El golpe de Estado del Ejército egipcio es una revancha no solo contra los islamistas sino, sobre todo, frente a la revolución de febrero de 2011. Las protestas de la plaza de Tahrir de aquel año sorprendieron a los militares tanto como a Hosni Mubarak. Llegaron en un momento en el que había un grave problema de sucesión en el sistema político. Durante la última década, una parte importante de la clase dirigente no aceptaba el modelo de república hereditaria que Mubarak quería instaurar, tal como se había hecho en Siria. Su hijo, Gamal Mubarak, sucesor putativo, no tenía apoyos suficientes dentro del sistema: su perfil favorecía a determinados sectores financieros que amenazaban a otros sectores de la burguesía estatal, incluso a militares involucrados en negocios. Durante las manifestaciones de 2011, los militares apoyaron formalmente a Hosni Mubarak frente a los manifestantes, participaron relativamente en la represión, pero dejaron a los policías y a las milicias paralelas actuar duramente en contra de los sublevados.

Por otra parte, Estados Unidos, el principal apoyo del Ejército egipcio (1.300 millones de dólares por año) dejó clara su posición: apoyaban el cambio democrático, y no confiaban mucho en la sucesión “hereditaria” porque temían la inestabilidad que hubiese podido desencadenarse en Egipto dado el descontento general por los 30 años de régimen dictatorial de Mubarak.

Aprovechando las manifestaciones, la represión y la resistencia de los sublevados, los militares terminaron por deponer a Mubarak con el acuerdo de Estados Unidos. Fueron ellos los que acabaron con el dictador, apoyándose en una revolución urbana minoritaria en el país.

A partir de aquel momento, los militares no perdieron nunca el control de la situación en Egipto. Dejaron a los islamistas ganar las elecciones democráticas, pero impusieron en la nueva Constitución unas condiciones drásticas: el ministro de Defensa debía ser un oficial de las fuerzas armadas, el presupuesto de defensa no sería supervisado por el Parlamento, y 8 de los 15 miembros del Consejo Nacional de Seguridad, la máxima autoridad del país, debían ser militares, lo que les otorgaba mayor poder del que tenían durante el régimen de Mubarak.

Los islamistas desvelaron en menos de un año su verdadera cara: demostraron no ser capaces de gobernar democráticamente, e hicieron de su ideología religiosa un programa político. Desataron así la movilización en contra de sus políticas de los mismos sectores modernos de la sociedad egipcia que se habían movilizado contra Mubarak.

Mientras tanto, los militares organizaban la inestabilidad dentro del país: penurias de electricidad, de agua, inseguridad, etcétera, con lo que incentivaban el descontento de la población que culpaba a los islamistas de incompetencia (¡lo que era real!), todo ello hasta las manifestaciones de junio de 2013, que culminaron con la gran protesta del 3 de julio.

Entonces los militares, apoyados por fuerzas civiles demócratas e incluso por los islamistas radicales del partido Nur, perpetraron su golpe de Estado y se concedieron oficialmente el poder. Los islamistas fallaron porque se equivocaron sobre sus propias fuerzas: olvidaron que eran minoritarios, pues la mitad de la sociedad no participó en las diversas elecciones democráticas, y casi la mitad de los que sí lo hicieron se pronunció en contra de ellos. Al intentar islamizar las instituciones, no se dieron cuenta del carácter mayoritariamente laico de la sociedad egipcia, provocaron el despertar de las fuerzas democráticas y la formación a lo largo de un año de un bloque opositor, en el que se reagruparon tanto quienes apoyaban a Mubarak como los nasseristas que lo rechazaban, además de los demócratas laicos y una parte significativa de la “mayoría” hasta entonces silenciosa. ¡Un milagroso escenario para los militares! El choque era inevitable, y fue incrementándose gracias a la sorprendente incompetencia del presidente Mohamed Morsi, un ingeniero sin ninguna preparación política.

El golpe de Estado militar no significa la victoria definitiva de los militares. Es una etapa, contrarrevolucionaria, dentro del proceso abierto en febrero de 2011. Traduce una doble clarificación: por un lado, el fracaso de los islamistas, incapaces de integrar la democracia en su ideología religiosa; por otro, el papel real de los militares que se quedaron emboscados durante estos dos años a la espera de una oportunidad para acabar con el proceso democrático. Pero este golpe conlleva su propia dinámica interna: primero, la represión antiislamista y el desmantelamiento de su estructura dirigente van a provocar la subida de una nueva generación de cuadros, mucho más radicales, en la clandestinidad. Desde ahora, se ha abierto una época de guerra civil larvada, lo que es radicalmente nuevo en Egipto. Segundo, la represión de los islamistas no va a tener los mismos efectos que tuvo durante los años cincuenta, en la época de Nasser. Durante aquel periodo el nacionalismo laico era ideológicamente dominante mientras que ahora es el islamismo el que se ha impuesto sobre partes importantes de la población.

Además, hoy día existe un terrorismo islamista por doquier en el mundo árabe (Al Qaeda) y los islamistas egipcios tienen muchos aliados en la región. Probablemente asistiremos a atentados cuyo objetivo será la desestabilización económica del país.

Y esa es seguramente la consecuencia más peligrosa para el bando democrático egipcio. Porque cualquier violencia significará el endurecimiento del poder militar, la utilización permanente de la ley marcial y, al fin y al cabo, la imposición de una dictadura aún más dura que la de Mubarak. Dicho de otro modo: la dinámica generada por el golpe militar no puede conducir al fortalecimiento de la democracia, sino todo lo contrario, a la dictadura sobre la totalidad de la sociedad egipcia.

Se puede apostar que serán los demócratas los próximos que van a sufrir los efectos del golpe de Estado. Ahora los militares se benefician del apoyo de estas capas medias, pero cuando empiecen a restringirse las libertades, será otro cuento. Es una evolución probablemente ineluctable porque no se puede imaginar al Ejército egipcio, que gobierna este país desde 1953, aceptando devolver el poder a la “sociedad civil” sin haber sido efectivamente vencido. Bien lo ha entendido Mohamed el Baradei, premio Nobel de la Paz y vicepresidente de la república instaurada por los militares, que ha dimitido para protestar contra la represión sangrienta de los islamistas.

La verdad es que se consiguió vencer al clan familiar de los Mubarak con la ayuda de los militares, pero el sistema de dominación quedó intacto tanto a nivel del monopolio de la violencia, siempre en manos del Ejército, como económicamente (los militares representan grupos de intereses económicos muy importantes). El Ejército retoma las riendas del poder después de dos años de experimentación democrática.

Queda saber si la transición democrática ha sido solo un paréntesis en la historia de Egipto o si, como creo, es el prólogo de una larga época de revoluciones y contrarrevoluciones en este país. Pues aun disponiendo del apoyo de una parte de las clases medias y de las élites financieras dirigentes, los militares —y eso sí que es seguro— no podrán solucionar los enormes problemas sociales y económicos de Egipto. Esta es la piedra de toque de la transición democrática, del éxito o del fracaso de la revolución. Pues ningún poder podrá, solo con la fuerza, hacer frente a este desafío.

Sami Naïr es profesor invitado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Su último libro es ¿Por qué se rebelan? (Clave Intelectual, 2013).