La nueva presidenta se ha comprometido a eliminar la extrema pobreza, que aún afecta al 9% de los brasileños, durante los próximos cuatro años. También ha apostado por mejorar la calidad de la atención sanitaria y de la educación. Debe asegurar una inversión urgente en aeropuertos y otras infraestructuras de transporte ante la Copa del Mundo en 2014. Y tendrá que bregar con las distorsiones generadas por el incipiente boom petrolero de Brasil. La distorsión más apremiante es la fuerza del real, que ha desatado los temores a una desindustrialización.

La paradoja que enfrenta Dilma es que consolidar y dar continuidad al impresionante desarrollo de Brasil exige hacer cambios e imponer su propia autoridad, en lugar de depender de Lula. Ella hereda una economía que está recalentándose: el crecimiento cercano al 7,5% en 2010 ha provocado un aumento vertiginoso de las importaciones y de la inflación (hasta el 5,6%). En su segundo mandato, Lula fue mucho más derrochador que en el primero: el déficit fiscal de Brasil, del 3% del PIB, puede resultar pequeño para estándares europeos, pero es demasiado alto para una economía en auge y ahuyenta la inversión, tanto pública como privada. Eso significa que la política monetaria debe encargarse de mantener la inflación baja. El resultado son las altas tasas de interés, que a cambio elevan el valor del real.

Dilma ha dejado claro, desde que ganó las elecciones, que Brasil necesita un ajuste fiscal y un Estado más eficiente. La cuestión es si actuará lo suficientemente rápido: algunos de sus asesores creen que el crecimiento permitirá al Gobierno curar sus enfermedades fiscales de forma gradual.

Pero el gradualismo conlleva dos riesgos. Convierte a Brasil en rehén de la incierta economía mundial, vulnerable a un ajuste repentino. Y deja al Gobierno de Dilma a merced de un Congreso voraz. Si un presidente brasileño no ejerce una vigilancia constante, los políticos encuentran miles de fórmulas para aumentar el gasto, principalmente en partidas que favorecen a los privilegiados, no a los pobres. El último ejemplo: el Congreso saliente acaba de adjudicarse un enorme aumento salarial, que si se aplica a todos los niveles del Gobierno supondrá 2.200 millones de reales al año, más que el programa Bolsa Familia de lucha contra la pobreza.

Dilma es una mujer dura y competente, que cumple sus tareas. Será una administradora eficaz del Estado brasileño. Queda por verse si tendrá el deseo y la habilidad política de reformarlo.