Junto al caso afgano y a los terroristas yihadistas salafistas y su conexión con el tráfico de estupefacientes conviene recordar escenarios de vínculos de terroristas de otros perfiles con el mismo: Hizbollah en el Valle de la Bekaa en el Líbano; el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en suelo turco, iraquí o iraní; los Balcanes Occidentales con su epicentro en Kosovo; o las globalizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De tal variedad de actores y de escenarios nos detendremos precisamente en el último de ellos, las FARC, por la creciente importancia que tiene para España y para Europa.

La situación en Afganistán

En el país centroasiático la producción de opio va en aumento y la Oficina contra las Drogas y Crimen de la ONU (UNODC) afirma que la producción en 2007 se ha incrementado un 34% respecto a 2006 permitiéndole alcanzar ya el 93% de la producción mundial frente al 90% producido en 2006.

Durante el corriente 2007 se han cultivado en Afganistán según la UNODC 193.000 hectáreas con adormidera, una superficie que supera las plantaciones de coca de Colombia, Perú y Bolivia juntas y que va a traducirse en 8.200 toneladas de opio, un incremento del 34% respecto a 2006 y del 50% respecto a 2005.

La producción y la comercialización del opio es ya de tal envergadura y se ha comenzado a combatir tan tarde - en términos generales a partir de fines de 2004 - que hoy es difícil penetrar una red que afecta desde a modestos campesinos pasando por señores de la guerra hasta a gobernadores regionales, alcaldes, miembros del Ejército Nacional Afgano o de las Fuerzas de Seguridad, ambos en formación, e incluso a miembros del Parlamento Nacional y del Gobierno.

La provincia meridional de Helmand, una de las más inestables hoy, es uno de los principales polos de producción de adormidera en el país si bien estos cultivos se extienden ya por gran parte del territorio. A título de ejemplo, el Gobernador de la provincia septentrional de Badghis, Mohamed Nassim, pedía al Ministro español de Defensa, José Antonio Alonso, durante la visita de este a los contingentes españoles el 29 de enero de 2007, un despliegue adicional de nuestros soldados para luchar contra los cultivos de adormidera.

La República Islámica de Irán ha construido una barrera de 1.000 kilómetros para intentar con ello frenar la penetración de los traficantes desde el vecino Afganistán, una lucha en la que las autoridades de Teherán llevan empeñadas dos décadas. Precisamente uno de los pasos importantes entre ambos países y también para los que intentan hacer pasar la droga es el de Dogharoon, a unos 40 kilómetros de Taybad, ciudad conectada por carretera con Herat donde se concentran los 430 efectivos de la base de apoyo avanzado española, la parte principal del contingente militar desplegado por España en el país centroasiático.

Hasta el momento se han hecho esfuerzos ímprovos en términos de destrucción de cultivos, de lanzamiento de operaciones antidroga o de intentos de introducción de azafrán, flores, frutos secos o uva para sustituir la adormidera, y todo ello desde que el Presidente Hamid Karzai declarara el Yihad contra la droga en 2002, pero tales medidas no han dado resultados relevantes y la exportación de opio aporta 2.800 millones de dólares anuales según la UNODC - cifra que representa el 50% del PIB del país -, la tierra dedicada a su cultivo habría crecido en 2006 un 59% y unos 3 millones de afganos, el 12,6% de la población total, viven de ello como actividad principal. Karzai ya ha calificado a esta realidad estructural como un “cáncer” para el que algunas voces han solicitado soluciones más pragmáticas que la lucha antidroga pura y dura recordando que a pesar de ímprovos esfuerzos de países como los EEUU, el Reino Unido, Alemania o Italia sobre el terreno la primera gran operación masiva de erradicación de cultivos, llevada adelante en 2006 en el sur del país, no dio resultados destacables: de hecho, la cosecha del año pasado ha sido de 6.100 toneladas de opio, un 49% más que en 2005.

