupta y la revelación de que persisten las presiones internas. El proceso deseado no será fácil, pero lo imperativo es, al menos, sentar las bases fundamentales de una nueva gestión en materia de lucha contra la corrupción.

El proceso de reforma de la administración de justicia, impulsado desde el inicio de la transición a la democracia y con mayor énfasis a partir de la firma de los acuerdos de paz, no ha logrado alcanzar cambios profundos y sostenidos en el tiempo. Los escasos avances que se han concretado y los esfuerzos emprendidos sucumben ante el flujo de poder dominante que apuesta, con reiteración, a la involución democrática y a los esquemas de poder con sabor autoritario, en donde la impunidad encuentra su más confortable nicho.

El mismo aparato del Estado impide el esclarecimiento y sanción del comportamiento criminal que sus agentes asumieron durante el conflicto armado interno; y ese escape –exitoso hasta ahora- favorece también las actuaciones de quienes se dedican a la corrupción, el crimen organizado y la narcoactividad.

Es importante resaltar que, independientemente de los problemas de impunidad alrededor de los casos de corrupción, al menos se ha generado una dinámica política y social que tiende a debatir públicamente los casos. Los medios de comunicación y la investigación periodística han hecho posible esto, y se espera que este proceso de debate e información se fortalezca para que, en gobierno futuros, este tipo de auditoría social continúe y se fortalezca.

La presión social será un factor esencial para que los órganos judiciales se vean obligados a desempeñar un mejor papel en la persecución penal de los corruptos. En la medida que salgan a luz los mecanismos utilizados por la impunidad, habrá posibilidades de generar los procesos de reforma legal e institucional que sean necesarios; y se podrán impulsar acciones legales contra funcionarios, operadores de justicia y personas que pretendan obstruir los procesos mediante la denegación de información y la utilización de la violencia y el litigio malicioso. O contra quienes, desde sus posiciones de poder, aún en el mismo seno del sistema de justicia, pretendan favorecer a los corruptos.

Acerca de la autora

Carmen Aída Ibarra Morán es analista política y actualmente es coordinadora del Área Política de la Fundación Myrna Mack. Durante doce años laboró como periodista en diferentes medios de comunicación de Guatemala, ha sido consultora para organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, y es profesora de Lengua y Literatura.