Asimismo, el Gobierno de Estados Unidos estudia posibles acciones penales contra la compañía BP por el vertido en el Golfo de México. El titular de Justicia Eric Holder ha visitado hoy la zona y ha mantenido una reunión con los fiscales generales de los estados afectados para planear la futura estrategia.

Holder llegó a Luisiana con un mandato muy calaro del presidente Obama, que ha lanzado la advertencia más dura conta BP hasta la fecha: "Si se demuestra que nuestras leyes se violaron, prometo solemnemente hacer comparecer a los responsables ante la justicia".

El pasado 30 de abril, diez días después del vertido, Eric Holder decidió enviar permanentemente a la zona un equipo de abogados federales para supervisar el vertido y garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales.

"El vertido de BP ha costado vidas humanas y ha tenido un gran impacto ambiental”, ha recalcado Holder. "El Departamento de Justicia está dispuesto a poner a disposición todos los recursos necesarios para proteger a la gente que vive y trabaja en el Golfo de México y velar por la vida silveste y por el medio ambiente".

Como primera indicación, el Departamento de Justicia ha requerido a BP que no destruya ningún documento que "pueda ser relevante para la investigación". La muerte de once trabajadores en el accidente del 20 abril durante la explosión de la plataforma Deepwater Horizon ha dado ya pie a una investigación interna, pero en la propia Administración Obama hay divisiones sobre las consecuencias que puede acarrear una acción penal.

Tanto la Guardia Costera como la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) están trabajando estrechamente con BP en la operación de "respuesta" al vertido. Una ofensiva legal del Departamento de Justicia no sólo abriría la caja de pandora de las denuncias individuales y las compensaciones económicas, sino que comprometería seriamente la cooperación que ha existido hasta la feha entre las agencias federales y la compañía británica.