Qué hacer con más de 400.000 excombatientes vagando, sin oficio ni beneficio, por las maltrechas carreteras y caminos de la región de los Grandes Lagos de África central? ¿Cómo abordar la reconstrucción de estos países asolados por la guerra con grupos incontrolados de ex guerrilleros tentados, a falta de trabajo y perspectivas de futuro, de volver a las armas como medio de sustento? El mero desarme de las milicias está lejos de garantizar la paz. Para superar este obstáculo fundamental, que puede comprometer gravemente la estabilidad de esta agitada zona del continente africano, el Banco Mundial lanzó en el año 2002 un vasto Programa Multinacional de Desmovilización y Reintegración (MDRP, en sus siglas en inglés), cuyo fin es contribuir a la reinserción social de los excombatientes, ofreciéndoles formación y asistencia.

La tarea es ardua. Y muestra de ello es que el programa, que inicialmente debía finalizar en 2007, ha sido prorrogado hasta el 2009. De momento. En una reciente reunión en París entre representantes del Banco Mundial, de los doce países donantes y de los siete países beneficiarios -Angola, Ruanda, Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Congo-Brazzaville y Uganda-, se acordó inyectar 47 millones de euros adicionales, que se sumarán a los 315 millones -169 millones a cargo de los donantes y 145 por el Banco Mundial-ya invertidos o comprometidos hasta ahora. Pero aún faltará para llegar a los 440 millones de euros en que se estima el coste total de la operación.

Los países donantes son, salvo Canadá, todos europeos. Holanda, con una aportación de 80 millones de euros, es de lejos el más comprometido en el programa. Por detrás le siguen Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, el Reino Unido y Suecia, además de la UE globalmente a través de la Comisión Europea.

El programa, que aplica de forma global para toda una región los sistemas de cooperación ya puestos en práctica individualmente en Liberia y Sierra Leone, se desarrolla en estrecha colaboración con las autoridades nacionales. Y parte de la convicción de que la desmovilización real y efectiva de las guerrillas que han operado en los últimos años en esta zona es una condición necesaria para lograr la seguridad y la estabilidad mínimas que permitan el relanzamiento económico de estos países.

En diez años, las guerras intestinas en la región de los Grandes Lagos han dejado un legado desolador: dos millones de muertos y cerca de 10 millones de desplazados. Los países han quedado desfondados, con unas condiciones de vida deplorables, en un estado de inseguridad permanente y a merced de enfermedades infecciosas como el sida. A nivel económico, según el Banco Mundial, la guerra ha provocado el retroceso de las inversiones y del comercio, la fragmentación de los mercados de bienes y de mano de obra, la desorganización de la agricultura de subsistencia, la destrucción de las infraestructuras básicas y el hundimiento de las instituciones. Los magros ingresos de los Estados, por otro lado, acabaron hipotecados por los gastos militares. Resultado: el año 2000, el PIB por habitante se situaba en esta zona en 185 euros, muy por debajo de la media de toda el África subsahariana, situado entonces en 361 dólares per cápita.

Recuperar la economía de estos países ya es de por sí difícil, pero puede devenir imposible si no se afianza una paz estable. "El éxito del programa interesa a todos, porque si falla la integración de los excombatientes, ello significa insurrección e inseguridad", remarcaba semanas atrás en París el presidente de la Comisión de Desmovilización y Reintegración de Rwanda, Jean Saynzoga.

Hasta ahora, han sido desmovilizados 246.200 milicianos y militares, de los que 149.600 han recibido o reciben asistencia para su integración. Lo que quiere decir que el programa -que prevé una desmovilización de 412.800 excombatientes-se ha cumplido prácticamente en un 60%. Los dos países donde el problema es numéricamente y en términos absolutos más importante son la República Democrática del Congo (150.000 guerrilleros) y Angola (138.000, entre milicianos y soldados), aunque en este segundo caso la operación se ha cumplido ya entre un 70% y un 80%.

La inestabilidad de la región, con gobiernos débiles y guerrillas todavía operativas, son los principales problemas a los que se enfrenta aquí el Banco Mundial, además del hecho de operar en unas economías destrozadas y con una oferta de trabajo exigua. Los últimos incidentes violentos en la República Centroafricana, donde el contingente militar francés ha intervenido en apoyo de las fuerzas gubernamentales frente a los rebeldes, ilustra perfectamente la fragilidad de la situación.