La Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer las dos primeras leyes del país que tipifican los crímenes cibernéticos, como son conocidos los delitos cometidos por medio de internet.

Las dos reformas al Código Penal para tipificar nuevos crímenes ya habían sido aprobadas por el Senado, por lo que sólo dependen de la sanción presidencial para entrar en vigor.

Una de las iniciativas tipifica como crimen la "invasión de dispositivo informático ajeno" para cambiar o destruir datos o informaciones, provocar vulnerabilidad u obtener ventaja ilícita.

La norma establece una pena de entre tres meses y un año de prisión para quienes sean condenados por este crimen.

El mismo texto prevé penas de prisión para quien produzca, ofrezca, distribuya, venda o difunda dispositivos, como memorias, o programas de computador, como virus, destinados a facilitar la invasión de computadores, teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas.

El segundo proyecto de ley aprobado tipifica como delito cuatro tipos de conductas practicadas por usuarios de internet.

Entre tales conductas figura la divulgación de dato electrónico que favorezca al enemigo en tiempo de guerra o que perjudique o comprometa la eficacia militar del país, para la que se prevé una pena mínima de 20 años de prisión.

Otra iniciativa altera la ley de combate al racismo para obligar a portales y proveedores de internet a retirar mensajes con contenido racista, como ya ocurre con otros medios de comunicación como la televisión y la prensa.

La ley igualmente prevé la creación de comisarías especializadas en el combate a los crímenes cibernéticos y fija penas de reclusión de entre seis meses y dos años para quien se apropie de secretos comerciales o industriales, así como de contenidos privados, mediante la violación de mecanismos de seguridad de equipos de informática.

La pena en este caso será aumentada en hasta dos tercera partes para quien divulgue o comercialice los contenidos obtenidos ilegalmente.

Los dos proyectos de ley fueron aprobados en medio de los debates que realiza el Congreso hace dos años para definir un marco civil para la internet en Brasil.