Hace unos días, el director de la oficina económica del presidente de Gobierno, David Taguas, se manifestó partidario de la eliminación de los impuestos de sucesiones y de patrimonio, uniendo su voz a la de otros economistas, casi todos ellos de la otra parte del arco ideológico.

Pronto le matizaron los secretarios de Estado de Hacienda y de Comunicación: en la agenda del Ejecutivo está la reforma de tales tributos, pero no su desaparición. Un lector de EL PAÍS, en carta al director, manifestaba su sensibilidad y escribía: "Creo que el impuesto sobre tales herencias o posesiones se debe justamente a que más de un legislador o político de izquierdas (...) quisieron atemperar un derecho que les parecía excesivo y exigieron que una parte de su valor -al menos una parte- pasara a la sociedad por la vía de los tributos".

El pasado mes de febrero, un grupo de ciudadanos franceses firmó un manifiesto titulado "Por qué aceptamos los impuestos. Una iniciativa para abandonar la visión reinante de los impuestos como un castigo y para luchar contra la demagogia fiscal de esta campaña electoral". Propiciado por la revista Alternatives Economiques, al cabo de unos meses más de 40.000 personas (todas las cuales pagan el impuesto sobre la renta y algunas el gravamen sobre las fortunas), encabezadas por el ex presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, han firmado ese manifiesto: "Aumentar los impuestos no es un fin en sí mismo, y la libertad de cada uno implica la libre disposición de una amplia parte del fruto de su trabajo.

Pero ver a candidatos a la magistratura suprema proponer medidas demagógicas en materia fiscal y justificar la secesión social de los más ricos nos consterna. (...) Consentimos los impuestos y recusamos la baja de la fiscalidad, cuya contrapartida sería la insuficiencia de medios para la protección social de los más pobres, la educación, la investigación, la salud, la vivienda y el medio ambiente". Uno de los avances que se han producido en la campaña francesa ha sido cuestionar el incremento de las prestaciones sociales que propone Ségolène Royal y la bajada de impuestos que defiende Sarkozy, sin que al mismo tiempo aporten una memoria económica en la que describan tanto el coste de los nuevos derechos sociales como lo que dejará de ingresar el Estado por la reducción de tributos.

El único candidato sin esta limitación es el extremista Le Pen, que considera sin complejos que los impuestos son un expolio y pide la supresión del impuesto sobre la renta. Francia tiene en la actualidad una deuda pública superior al billón de euros, más que el PIB del Reino de España, y sus intereses se llevan toda la recaudación que se consigue con el impuesto sobre la renta.

En este contexto adquiere significación una entrevista con el constitucionalista de la Universidad de Chicago Cass Sunstein, coautor de un libro titulado El coste de los derechos. En ella recuerda algunas cosas de sentido común que no se deben olvidar si se profundiza en esta polémica: todos los derechos legalmente exigibles cuestan dinero; no es que tengamos que celebrar el monto de los impuestos, lo que debemos celebrar es el hecho de que existen; sin impuestos no podemos tener libertad y seguridad contra la violencia: lejos de ser una obstrucción a la libertad, son una condición necesaria de su existencia; nuestros derechos dependen de los impuestos de un modo absoluto. Lo que se resume en: "La libertad depende de los impuestos".