Como ya se hiciera en Turquía en los años setenta - y otros países como Australia, Francia o India lo hacen también a día de hoy - se argumenta que parte de esta producción podría ser legalizada orientándola al sector farmacéutico, reduciendo con ello el sector informal y frenando la perniciosa estrategia de tierra quemada aplicada hasta el momento. Esta tesis es defendida, entre otros, por el “think tank” internacional The Senlis Council, el cual apuesta por canalizar parte del opio producido en Afganistán a la elaboración de morfina y codeína con fines médicos para destinarlo a los múltiples países que sufren déficit de ambos productos comenzando por el propio Afganistán. Dicho “think tank” intenta actualmente atraerse apoyos para elaborar un programa piloto científico que pueda llevar a feliz término tal propuesta cuyos beneficios ya habían sido anunciados en la prestigiosa revista médica The Lancet en septiembre de 2005.

La lucha contra los Talibán y los yihadistas de Al Qaida para blindar un proceso de normalización política que tuvo un importante hito en las elecciones legislativas de septiembre de 2005 deberá coordinarse en el futuro con una estrategia antidroga más eficaz porque si no se hace así gran parte de dichos esfuerzos se perderán irremisiblemente y el opio seguirá impidiendo un crecimiento económico sano y fomentando la inseguridad y la inestabilidad política. Turquía pasó de ser uno de los principales productores de opio en los sesenta a negociar un acuerdo preferencial con los EEUU para canalizar la producción legal del opio y recibió el apoyo técnico de la ONU para ello: este podría ser un buen precedente aunque tanto en Turquía como también en India - donde un millón de agricultores producen anualmente opio en unas 35.000 hectáreas destinadas a ello - se sigue haciendo necesario mantener la lucha contra los intentos de desvío, por parte de los traficantes, de parte de dicha producción al sector ilegal. La situación de un Afganistán donde el terrorismo es protagonista, donde aún quedan regiones que el Gobierno de Kabul tiene dificultades para controlar y donde el opio es un elemento clave en la economía nacional, seguirá obligando a mantener importantes niveles de esfuerzo en términos de seguridad. También se harán necesarias altas dosis de pragmatismo involucrando en tal iniciativa a actores locales como son las asambleas o Jirga y, sobre todo, a señores de la guerra que vienen participando en las actividades parlamentarias desde el año 2005.

Violencia, droga y corrupción lastran el futuro de este país centroasiático al que se dedica una atención sostenida reflejada en tropas desplegadas sobre el terreno y en sucesivas conferencias de donantes - la celebrada en Londres en enero de 2006 comprometió 10.600 millones en ayudas - pero que requiere de un mayor compromiso tanto militar en términos de combate como de lucha contra la corrupción y de impermeabilización de la frontera con el santuario paquistaní.

La utilización de la droga por los grupos y células terroristas yihadistas salafistas

Hoy es evidente para todos que los combatientes del Yihad guerrero - los muyahidin -, considerados otrora como luchadores no contaminados por actividades pecaminosas condenadas por la Sharía (Ley Islámica), se benefician del tráfico de opio a gran escala desde Afganistán o del pequeño o gran tráfico de hachís desde Marruecos, y que cada vez con más frecuencia incorporan a sus células y grupos a delincuentes de todo tipo aprovechando de paso sus redes clandestinas. La creciente penetración de la cocaína colombiana en la región del África Occidental en general y del Magreb en particular para desde ahí saltar a Europa está además haciendo temer a fuerzas de seguridad de varios países que dicho tráfico, hasta tiempos recientes ajeno a la zona, penetre las redes que ya traficaban con otras drogas o con seres humanos así como las células terroristas que se aprovechan de ellas.

Los seguidores de corrientes extremadamente radicalizadas como Takfir Wal Hijra (Excomunión y Exilio) vienen considerando que actividades delictivas como el tráfico de drogas o la prostitución, ambas condenadas duramente por la Sharía, son actividades permitidas siempre que se realicen para obtener fondos para llevar adelante el Yihad guerrero o para debilitar y destruir a sus enemigos en un combate que ellos consideran sagrado. Es importante destacar en este sentido que en los últimos años se han emitido diversas “fatuas” (decretos religiosos) legitimadoras de tales actividades por individuos ligados a los grupos terroristas yihadistas.

