Las lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño ha causado grandes pérdidas en la infraestructura productiva con devastadoras inundaciones que obligarán el presidente Evo Morales a cambiar las prioridades de sus reformas que proyectaba financiar con los excedentes del gas, opinaron analistas.
''Es inevitable un cambio de prioridades, pero no es para lamentar porque la defensa de la vida es primero'', explicó el ministro del Agua, Abel Mamani.
El gobierno trata de disminuir el impacto apelando al apoyo externo. Morales viajó el sábado a Japón con un plan de reconstrucción según anticipó el propio mandatario.
Poco antes de conocerse los efectos de las inundaciones en el oriente y el sur de Bolivia, el mandatario destacaba que después de décadas se había logrado un superávit y que este año los ingresos por el gas natural dejarán 2.000 millones de dólares en comparación con los 250 millones de hace tres años.
''El crecimiento del PIB se verá afectado, pero además habrá un efecto en los próximos años en el gasto que irá a reconstruir la infraestructura perdida'', vaticinó el analista económico, Horst Grebe, comentando los efectos de las inundaciones.
''Esto obligará al gobierno a reorientar sus prioridades'', aseveró.
No hay una cuantificación oficial de las pérdidas, pero el 37% de la red vial principal quedó dañada. Desde diciembre las riadas dejaron 41 muertos y 72.000 familias afectadas, miles perdieron sus viviendas. En Santa Cruz, la mayor región económica situada en el oriente, las inundaciones destruyeron 70.000 hectáreas de cultivos, especialmente de soya, tercer rubro de exportaciones.
Las pérdidas alcanzan ya a 230 millones de dólares, según un informe de la Cámara Nacional de Comercio que agrupa a los empresarios.
''Cuando se gobierna también hay que asumir costos, y no veo que se afecte demasiado los planes del gobierno salvo en los tiempos'', comentó Mamani.
Pero las previsiones del gobierno sobre el impacto del desastre son menores. El vicepresidente Alvaro García reconoció que el PIB se verá reducido en un punto, unos 100 millones de dólares, y que el crecimiento será menor al 7% previsto para este año.
La onU advirtió la anterior semana que ''a no ser que se implementen medidas inmediatas para sobrellevar el impacto, se incrementarán la pobreza, la inseguridad alimentaria, la desnutrición y las enfermedades''.
''No creo que sea vea afectada significativamente la bonanza externa que está favoreciendo al gobierno con buenos precios en las materias primas, pero la prioridad ya no será la educación y la salud sino la reconstrucción'', opinó el profesor universitario, Gonzalo Chávez.
Además, las inclemencias del tiempo lograron lo que no pudieron las presiones de grupos empresariales: la paralización de la reversión de tierras sin cultivar como obliga una nueva ley agraria aprobada por Morales el año pasado.
Los departamentos de Santa Cruz y Beni en el oriente concentran las mayores latifundios, pero ahora gran parte de sus territorios están bajo las aguas y sus propietarios dicen que no podrán reponer cultivos en dos o tres años sino en cinco.
Pero el otro problema que ha generado disputas políticas es la distribución de la ayuda. Los prefectos (gobernadores), la mayoría de ellos adversarios políticos del presidente, reclaman el manejo de la asistencia, pero el gobierno ha centralizado la administración.
''Esto puede permitir a Morales llegar directamente a la gente afectada en Santa Cruz y Beni donde no ganó las elecciones'', opinó el analista político, Carlos Cordero.
Con todo, la tragedia ha calado hondo en los bolivianos y ha despertado la solidaridad internacional, pero todavía no ha logrado acercar a los adversarios políticos.
