Al día siguiente de proponer una regulación de las drogas, en diciembre de 2011, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de 62 años, se encontró con el rechazo público de EE UU a través de su Embajada. Tres meses después, convocó a los países centroamericanos a una cumbre para debatir el tema. Honduras, El Salvador y Nicaragua, tres países de seis, la boicotearon. “Al inicio fue muy duro”. Hasta la Cumbre de las Américas del verano pasado no empezó a ver ninguna comprensión hacia una idea que pretendía cambiar la frustrante lucha contra las drogas. Allí, “Obama dijo que estaban dispuestos a explorar nuevas rutas. Aunque no habían cambiado de opinión, estaban abiertos al diálogo”.
Más de un año después de poner el debate sobre la mesa, cree que la idea no ha muerto. “Creo que poco a poco ha ido ganando terreno, aunque falta mucho. Sabía desde el principio que no iba a cuajar en seis meses ni en un año. Es buscar una ruta completamente diferente. Lleva tiempo, discusión, debate”, dice.
Él niega haber rebajado sus expectativas. “Al final no hay mucho por donde caminar en este tema. O seguimos haciendo lo mismo que los últimos 50 años, o hacemos cosas nuevas. Y cosas nuevas se van a concretar en la regulación de las drogas”. Pérez pretende que el cambio comience por que la ONU haga una nueva clasificación de los estupefacientes según nivel de peligrosidad.
La regulación de las drogas es la idea más sugerente en Centroamérica, que tiene las cifras de violencia más altas del mundo. Una zona que, sin embargo, está muy lejos de ser una prioridad internacional. Centroamérica “no tiene la ayuda que debería tener, ni creo que la vaya a tener. Hubo una reunión en Guatemala hace ya tres años, con compromisos para apoyar la Estrategia de Seguridad Centroamericana, como se llamó. De esos compromisos, ni siquiera ha llegado el 10%”.
Constatado ese fracaso, “lo que nos toca es poner cada país sus propios recursos”, afirma. Pérez Molina defiende que ha demostrado en el primer año que pueden bajar las cifras de homicidios. Cita un programa en la capital que ha reducido la criminalidad un 23% en el último año. “No estamos condenados”, proclama.
Guatemala es un ejemplo de cómo el narcotráfico salta por encima de Estados y fronteras en la región. Nunca desaparece, solo se muda o se transforma. “Los carteles mexicanos, con la presión que les puso el presidente [Felipe] Calderón, se movieron hacia Guatemala [al sur]. Por ejemplo, el grupo sanguinario de los Zetas. Y no vinieron a convivir con las organizaciones de narcotráfico guatemaltecas, sino a imponerse a asesinar a los que no se someten”. El mensaje, sin embargo, no puede ser pedir a los países vecinos que bajen la presión. “Esto es como un globo. Si se aprieta por un lado se infla por el otro. Por ejemplo, nosotros hicimos nuestra propia presión y los narcotraficantes se fueron más al sur y esto le cuesta a Honduras altos niveles de violencia”.
En esa presión tiene un papel principal del Ejército, que ahora los guatemaltecos ven en las calles haciéndose cargo de la seguridad ciudadana. Pérez Molina, que fue general, participó en la guerra civil (1960-1996) y en sus acuerdos de paz, niega una sensación de militarización del país. “No he ampliado el poder del Ejército ni lo he utilizado para luchar contra los narcotraficantes. Lo que hemos hecho es pedirle que se implique más en la seguridad. Nos encontramos una policía con 23.000 efectivos para 14 millones de guatemaltecos. Son 1,6 por 1.000 habitantes. Los estándares internacionales recomiendan 4 por 1.000. Vamos a sacar 15.000 agentes en estos cuatro años. En la medida que haya más agentes de policía, el Ejército se irá retirando de esas funciones”.
Pérez Molina asegura que, en última instancia, el Ejército está sometido en estas funciones al ministro de Gobernación. Las heridas más profundas de Guatemala (alrededor de 200.000 muertos la guerra civil entre 1960 y 1996) volverán a sangrar este verano, cuando se abra el juicio por genocidio y crímenes contra la humanidad del exdictador Efraín Ríos Montt, por una matanza de indígenas en 1983. No es el único país latinoamericano (Argentina o Perú) que tiene que convivir con sus exdictadores. Pérez Molina se declara partidario de que los crímenes del pasado reciente latinoamericano se investiguen hasta el final y se juzguen.
“Creo que es parte de la búsqueda de la reconciliación, en este caso para los guatemaltecos. Este es un caso paradigmático, de alto impacto, impensable hace 20 años en Guatemala. Muestra los cambios en el país en la lucha contra la impunidad”.
Pérez Molina era general del Ejército cuando sucedieron los hechos juzgados. Afirma no temer a la revisión de aquellos años. “No. Para nada. Lo que no podemos negar es que hubo excesos y abusos, como en toda guerra. Siempre ha habido abusos y desmanes. Esperamos que se aplique la justicia, sin parcialidad. Como presidente, seré respetuoso”.
El presidente de Guatemala ha estado en España tres días de visita oficial antes de viajar a Italia y el Vaticano. Allí, el sábado, esperaba convencer al papa Benedicto XVI de que visitara su país, como escala en el viaje que tiene programado a Brasil. Pérez será el último jefe de Estado al que reciba el Papa antes de renunciar. “La invitación será para el siguiente papa”.
