No obstante, un 38% de los encuestados se declara en desacuerdo con esa opción autonómica, mientras que dentro de las múltiples opciones dadas a los entrevistados la gran mayoría quiere que Bolivia sea un Estado democrático (90%), intercultural (81%), de derecho (78%) y unitario (73%).

La encuesta, realizada por Apoyo, Opinión y Mercado en marzo pasado a 2.100 personas en las 10 principales ciudades del país, se engloba dentro de un estudio mucho más amplio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que será presentado hoy en La Paz por el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.

El informe del PNUD recoge también otro sondeo, efectuado por Equipos Mori en junio de 2006 en las nueve capitales departamentales del país y en la ciudad de El Alto a 3.300 personas, que pone de manifiesto la polarización regional existente respecto al tema de las autonomías. Mientras en el occidente boliviano sólo un 38% de los encuestados cree que es "una ventaja" para la democracia que Bolivia tenga varias regiones, en el oriente y el sur el porcentaje que considera ventajoso ese aspecto sube hasta el 70%.

En el referéndum sobre la conveniencia de aplicar un régimen autonómico en el país, celebrado en julio de 2006, ganó el no a nivel nacional con un 57,5% de los votos, pero el sí se impuso en los departamentos de Beni y Pando (norte), Santa Cruz (oriente) y Tarija (sur). En diciembre pasado, los cabildos populares realizados en esas cuatro regiones ratificaron las pretensiones autonómicas de sus habitantes y, en consecuencia, se configuró la Junta Autonómica Democrática de Bolivia para trabajar en los estatutos que definirán la aplicación del nuevo régimen de gestión.

La junta se reunió el fin de semana pasado en Tarija y ratificó su petición a la Asamblea Constituyente para que la futura Carta Magna "reconozca expresamente" las autonomías departamentales. El presidente boliviano, Evo Morales, ha expresado en reiteradas ocasiones sus objeciones a la implantación de un régimen autonómico en el país ya que, a su juicio, supondría una amenaza "a la unidad de la patria".