Ecuador dijo el jueves que investiga las circunstancias en las que se produjo esta semana un enfrentamiento de militares del país con presuntos miembros de las FARC en la frontera con Colombia, en medio de advertencias que no permitirá incursiones a su territorio.

El anuncio de la indagación se produce en momentos en que la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza una visita a Quito para verificar las acciones emprendidas por el país para reanudar las relaciones diplomáticas con Colombia, rotas desde marzo del 2008.

Los choques denunciados por militares ecuatorianos habrían ocurrido el miércoles en el sector conocido como Coembí, en la provincia de Sucumbíos, en la frontera amazónica con Colombia.

"Tenemos esa información, estamos investigando. Hemos dicho que el país es soberano y un territorio de paz y no permitiremos ningún tipo de incursión armada, venga de donde venga", dijo el canciller ecuatoriano, Fander Falconí, a periodistas.

Ecuador insistentemente denuncia incursiones de grupos irregulares en su frontera común con Colombia, por lo que dentro de sus demandas para reanudar relaciones diplomáticas está una mayor presencia de la fuerza pública colombiana.

Esa demanda fue comunicada por el Gobierno ecuatoriano al secretario de la OEA, José Miguel Insulza, como parte de las condiciones que exige para retomar las relaciones con Bogotá.

La cancillería ecuatoriana dijo en un comunicado que otro de los requerimientos es una contribución de Colombia para atender a los refugiados colombianos y terminar con la campaña por vincular a Ecuador y sus autoridades con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Insulza visitará el viernes pueblos ecuatorianos ubicados en la frontera común de 600 kilómetros que comparten ambos países.

La OEA interpone sus "buenos oficios" para conseguir que ambos países retomen sus vínculos luego de la ruptura hace un año a raíz de una incursión del Ejército colombiano a territorio ecuatoriano para destruir un campamento de las FARC.

Ecuador frecuentemente destruye campamentos y laboratorios ubicados a lo largo de los 600 kilómetros de frontera que comparte con Colombia y recibe a cientos de familias colombianas que huyen del conflicto interno en su país.