Joe Arpaio, el juez de Maricopa, Arizona, que encabeza las redadas en ese estado, es odiado por los hispanos, pero lo respalda la mayor parte de los anglos y los afroamericanos. Los políticos, que suelen ser grandes oportunistas, acaban inclinándose en la dirección que sopla el viento electoral. Da pena ver a John McCain apoyando hoy la mano fuerte contra los inmigrantes ilegales, cuando hace unos años, junto a Edward Kennedy, propuso una generosa amnistía para los indocumentados. Lo mismo sucede con Bill McCollum, el candidato republicano a gobernador de Florida. Quiere ganar presentándose como el duro entre los duros frente a los inmigrantes ilegales.

Es cierto que toda nación tiene el derecho a controlar sus fronteras y toda sociedad debe poder decidir quiénes residen o visitan su territorio, pero esa regla coincide con otro principio surgido de la lógica: carece de sentido exigirles a las autoridades, o exigirse a sí mismo y a los demás, aquello que es imposible de llevar a cabo. Lo que no se puede, no se puede. Sencillamente, es imposible deportar a once millones de inmigrantes indocumentados, a menos de que Washington declare un estado policiaco, el Congreso dicte leyes contrarias al espíritu de la Constitución norteamericana, cree campos masivos de prisioneros y ponga en marcha un modo dictatorial y abusivo de enfrentarse a este problema.

Más del ochenta por ciento de estos inmigrantes ilegales proceden de América Latina: el 57 de México y el 24 de Centroamérica; el 19% restante viene del resto del planeta. ¿Hay algo que aprender de esas cifras? Sí, si se observa con un poco de profundidad. Hay dos países centroamericanos de los que sus habitantes no emigran clandestinamente hacia Estados Unidos: Costa Rica y Panamá. Son dos democracias en las que las sociedades han generado un modo de vida razonable con suficientes oportunidades, y en las que existe la movilidad social que requieren las personas para no tener que dar el paso incómodo y desagradable que significa abandonar el sitio en el que nacemos, los familiares y los amigos de siempre. Costa Rica y Panamá son dos países relativamente pobres, pero en ambos hay esperanzas de superación económica, estabilidad y seguridad: ¿para qué emigrar a Estados Unidos?

Estados Unidos tiene dos maneras eficaces de combatir la inmigración ilegal: una, muy cuesta arriba, es tratando de fortalecer el desarrollo económico y el Estado de Derecho en las sociedades de donde proceden esas personas para que la población no escape; la otra, la más expedita, potenciando la inmigración legal en vez de obstaculizarla. Tiene mucho más sentido facilitar masivamente visas de trabajo, exigirles a los inmigrantes que lleguen al país con seguros médicos privados durante un número de años y, si es necesario, que paguen por la educación de los hijos menores, que precipitarlos a los brazos de las abusivas mafias que controlan las frágiles vidas de los inmigrantes clandestinos.

Ya hay más de 200 ciudades norteamericanas en las que operan los cárteles mexicanos. Estos delincuentes se apoyan preferentemente en los inmigrantes indocumentados. Esa es la atmósfera en la que mejor funcionan, el medio perfecto para evadir la justicia. ¿No tiene mucho más sentido sacar a los inmigrantes a la luz, demandarles que paguen impuestos y permitir que se ganen la vida limpiamente con un trabajo honrado?

Cuando Ronald Reagan en 1986 impulsó la amnistía mayor de la historia del país, beneficiando a tres millones de personas, lo hizo por una mezcla de sentido común, compasión y preocupación con el bienestar de todos sus compatriotas, no sólo de los inmigrantes. Era la solución menos mala ante un problema concreto que afectaba a todo el país.

¿Dónde estuvo el fallo? El error estuvo en no facilitar la inmigración legal a partir de ese punto. El 95% de estos inmigrantes clandestinos de hoy hubiera preferido acudir a Estados Unidos a trabajar legalmente, aun pagando por ello un alto costo, para luchar por conquistar su ``sueño americano''. Es mucho mejor pagarles a las instituciones americanas que a los coyotes.