El tráfico de drogas consideradas blandas realizado tradicionalmente por súbditos y redes marroquíes en nuestro suelo tiene honda tradición dado que Marruecos ha venido siendo el principal productor mundial de hachís y ha abastecido al ávido mercado europeo a través de España. Los vínculos entre tal tráfico y el mundo del yihadismo salafista van siendo puestos progresivamente en evidencia. A título de ejemplo, elementos vinculados a los atentados del 11-M en Madrid tenían como actividad principal el tráfico de drogas: el 26 de marzo de 2004 el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) intervenía 59.254 gramos de hachís y 125.800 pastillas de éxtasis MDMA en el registro del domicilio de Hamid y Hicham Ahmidan, primos de Jamal Ahmidan (alias El Chino), unas drogas valoradas en entre 1,3 y 1,5 millones de euros.[1] Precisamente Hamid Ahmidan ha recibido una de las condenas más altas - 23 años de prisión - en la sentencia hecha pública 31 de octubre de 2007.

En cuanto a la interconexión entre otros tráficos ilícitos - de armas y explosivos, por ejemplo - y su conexión con el tráfico de drogas y con el terrorismo yihadista salafista nada mejor también que la instrucción por el caso del 11-M, el juicio y la sentencia para ilustrarlo. La vinculación entre yihadistas, traficantes de drogas y ladrones de explosivos, estos últimos con una experiencia larga en Asturias, se mostró idónea para crear confusión dadas las dificultades para atar cabos pues el componente terrorista fue el más tardío en dicha relación entre delincuentes. La vinculación entre ladrones de explosivos y traficantes de drogas quedó demostrada en Asturias en 2001 con la desarticulación en la Operación Pipol de un grupo del que algunos elementos, con Emilio Suárez Trashorras a la cabeza, fueron aprovechados tres años después por terroristas yihadistas para hacerse con explosivos. Suárez Trashorras ha recibido también una fuerte condena en la sentencia del 11-M, 34.715 años de prisión, y ya fue condenado en el juicio por la Operación Pipol.

Por otro lado, y ya dentro del mundo puramente yihadista salafista, entre septiembre y noviembre de 2004 once paquistaníes eran detenidos en Barcelona acusados de financiar a la red Al Qaida a través del tráfico de drogas. Esta y otras operaciones policiales producidas a partir del 11-M han demostrado tanto la vinculación firme de los yihadistas salafistas con el mundo delincuencial en general como la fijación de los terroristas por el lucrativo mundo del tráfico de drogas en particular.

Ya en términos preventivos, ámbitos como la inmigración irregular, en los que comienzan a descubrirse conexiones puntuales con el tráfico de drogas, podrían ser utilizados de forma sistemática por las redes del terrorismo yihadista para desarrollar sus vínculos. No se trata de hacer la amalgama respecto a todos los males y amenazas posibles pero sí de adelantarse a tendencias que comienzan a vislumbrarse y que convendría atajar antes de que alcancen mayor envergadura. La conexión creciente entre inmigración irregular y tráfico de drogas se viene demostrando recientemente con varios ejemplos. En agosto pasado la Guardia Civil, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía y con la Policía Local de San Javier, en Murcia, intervenía 1.750 kilogramos de hachís en distintas playas de Murcia tras la llegada de 64 irregulares argelinos en diversas embarcaciones procedentes de las localidades de Mostaganem y Orán, en la parte occidental del país magrebí. El 30 de noviembre la Guardia Civil interceptaba dos pateras con 63 irregulares en las costas de Cádiz y les intervenía 20 kilogramos de hachís.

Una mayor labor anticipatoria en términos preventivos se haría necesaria investigando las redes de tráficos ilícitos diversos en términos de sus conexiones reales o posibles con el mundo del terrorismo yihadista salafista una vez asumimos que nada impide a este último aprovecharse de aquellos sino más bien al contrario. Cabe recordar, en lo que a Marruecos respecta, la operación policial que a fines de julio de 2006 permitió la detención de hasta 56 personas desarticulando la red yihadista conocida como “Ansar Al Mahdi”, de hecho uno de los grupos terroristas más numerosos neutralizados por las fuerzas de seguridad marroquíes: varios traficantes de drogas de ciudades del norte del país formaban parte de esta tupida y variada red.

