En su desesperada carrera, incentivada por el virtual premio de una hegemonía indígena, Morales ha contado con la ayuda involuntaria de Santa Cruz, epicentro financiero y productivo que mañana abre las urnas por cuenta propia.

Racismo -indio y blanco-, autoritarismo, ansias revanchistas y ausencia de sentido del Estado se esconden detrás de un conflicto histórico que vuelve a colocar a Bolivia en el ojo del huracán político. Ésta es la conclusión a la que se llega después de escuchar, sobre el terreno de la discordia, a diversos analistas locales.

Desde hace más de un siglo

«Entre 1982 y 1994, se trataron diecisiete proyectos de descentralización en el Congreso. Bolivia lleva más de un siglo hablando de descentralización, de autonomías, de federalismo... Esto no es algo nuevo ni un proyecto de un grupo de oligarcas o privilegiados, como pretende mostrar el Gobierno». Roberto Barberí, catedrático de Filosofía Política y ex ministro de Participación Popular, considera legítimo el referéndum de mañana, pero también está convencido de que éste se produce «como consecuencia de los atropellos de Evo Morales, que se pone por encima de la ley al aprobar, unilateralmente, una Constitución que establece un régimen de derechos y obligaciones distinto para los que no somos indígenas».

La politóloga Ximena Costa coincide y advierte: «La Constitución -que está pendiente de ratificación popular- reconoce cuatro niveles de autonomía: regional, provincial, municipal e indígena. Las tres primeras están sometidas a las resoluciones del Ejecutivo. Pero únicamente la indígena tiene facultades de autogobierno y autodeterminación, sobre territorios ancestrales precoloniales», recuerda citando literalmente el texto que desató la furia cruceña y de otros cinco de los nueve departamentos (regiones).

Los límites territoriales «precoloniales» equivalen «al 70 por ciento o más de Bolivia. Es decir -explica Costa-, invaden los departamentos que, a efectos reales, dejarían de existir y quedarían doblegados a la autonomía indígena». Frente a esta situación, observa, «se defienden con sus propios estatutos». Roberto Barberí completa la secuencia de acontecimientos previos a la convocatoria del referéndum de Santa Cruz y de los otros departamentos. «Aprobadas en consulta popular las autonomías y la Asamblea Constituyente (en julio del 2006), el proceso seguía su curso relativamente normal hasta noviembre del año pasado. En ese momento, el presidente Evo Morales se da cuenta de que su Constitución, antidemocrática, racista y excluyente, no tiene consenso para salir adelante. ¿Qué hace? La aprueba por las bravas en Sucre».

El resultado fue el siguiente: «El pueblo se revolvió y murieron tres personas». El Gobierno, continúa, «no respetó los dos tercios en la votación, trasladó la sede de la Asamblea, cercó el Congreso e impidió el ingreso de los diputados... En fin, todo ilegal. Ni siquiera se leyó el texto completo, se limitaron a los títulos de los artículos».

En este contexto, los departamentos advierten: «Aquí no hay ni Dios ni ley. La opción es: o me someto o me enfrento a la arbitrariedad, y esto es lo que hacen al llevar los estatutos a referéndum», explica el ex ministro, autor de la ley de Participación Popular que abrió las puertas a las autonomías municipales. Fuera de la ley ambos bandos, Barberí justifica a las regiones díscolas: «Es una reacción a un despropósito pero desde un marco legal, porque el referéndum se convoca sobre la base de otro que dio luz verde a las autonomías».

La legalidad de la consulta, apoyada por la corte provincial y censurada por la nacional, «debería determinarla el Constitucional pero a éste lo descabezó Morales».