Ecuador y su presidente, Rafael Correa, han conseguido otra vez colocarse en la primera línea de la actualidad mundial. Si hace exactamente un año lo hacía por la petición de asilo del fundador de Wikileaks, Julian Assange, ahora vuelve a posicionarse en el mapa por la misma solicitud, pero por parte del exagente de la CIA Edward Snowden.

Si termina de consumarse la aventura de Snowden en Quito, esta pequeña nación sudamericana se estaría convirtiendo en el asidero de los grandes enemigos personales de Estados Unidos, pero no de los terroristas, sino de los «héroes» de la libertad de expresión y la transparencia informativa. Sin embargo, puertas adentro, la realidad es algo diferente.

Wikileaks anunció, en medio del periplo que el experto informático inició en Hong Kong, que este se dirige a una nación «libre y democrática». A Rafael Correa y su Gobierno, afirmaciones como esta le vienen como anillo al dedo, sobre todo, después de que este pasado viernes el presidente pusiera el ejecútese a la nueva Ley de Comunicación, aprobada hace poco más de una semana.

La fama de Correa en su combate a la pobreza y cómo líder antiimperialista le ha valido muchos elogios, pero no su aversión personal contra los medios de comunicación privados. El presidente dijo en su última cadena nacional que no ha cambiado nada de la ley y firmó su ejecución delante de las cámaras y de 2.000 seguidores que le apoyaron con aplausos. La norma entrará en vigor en cuanto se publique en el registro oficial ecuatoriano.

Predicar sin el ejemplo

La polémica ley ha sido duramente criticada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Rights Watch o Reporteros sin Fronteras, entre otros organismos, a las que se han sumado decenas de medios en todo el mundo e instancias como el Departamento de Estado de EEUU.

La SIP dijo que algunos aspectos de la ley «van a contracorriente con los avances que se han experimentado en la región en el derecho a la libre expresión», en una misiva dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie sobre la nueva norma.

Algunos puntos polémicos de la ley son, por ejemplo, un artículo que condena las filtraciones, como podrían ser las de Snowden.