Por otro lado, el Ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, transmitía en mayo de 2007 la preocupación de su Ministerio ante la posibilidad de que los terroristas yihadistas utilicen las rutas africanas de la droga para entrar en España a la Directora de la Agencia Antidroga de los EEUU (DEA), Karen P. Tandy. Lo hacía en el marco de la celebración de la XXV Conferencia Internacional para el Control de Drogas celebrado en Madrid a principios de mayo de 2007. Esta Conferencia anual, que siempre suele celebrarse en los EEUU, ha sido coorganizada por los EEUU y España este año mostrando con ello el papel de nuestro país y también de Portugal como puertas de entrada de la droga a Europa. Por otro lado, el hecho de que la DEA haya formado a lo largo de 2006 a técnicos policiales de los países de África Occidental y del Magreb en materia de control de drogas da una idea de la importancia de nuestra región en el tráfico de estupefacientes y en la conexión, real unas veces y potencial otras, de tal actividad con otras ramas delincuenciales incluyendo el terrorismo. Por de pronto, ya es suficiente preocupación que España esté a la cabeza en el consumo europeo de cocaína y de hachís, tal y como se deduce del informe anual presentado en Bruselas el pasado 22 de noviembre por Wolfgang Gotz, Director del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT), órgano de la Unión Europea con sede en Lisboa y de gran utilidad para el estudio de las tendencias aquí tratadas.

El caso emblemático de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Este grupo terrorista, así considerado tanto por la Unión Europea (UE) como por los EEUU y que cuenta con unos 17.000 miembros, controla según el Gobierno colombiano el 60% del narcotráfico realizado en el país, mantiene un campamento en la serranía venezolana de Perijá y tiene secuestradas a unas 600 personas, algunas desde hace más de 10 años, de entre las cuales considera canjeables a unas 50 (3 contratistas estadounidenses, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad). Están activas desde hace 40 años y en su enfrentamiento con el Estado y con la sociedad se han perdido miles de vidas. Las también terroristas Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares creados para combatir a las FARC, y el igualmente considerado terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN), han tenido también vínculos con el narcotráfico en un país en el que los cárteles de la droga - como los ya desaparecidos de Cali y de Medellín - no han sido los únicos responsables de dicha actividad. Diego León Montoya (alias Don Diego), capo del cártel del Norte del Valle, fue detenido por un comando del Ejército el pasado 10 de septiembre: acusado en Colombia de más de 1.500 homicidios el FBI le tenía incluido en su lista de los diez hombres más buscados, acompañando a Osama Bin Laden. Con los paramilitares, unos 30.000, desmovilizados en estos últimos años hoy ya sólo quedan como representantes de la violencia y conectadas con fuerza con el tráfico de estupefacientes las FARC y, en menor medida, el ELN.[1] El resto de actores son pequeños cárteles marginales y muy dispersos aunque también conectados con las guerrillas y con elementos paramilitares.

Según declaraciones realizadas el 18 de noviembre por Eduardo Pizarro, Presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación de Colombia, las FARC tendrían hoy unas 80.000 hectáreas de coca, en vez de las 160.000 de antaño, aunque la mejora genética de la planta les ha permitido mantener la producción en unas 800 toneladas anuales. Como la desaparición de los grandes cárteles impide a las FARC participar en los beneficios de la distribución en vez de los 3.500 millones de dólares de otros años en 2006 sólo sacaron 800 millones pero esta es, indudablemente, una cantidad apreciable. El modus operandi de las FARC ya no es tomar poblaciones o establecer vistosos controles de carreteras como antaño; ahora controlan una parte pequeña y deshabitada del territorio donde concentran sus ricos cultivos de coca, en la región del Yarí, a unos 350 kilómetros al sureste de Bogotá.

El 2 de septiembre de este año el responsable de la producción y el tráfico de cocaína dentro de las FARC, Tomás Medina Caracas (alias El Negro Acacio), moría en un enfrentamiento con el Ejército. Perseguido desde abril de 2001 por las selvas de Guanía y Vichada, en el este del país, era uno de los elementos más escurridizos de las FARC. También él estaba en la lista estadounidense de los más buscados y en Colombia tenía a sus espaldas 17 órdenes de busca y captura. Estuvo implicado en la compra de 10.000 fusiles de asalto AK-47 en Jordania, lanzados a la jungla en paracaídas en una operación en la que estuvo involucrado el peruano Vladimiro Montesinos.

