• Debemos tomar en cuenta las dimensiones políticas del referendo
• El país necesita consolidar sus instituciones y mejorar su gobernabilidad

Como ciudadanos de una democracia ejemplar, hoy debemos cumplir con uno de nuestros más importantes deberes, que es, a la vez, uno de nuestros derechos más fundamentales: votar.

Por primera vez en nuestra historia, acudiremos a un referendo. Esto implica que, también por primera vez, cada costarricense asumirá en sus manos la decisión de votar a favor o en contra de un proyecto específico: en este caso, el TLC con Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Se trata de una oportunidad inédita, que emana de nuestra Constitución y se convierte en realidad gracias a nuestra legislación e instituciones democráticas. Se trata, además, de un avance en nuestras posibilidades como pueblo, para incidir de forma directa en asuntos de particular interés.

Cuando reflexionamos sobre la importancia y significado democrático del referendo, se impone, también, reflexionar sobre la trascendencia, para nuestras instituciones y nuestra gobernabilidad, de este referendo en particular. En nuestro editorial del pasado jueves sustentamos, con una serie de argumentos de índole económica y social, por qué estamos con el SÍ y por qué instamos a nuestros lectores y lectoras a votar en ese sentido. A esas razones hoy añadimos la dimensión institucional, más importante aún para nuestro futuro como sociedad.

Desde hace más de dos años, mediante múltiples expresiones de prepotencia e irrespeto, una serie de dirigentes políticos y sindicales, hoy apoderados de las filas del NO, se han manifestado, reiteradamente, en contra de los procedimientos e instituciones que dan sentido a la democracia costarricense. Han hablado en contra de las elecciones libres como forma legítima de escoger a nuestros gobernantes, pretendieron desconocer el resultado de las que celebramos en febrero del 2006, se han lanzado contra la independencia y rectitud del Tribunal Supremo de Elecciones, han rechazado la majestad jurídica de la Sala Constitucional, han insultado soezmente a varios representantes populares e, incluso, se han atrevido a proponer que es en “las calles”, no en las urnas o en las curules legislativas, donde deben tomarse las grandes decisiones nacionales.

No todos los que dirigen el sector adverso al TLC suscriben esta funesta actitud; pero tampoco la han rechazado frontalmente, lo cual implica una inexplicable complicidad y deja claro que, en la heterogénea alianza que se formó para evitar su ratificación, se han llegado a imponer los sectores más extremistas.

Cualquiera que sea el resultado de hoy, esta realidad política impone serios desafíos al país. Pero la situación será mucho más grave para las instituciones si llegara a triunfar el NO. Tal cosa implicaría precisamente una ganancia de poder para los sectores antidemocráticos, reforzaría a sus dirigentes más duros, aumentaría la dispersión política del país, complicaría aún más la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa y, por ello, reduciría peligrosamente los márgenes de gobernabilidad y estabilidad. Un triunfo del SÍ, en cambio, frenará, o al menos quitará ímpetu, a los sectores políticos más duros, reforzará a los moderados y aumentará sustancialmente la capacidad de negociación y decisión a nuestras instituciones democráticas. Así, no solo será un instrumento de desarrollo económico y social, sino también político.

Al ejercer hoy el voto, es importante que cada uno de nosotros tome en cuenta las múltiples dimensiones de esa decisión. Las emociones o los prejuicios no deben ser los factores que nos guíen; tampoco las falsedades. Al contrario, debe ser el ejercicio sereno de nuestra razón y la consideración sobre el futuro del país, de su democracia, de su desarrollo y de su estabilidad, lo que debe incidir en el voto. Es mucho lo que está en juego. Por esto, debemos votar a conciencia.