Todos los martes, en la sala de crisis de la Casa Blanca, un equipo de especialistas, presidido por el propio Barack Obama, decide sobre una lista de supuestos terroristas para matarlos con ataques de aviones no tripulados en Pakistán, Yemen, Somalia y, quizás, en otros lugares. El propio presidente decide personalmente dar o no la luz verde en casos en los que no hay certidumbre de que no se producirán muertes civiles colaterales en tales bombardeos de precisión. El premio Nobel de la Paz 2009 se arroga así la decisión sobre el asesinato de personas, no basándose en juicios o pruebas, sino con los datos que le aportan sus servicios de inteligencia. Washington reconoce haber matado de esta manera en Pakistán al libio Abu Yahia al Libi, supuesto número dos de Al Qaeda.

Obama se ha vuelto adicto a estos ataques por medio de drones, que le permiten alejarse de la retórica de la “guerra contra el terrorismo” de Bush, mostrarse duro en año electoral, parar el golpe de las críticas de los republicanos y no poner en peligro la vida de soldados norteamericanos. Obama, antiguo abogado constitucionalista, basó su campaña en 2008 en la crítica a una política antiterrorista de Bush que favoreció la tortura y unas detenciones ilegales a las que no ha puesto término. Tampoco ha logrado cumplir su compromiso de cerrar Guantánamo, ante la oposición de los republicanos.

Pese a lo que diga John Brenan, su asesor principal en materia antiterrorista, este tipo de ataques no son “legales”, ni “éticos” ni “juiciosos”. El uso de aviones no tripulados para ejecuciones sumarias es contraproducente. Siembran el terror entre la población, y cada víctima civil que causan alimenta el resentimiento y atrae a nuevos activistas a las filas de Al Qaeda, además de generar enemistad en el Gobierno de un Pakistán al borde del caos. La lucha contra el terrorismo se debe hacer desde la legalidad y la inteligencia, pues de otro modo pierde moralidad y eficacia.