La Corte Suprema de Argentina acaba de echar por tierra el eje de la reforma judicial emprendida por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con este fallo, el máximo tribunal ha frenado en seco uno de los asaltos más flagrantes a la separación de poderes que se recuerdan en una democracia homologada.

En concreto, el dictamen anula la ley que estipulaba la elección mediante el voto popular del Consejo de la Magistratura, el órgano que nombra y destituye a los jueces. Hasta ahora, una parte de los consejeros era designada por el Congreso y otra parte por las asociaciones de jueces, abogados y académicos. La nueva ley obligaba a estos últimos a presentarse como candidatos en las listas de los partidos en las elecciones generales. De esta suerte, el ganador de los comicios tendría de hecho el control de los jueces.

El Supremo sentencia que esta disposición es inconstitucional, porque rompe el equilibrio de poderes y crea un Consejo de la Magistratura totalmente dependiente de los partidos. Además, compromete la independencia de los jueces al obligarlos a participar en la lucha política.

Resulta difícil no ver detrás de esta reforma, contestada con protestas ciudadanas y reconvenida por la ONU, un intento de meter en cintura a unos jueces que se han convertido en una piedra en el zapato de Cristina Fernández, al frustrar alguna de sus iniciativas más sonadas, como la ofensiva contra el grupo de comunicación Clarín. No hay que olvidar, tampoco, que en estos momentos están saliendo a la luz numerosas denuncias de corrupción que salpican al entorno presidencial y a funcionarios kirchneristas.

El Supremo se ha visto obligado a reivindicar la legitimidad que le otorga la Constitución y a explicar claramente en qué consiste la separación de poderes y la existencia de límites y contrapesos en todo sistema democrático. “No es posible invocar la defensa de la voluntad popular con la finalidad de desconocer el orden jurídico”, sostiene el fallo.

Semejante labor pedagógica se antoja necesaria a tenor de las declaraciones de algunos miembros del Gobierno, que han llegado a acusar a los jueces de ser una casta privilegiada que “lesiona la democracia” al revisar leyes aprobadas por el Congreso, único depositario “de la voluntad del pueblo”. Un discurso peligroso, más propio de otras épocas y de otros regímenes.