¿Puede el presidente de un país ordenar en secreto la ejecución extrajudicial de uno de sus conciudadanos? Esta es una pregunta cuya simple formulación repugna a cualquier persona, sobre todo en países donde no hay pena de muerte y el poder de los gobernantes se halla limitado estrictamente por las leyes. La historia, sin embargo, nos responde que sí puede y que así es como sucede donde no tienen vigencia el Estado de derecho, la división de poderes o el control de legalidad de los actos del poder ejecutivo.

El poder soberano, que en su origen es absoluto, se caracteriza por el derecho a disponer de la vida de los otros; una potencialidad que la evolución del Estado moderno ha ido atemperando hasta reducirla a cero. A nadie se le ocurre formular esta pregunta con relación a Angela Merkel o Mariano Rajoy, a Mario Monti o David Cameron. La interrogación tiene más sentido, en cambio, si hablamos de Putin o Lukashenko, de Raúl Castro o de Kim Jong-un, incluso de Hu Jintao o de Abdalá Bin Abdulaziz Al Saud. La pregunta, en cambio, tiene toda su vigencia, en Estados Unidos, democracia ejemplar por tantos conceptos, y superpotencia admirada, entre otras cosas, por su historia constitucional y su protección a las libertades individuales.

Sabemos a ciencia cierta que el actual presidente, Barack Hussein Obama, dio la orden secreta de matar al ciudadano estadounidense Anwar Bin Nasser Bin Abdullah al-Aulaqi, nacido en 1971 en Las Cruces, Nuevo Mexico, que se ejecutó el 30 de septiembre de 2011 en forma de un ataque con misiles, lanzados desde aviones no tripulados y teledirigidos por la CIA.

Como suelen hacer todos los presidentes antes de tomar una decisión que puede ser controvertida, la Oficina de Consejo Legal, dependiente del departamento de Justicia, fue requerida para que elaborara un documento en el que se garantizara los fundamentos jurídicos de tal decisión. También Bush contó con memorandos del mismo tipo para la apertura de Guantánamo, la legalización de la tortura, las detenciones extrajudiciales o las entregas extraordinarias a terceros países de combatientes enemigos sin Estado, denominación acuñada para eludir las convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra. Así fue como un año antes de la ejecución de Al Awlaki, dos empleados de la oficina, los abogados David Barron y Martin Lederman, elaboraron un memorando también secreto de unas 50 páginas, en el que sostienen la legalidad de la orden, en pleno acuerdo con la Constitución y con la Quinta Enmienda que exige el "proceso debido" (due proces) al dictar una pena de muerte.

Desde la Casa Blanca y desde el departamento de Justicia nadie ha desmentido ni confirmado la orden secreta de ejecución, como tampoco la existencia del memorando. Pero el periodista Charlie Savage, reportero de The New York Times, apenas ocho días después de la muerte del dirigente de Al Qaeda, publicó una extensa información en la que se recogía el contenido del memorando gracias a fuentes anónimas que lo habían leído. La empresa editora exigió a continuación el acceso al documento acogiéndose a la legislación sobre libertad de información denominada FOIA (Freedom of Information Act), pretensión inmediatamente rechazada por el departamento de Justicia.

La argumentación legal se ha conocido en toda su extensión gracias a un discurso pronunciado por el fiscal general y responsable del departamento de Justicia, Eric Holder, el pasado 5 de marzo en la facultad de Derecho de la Northwestern University en Chicago. Veamos: EE UU está en guerra. El presidente tiene los poderes del Congreso para librarla. Los escenarios bélicos no se circunscriben a Afganistán, sino que cambian debido a que el enemigo no se identifica con un Estado. Ejecutar a los jefes enemigos, en este caso los comandantes de Al Qaeda, no difiere del ataque en 1943 contra el almirante japonés Isoroku Yamamoto, responsable del ataque a Pearl Harbour y de la batalla de Midway, abatido en vuelo por EE UU. Holder califica de desafortunada la circunstancia de que un jefe enemigo sea ciudadano estadounidense, cosa que no constituye una excepción a la hora de constituirse en objetivo de un ataque si representa una amenaza inminente, su captura no es factible y cabe liquidarlo según "los principios de la ley de guerra".

El historiador Garry Wills, profesor también de la misma universidad donde Holder pronunció su conferencia, sostiene en su libro Bomb Power (El poder de la bomba) que toda esta argumentación es factible gracias a los poderes militares excepcionales que tiene el presidente de EE UU, por encima de la Constitución y de las leyes. La clave está en el arma nuclear, que sustrae el poder de matar de los militares y lo traslada amplificado al presidente. Gracias a esta operación, Wills considera que "el presidente se convierte en prisionero de sus propios poderes" y la administración Obama llega a confundirse con la de su antecesor George W. Bush.