En su lucha contra el narcoterrorismo el Gobierno de Álvaro de Uribe concedía el pasado 20 de septiembre la tercera extradición a los EEUU de un ciudadano colombiano vinculado a las FARC y al narcotráfico desde finales de 2004. Se trató en este caso de Erminso Cabrera Cuevas, hermano de un importante comandante de las FARC. Como telón de fondo de esta lucha que no cesa podemos situar los intentos mediadores del Presidente venezolano Hugo Chávez con las FARC para lograr la liberación de la cincuentena de rehenes canjeables a cambio de unos 500 miembros del grupo encarcelados en Colombia: el Presidente Uribe ha puesto fin a esta mediación el pasado 22 de noviembre al comprender que servía más para legitimar a las FARC que para lograr un objetivo humanitario buscado por muchos actores regionales y también por otros más lejanos como el Presidente francés, Nicolas Sarkozy.

Importante es además no perder de vista indicios de una creciente presencia de radicales islamistas en escenarios como Colombia, Venezuela o incluso Brasil, facilitando así las cosas al establecimiento de contactos, presentes o futuros, con el oscuro mundo del narcoterrorismo en la región. El 27 de enero de 2006 la policía colombiana detenía en Bogotá a ocho presuntos colaboradores de Al Qaida y de Hamas reclamados por los EEUU en el marco de una red contra el tráfico de personas y dos meses después, el 13 de marzo, era detenida en Brasil, en aplicación de una orden de busca y captura de Interpol, la libanesa Rana Abdel Rahim Qoleilat, sospechosa de estar involucrada en el asesinato del ex-Primer Ministro de Líbano Rafic Hariri en febrero de 2005 en Beirut.[1]

Finalmente, la importancia de la cocaína colombiana, sea gestionada o no por las FARC, para la seguridad humana de España y de Europa es evidente. El 19 de octubre pasado un comando del GEO (Grupo Especial de Operaciones) del CNP abordaba frente a las costas de Senegal un barco cargado con 3.700 kilos de cocaína. Ese es el sexto barco incautado en alta mar por nuestros servicios antidroga en lo que va de año, con un cargamento total de unas 20 toneladas de cocaína. EUROPOL estima en su último informe, de la pasada primavera, que gran parte de las 250 toneladas de cocaína que anualmente entran en la UE son distribuidas desde almacenes en España.

Importante es pues tomar conciencia de que amenazas como la droga o el terrorismo atenazan a sociedades como la española y que es preciso hacerles frente considerando además el riesgo, más real que imaginario, de que ambas unan sus fuerzas para constituir así un peligro aún mucho más letal.

Carlos Echeverría Jesús (Madrid, 26 de marzo de 1963) es Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y responsable de la Sección Observatorio del Islam de la revista mensual War Heat Internacional. Ha trabajado en diversas organizaciones internacionales (UEO, UE y OTAN) y entre 2003 y 2004 fue Coordinador en España del Proyecto "Undestanding Terrorism" financiado por el Departamento de Defensa de los EEUU a través del Institute for Defense Analysis (IDA). Como Analista del Grupo asume la dirección del área de Terrorismo Yihadista Salafista.

Notas

[i]ECHEVERRÍA JESÚS, C.: ”El componente yihadista en los atentados del 11-M: lecciones aprendidas ante el inicio del proceso judicial en febrero de 2007” en Anuario Español de Derecho Internacional XXII (2006) Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2007, p. 518 y 523.

[[i]Sobre la fijación de grupúsculos y células revolucionarios iberoamericanos, principalmente en Venezuela, por el ejemplo que Hizbollah representa, y con cierta amalgama también con el modelo yihadista salafista, véanse dos excelentes trabajos. Uno, el de Manuel R. TORRES SORIANO: La fascinación por el éxito: el caso de Hezbollah en América Latina Jihad Monitor Occasional Paper nº 1, 17 octubre 2006 y, el segundo, del mismo autor junto con Javier JORDÁN ENAMORADO: Consideraciones ante la primera acción (frustrada) de Hezbollah Venezuela Jihad Monitor Special Report 27 octubre 2006, ambos en  www.jihadmonitor.org  y en su página heredera www.athenaintelligence.org  .

[i]Véanse “Detenidos en Bogotá ocho presuntos colaboradores de Al Qaeda y Hamás” El País 28 enero 2006, p. 11 y “Detenida una libanesa en Brasil por el asesinato de Hariri” Diario de Navarra 14 marzo 2006, p. 8.