Uno de los principales problemas que ocasionan que la gente no invierta más en agropecuaria, a pesar de los excelentes precios actuales, se refiere a la inseguridad en los derechos de propiedad y a la incertidumbre en los derechos de comercialización de la producción. Es lo que se conoce como inseguridad jurídica que hasta hoy el gobierno se niega a entender y reconocer.

Quizás el principal problema se refiera a los cambios en la legislación agraria efectuados el 2006, mediante los cuales se establece que cada dos años se revisara la función económica y social de una propiedad privada y en función de esta revisión se la podrá revertir. No solo ello, posteriormente mediante una Resolución Biministerial se determinó más de veinte causales de reversión, las que en muchos casos quedan sujetas a la interpretación arbitraria de los inspectores. Además, el proceso de saneamiento de títulos de propiedad para pequeños, medianos y grandes productores es muy limitado y no se entrega títulos individuales de propiedad a los campesinos, a los cuales se condena a la propiedad colectiva en los sindicatos agrarios.

Obviamente, bajo estas condiciones no se puede afirmar que en Bolivia existe propiedad privada sobre la tierra. Una de las consecuencias directas es la falta de créditos para los productores agropecuarios que se ven marginados del sistema financiero. En los últimos cinco años la cartera de créditos para el sector ha bajado de más del 10% del sistema a tan solo 4% del total de las colocaciones. La mayoría de los bancos tiene una política establecida de no dar créditos a los agropecuarios. Cómo podrían financiar una actividad que requiere plazos entre cinco y diez años si los títulos de propiedad, cuando existen, solo valen dos años.

Otro punto importante es la utilización de biotecnología. Producto de la orientación ideológica de varias autoridades y de compromisos con las ONG´s que les dieron trabajo cuando estuvieron en la oposición, prohíben el uso de transgénicos en Bolivia pero cuando existen dificultades acuden a la importación de transgénicos. Esto impide elevar los niveles de productividad, pues se requerirá cada vez más tierra y más químicos para continuar produciendo sin utilizar la biotecnología que hoy utilizan todos los países vecinos y las naciones desarrolladas.

En resumen, una agenda productiva pasa por garantizar la propiedad privada, dar certidumbre sobre las condiciones de comercialización, crear condiciones de acceso al crédito para los productores y permitir el uso de biotecnología en la producción agropecuaria.

Este artículo fue publicado originalmente en El Deber (Bolivia) el 16 de febrero de 2011