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26/12/2013 | Chile - La presidenta Bachelet

América Economía Staff

Sòlo la alta abstención de los votantes, el domingo 15 de diciembre, deslució el triunfo de Michelle Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas. La mayoría absoluta del electorado -el 60% de los votantes inscritos- decidió no ir a votar, hecho que fue usado por algunos para cuestionar la legitimidad de los resultados de la elección.

 

Ese cuestionamiento no es serio ni fue tomado en serio, afortunadamente. Se puede suponer razonablemente que quienes no van a votar lo hacen porque no tienen una preferencia definida y, por lo tanto, no estarán descontentos con el resultado de la elección, cualquiera que éste sea. En la gran mayoría de los casos, la abstención muestra, más que apatía, satisfacción con el sistema político imperante. Esta fue la primera elección presidencial con voto voluntario en Chile y la abstención estuvo dentro de los márgenes en que se sitúa en los otros países con voto voluntario que -por lo demás- son amplia mayoría en el mundo. El voto es obligatorio en gran número de países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Ecuador, México, Perú y Uruguay, entre otros, pero la región es una anomalía a nivel mundial. El voto es obligatorio en sólo 22 países de los casi 200 que hay en el mundo.

Sin duda, alentó la abstención el hecho de que no había ningún suspenso. Todos los chilenos sabían que Bachelet iba a ganar la elección. La ex presidenta socialista, apoyada por socialistas, comunistas y demócratacristianos, terminó obteniendo el 62,1% de los votos, contra el 37,8% de la candidata oficialista Evelyn Matthei.

Tan predecible era el resultado de la elección que hasta la candidata Matthei y su comando sabían que no tenían ninguna probabilidad de ganar. Pero pese a todo, hay que reconocer el encomiable esfuerzo que hizo Matthei por llevar a las urnas a quienes no habían votado en la primera vuelta, mostrando optimismo y esperanza contra toda esperanza.

El avasallador resultado convierte a la ex presidenta y presidenta electa Bachelet en un fenómeno político de primera magnitud en el mundo. Su encanto personal y su capacidad de seducción no tienen parangón entre los jefes de estado de América Latina, pero ninguna de esas características aseguran que hará un buen gobierno.

Su programa, que se basa casi íntegramente en las demandas del movimiento estudiantil que sacudió a Chile en 2011, tiene como objetivo primordial fomentar la igualdad de oportunidades para todos los chilenos. Chile ha gozado de 30 años de crecimiento económico ininterrumpido, pasando de un ingreso per cápita de US$5.000 al años a uno de US$20.000 al año. Pero la desigualdad de ingreso se ha mantenido prácticamente igual en las última tres décadas, y las diferencias entre ricos y pobres son inmensas.

Que el mero crecimiento económico no basta para satisfacer a los chilenos, queda claro en el propio resultado de la elección. El gobierno saliente del empresario Sebastián Piñera tuvo un notable desempeño de 5,3% de crecimiento promedio anual -el segundo más alto para un periodo presidencial desde el retorno de la democracia hace 23 años-, pero terminó siendo también el gobierno de más baja popularidad desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

Tres de los cuatro pilares del programa de gobierno de Bachelet apuntan a reducir la desigualdad de ingreso y a fomentar la igualdad de oportunidades: en primer lugar, una reforma educativa que mejore la educación pública y de acceso a los más pobres a la educación superior; en segundo lugar, una reforma tributaria que aumente la recaudación fiscal y permita destinar más recursos a programas sociales; en tercer lugar, recoger los reclamos de varias minorías, como los grupos indígenas y la comunidad gay, que también viven en condiciones de desigualdad.

El cuarto pilar del programa de Bachelet no apunta a la igualdad, sino a hacer el sistema político chileno más democrático y más representativo. Con ese objetivo plantea una reforma constitucional cuyos detalles se conocerán en los próximos meses.

Que la Constitución necesita reformas a nadie le cabe duda y la Constitución chilena -aprobada durante el gobierno militar- está lejos de ser un texto inamovible: ya ha sido reformada trece veces desde que volvió la democracia en 1990. Pero los grupos políticos de la vieja izquierda que apoyaron a Bachelet quieren una asamblea constituyente para redactar una Constitución totalmente nueva.

La presidenta electa ha mostrado ante este tema una decidora ambiguedad y AméricaEconomía espera que en su decisión final actúe con pragmatismo y sentido de las prioridades. Un proceso constituyente sería sin duda largo y difícil y le tomaría los cuatro años de su mandato, motivo por el cual la nueva Constitución podría dificultar el avance de la reforma educativa y todas las otras tareas de su programa.

Si todo lo anterior suena como un programa de gobierno de tono socialista, es porque lo es. Pero eso no significa que habrá cambio de dirección en el sistema económico chileno ni menos inestabilidad económica o política. Por el contrario, al hacer suyas las demandas del movimiento estudiantil y otros grupos que se tomaron las calles durante el gobierno de Piñera, Bachelet asegura estabilidad, algo que Matthei ciertamente no podía asegurar. Y las medidas que su programa propone, aunque aumentan de 20% a 25% los impuestos a las utilidades de las empresas, no ponen en peligro los pilares del crecimiento económico chileno, basado en la apertura económica y la libertad de emprender.

Acaso la mejor prueba de esto radica en que el sector empresarial dio generosos recursos a la campaña de Bachelet, al punto que la candidata Matthei, que representaba mejor los intereses del empresariado, llegó a quejarse públicamente de la situación. Y si bien el dinero de los empresarios no pidió explícitamente nada a cambio, Bachelet sabe que tiene que gobernar con ellos más que contra ellos.

Bachelet ya mostró pragmatismo en su primer gobierno. Se preocupará de repartir mejor la torta, pero no a costa de que la torta siga creciendo. Hallará la forma, por ejemplo, de que se pongan en marcha los proyectos de generación de energía que el país está necesitando con urgencia.

El único problema que puede enfrentar es que la realización de la reforma educativa que emprenda necesariamente se quede corta. Los recursos necesarios para dar buena educación gratuita a todos los niños y jóvenes chilenos requiere más recursos que los que cualquier reforma tributaria podría recaudar. Además, los resultados de cualquier reforma educativa se ven una generación más tarde, de modo que los impacientes dirán que no ha dado resultados. La presidenta electa también deberá enfrentarse con enemigos al interior de su propia coalición de gobierno, como el poderoso sindicato de profesores, controlado por el Partido Comunista, que luchará por sus propios intereses más que por los intereses de los estudiantes. Y deberá dar prioridad en la reforma a la educación preescolar y primaria, que no tiene representatividad en las manifestaciones estudiantiles. Esto no significa que la reforma de la educación no deba emprenderse. Por el contrario, es una necesidad urgente para dar igualdad de oportunidades a los más pobres y para dar más competitividad a todos los chilenos.

Con enemigos de dentro y fuera de su coalición, Bachelet estará sola y tiene por delante una tarea difícil. Pero tiene a su favor que está trabajando para la historia y no para la próxima reelección o la subsiguiente.

Los chilenos votaron bien. Eligieron a la mejor candidata para las necesidades del Chile de hoy. Y los que se abstuvieron, lo hicieron sabiendo cuál iba a ser el resultado.

América Economía (Chile)

 


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