En ese contexto, los policías de bajo rango -con rango de sargentos y cabos- tienen previsto salir esta semana a las calles a marchar, lo que provocó que el Ministerio de Gobierno advirtiera por anticipado con drásticas sanciones.

"Al policía que entre en huelga o cualquier tipo de movilización lo vamos a procesar por amotinamiento y por incumplir a sus propios reglamentos, lo que obviamente lo llevará a la baja de la institución", amenazó el viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico.

Los militares de bajo rango también deslizaron su malestar por el aumento de 3%.

El estipendio promedio mensual de un sargento militar es de unos 1.800 bolivianos (254 dólares) y el reajuste del 3% sólo significa 54 bolivianos más (7,6 dólares).

En el caso de las Fuerzas Militares no ha habido un pronunciamiento oficial sobre el tema salarial, los medios bolivianos traen declaraciones de malestar de uniformados, que mantienen su identidad en reserva.

El malestar de los uniformados va a la par de las protestas que realizan principalmente maestros estatales y trabajadores de fábricas, punta de lanza de las movilizaciones del descontento de los últimos días. Se incluye allí la huelga de hambre de 35 trabajadores textiles desde la semana pasada.

La unitaria Central Obrera Boliviana (COB) -principal organización sindical y hasta ahora leal aliada de Morales- declaró una huelga general de 24 horas para el martes, y se prevé que la medida sea acatada fundamentalmente por maestros, médicos y trabajadores de la salud estatales y trabajadores de fábricas privadas.

"Son 66 las organizaciones afiliadas a la COB: los fabriles, mineros, los de salud, educación... ellos garantizarán la contundencia de la medida", dijo Ramiro Condori, dirigente de la COB sobre el paro previsto para este martes.

El romance gobierno-sindicatos pareció mostrar signo de fractura el sábado 1 de mayo, cuando el mandatario no participó de las marchas de celebración del Día del Trabajador como sí hizo en sus primeros cuatro años de Gobierno.

Aún no hay un posición unánime sobre cuánto quieren los sectores como aumento salarial, el consenso es que el 5% ofertado es inaceptable.

Los fabriles piden un mínimo del 12%, los maestros reclaman que el aumento sea de al menos 25% y los militares y policías de bajo rango esperan un 15%.

"Este incremento del 5% es lo que en realidad la economía y el país pueden soportar; es una cifra que se sostiene con una capacidad real de la economía.  Esto es lo que realmente puede dar, no el Gobierno, sino la capacidad productiva del país", dijo el ministro de la Presidencia, Oscar Coca.

El gobierno reiteró que está dispuesto a dialogar, pero que el aumento del 5% es inamovible.

Las protestas sectoriales se presentan como inusuales -según analistas locales- debido a que éstos fueron hasta la fecha como principales aliados, junto a los campesinos, del presidente Morales quien fue reelegido en diciembre pasado con el 64% de los votos.