A partir de allí, legisladores y dirigentes partidarios, incluidos algunos que sí tienen idea de lo que es la seguridad nacional, han hecho, una tras otra, declaraciones para saber "la verdad" sobre la aplicación del Plan Colombia en México, aunque tanto el embajador Arturo Sarukhán como el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, han negado esa solicitud.

Es una tormenta en un vaso de agua, por varias razones. La primera de ellas es que, si se conociera el Plan Colombia, se sabría que no puede ser implementado en nuestro país porque partimos de situaciones muy diferentes, comenzando por el fuerte contenido antiterrorista y antiinsurgente que tiene: recordemos que en esa nación sudamericana, un tercio del territorio está bajo control de grupos armados, como las FARC y el ELN (además de los paramilitares), que se han convertido, aparte, en los principales productores de droga. El Plan Colombia ha implicado, también, una serie de medidas institucionales que en México no se podrían aplicar sin cambios constitucionales, así que, lo hubiera solicitado o no el gobierno de Calderón (y hablando con funcionarios mexicanos y estadunidenses se puede asegurar que no ha sido así), el mismo no podría prosperar sin el respaldo del Congreso.

Hemos estado en Colombia y observado el tipo de combate que se realiza en contra del narcotráfico en ese país. Una larga historia al respecto la hemos publicado en el libro De los Maras a los Zetas, y el hecho es que no hay en México zonas de combate abierto como las existentes, por ejemplo, en la frontera de Colombia con Ecuador o en otra partes de ese país. El punto es que México no necesita un Plan Colombia porque su situación, no sé si es mejor o peor, pero definitivamente es distinta.

¿Qué quiere Estados Unidos con respecto a México en estos terrenos? En este mismo espacio hemos relatado la crónica de un reciente viaje a Washington en donde tuvimos oportunidad de platicar del tema con funcionarios del Departamento de la Defensa, del Homeland Security y del Departamento de Estado. Los temas son muy claros: el gobierno de Estados Unidos está preocupado por asuntos muy concretos. Primero, el control de la frontera, desde su punto de vista, por la posibilidad de un ataque terrorista, pero sin duda debido al tráfico de drogas y de gente, en el entendido de que esos fenómenos pudieran conjugarse en algún momento. Juan Pablo Cárdenas, responsable de México y Colombia en el Pentágono, dijo que la preocupación de la Defensa estadunidense pasa por el control del espacio aéreo y marítimo de México y dice que le han propuesto al gobierno mexicano apoyo técnico en ese sentido. Destacó la colaboración alcanzada con la Marina, aun cuando reconoció que todavía les falta ganar en confianza mutua con el Ejército mexicano. Russ Knocke, vocero del Homeland Security, insistió en un concepto: la necesidad de "extender las fronteras" de Estados Unidos, Canadá y México, para adoptar un mecanismo de defensa y seguridad común, con intercambio de información e inteligencia. Nada de eso tiene algo que ver con un Plan Colombia, en donde, por ejemplo, tropas de EU, en calidad de personal contratado, operan militarmente junto con sus homólogos colombianos y donde existe una policía militarizada, bajo mando unificado en todo el país y controlada por el ejército. En nuestro caso, en lo que se está trabajando, y no es ningún secreto, es en la configuración de sistemas de inteligencia e información en línea, que permitan operaciones coordinadas en distintos países en forma simultánea. Existen apoyos concretos, como los equipos que el sexenio pasado aportó el gobierno estadunidense a la AFI o el entrenamiento que han recibido policías y algunas fuerzas especiales, de la misma forma en que oficiales mexicanos han cooperado intensamente en el entrenamiento de fuerzas policiales salvadoreñas. El crimen organizado es un fenómeno globalizado y no se le puede enfrentar sin mecanismos similares, sin la cooperación entre distintas fuerzas de seguridad e intercambio de información. Y en eso se ha estado trabajando desde hace años.

Los cambios más importantes en esta administración son que la lucha emprendida por el gobierno federal ha sido mucho más frontal y los intercambios más intensos cuando, por distintas razones, a partir de medidas adoptadas en el último tramo de la administración de Fox, los mismos se habían debilitado. Un ejemplo de ello fueron las extradiciones de capos del narcotráfico, que han sido tomadas, desde Estados Unidos, como un símbolo clave de ese nuevo espíritu de colaboración (Knocke destacó una y otra vez el "coraje político" que implicaba haberla adoptado) y quizás el mejor ejemplo de ello haya sido la reciente reunión en Jiutepec, Morelos, de los procuradores de México, EU, Canadá, Centroamérica y Colombia, la más productiva en muchos años.

Por cierto, un tema clave para el futuro es la solicitud de la pena capital contra Francisco Javier Arellano Félix, el Tigrillo, detenido en Estados Unidos y procesado en ese país. Podría ser el primer narcotraficante mexicano de alto nivel que fuera condenado a muerte en EU. Recordemos que ninguno de los extraditados puede recibir esa condena, pero sí el Tigrillo, porque fue detenido en aguas internacionales por fuerzas de seguridad estadunidenses. Ese solo hecho puede generar, para bien o para mal, un giro dramático en la lucha bilateral contra el narcotráfico.