Se vulnera la Constitución, se destruye lo poco que queda del Estado de derecho y se evidencia el sometimiento de los altos tribunales de justicia al partido oficialista.

El argumento utilizado —el nacimiento del Estado Plurinacional, momento a partir del cual comenzaría a contar todo de nuevo— no tiene ninguna base jurídica y responde a una réplica del discurso oficialista. La Constitución en ningún momento afirma esto ni desconoce la República de Bolivia, nombrada en varios artículos. Si se aplicara dicho razonamiento, una especie de borrón y cuenta nueva constitucional, el país caería en un caos jurídico y legal que haría imposible ejercer funciones de autoridad pública y hasta los mismos derechos ciudadanos.

Este no es un problema legal sino político. El tema de fondo es que para el modelo populista autoritario desarrollado por el chavismo, al cual se adhiere el gobierno boliviano, la democracia es un método para llegar al poder y no un sistema de gobierno que se respete o en el cual se crea. Los fundamentos de la democracia, como la sujeción a la Constitución, la independencia y separación de poderes, los límites al poder de los gobernantes que impone el Estado de derecho, la alternancia basada en elecciones libres con árbitros independientes, el respeto al pluralismo resultante del voto ciudadano, son simplemente incompatibles con el autoritarismo chavista.

Al igual que en Venezuela, donde la Corte Suprema de Justicia dio legalidad a la continuación de Maduro en la presidencia cuando ya había fenecido su mandato o a su permanencia como presidente cuando Chávez falleció, en Bolivia el Tribunal Constitucional cumple la misma función, dar una supuesta legalidad a una medida de hecho y no de derecho. Frente a estos abusos, la mejor forma de defender el Estado de derecho es actuar de forma impecablemente democrática y conquistar para esta causa a la mayoría de la opinión pública, único camino para generar la alternancia en el poder.