En el trabajo, editado al año siguiente en español por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se alertaba sobre  las amenazas que se proyectaban sobre la prensa y el periodismo, a caballo de una novedosa terminología y objetivos, que al crear  confusión procuraban disimular los ataques al derecho a la información y así hacerlos más efectivos. Se analizaban allí, entre otros, temas como la imposición de códigos de ética, restricciones en aras de la "intimidad", la autorregulación, trabas para el acceso a la información pública, la colegiación obligatoria de periodistas, leyes de "protección" de los periodistas, el "nuevo cuento" de la información veraz , la utilización de la publicidad oficial para castigar o premiar a los medios, el "derecho a comunicar", el uso y abuso del derecho de respuesta  y las leyes de insulto y desacato.

El libro fue premonitorio: efectivamente esos nuevos caminos e instrumentos  han sido muy utilizados y transitados en lo que va de esta primera década.  Pero igual se quedó  corto.

La violencia contra los medios y los periodistas, desde arriba y desde todos los costados, ha crecido. Por  citar solo una cifra, según la Asociación Mundial de Periódicos (WAN por su sigla en inglés) fueron 105 los periodistas asesinados en todo el mundo en lo que va de  este año que aún no ha terminado.

Tampoco previó dicho trabajo el "avance" que ha habido contra la libertad de prensa por parte de los "poderes judiciales". En casos por el imperio de la ley - leyes restrictivas-, pero en otros muchos traspasando esos limites con "interpretaciones" que responden a las políticas, deseos, presiones o directamente imposiciones del poder central.

Pero lo que parecía impensable hace tan solo cinco años, es que muchas de las "malas noticias" para la libertad de prensa, se generaran en las cortes federales norteamericanas en donde la prensa ha recibido una serie de golpes, al decir de Judith Miller ex periodista de The New York Times.

Es como una especie de  síndrome del 11S, con efectos perniciosos para la vigencia de las libertades, lo que en definitiva y en su esencia parece coincidir con el propósito de los autores de aquel brutal atentado.

El último caso judicial es una decisión, sin precedentes, de la Corte Suprema de Estados Unidos, que hizo lugar al pedido de un fiscal, rechazando una solicitud de The New York Times, para que se entreguen los  registros telefónicos  de un determinado período de 11 días  del año 2001, de dos periodistas  de ese diario -la citada Miller y Philip Shenon- para identificar una fuente anónima que los reporteros se han negado a revelar.

El tema de la reserva de las fuentes -al que ya nos hemos referido en una columna anterior- presenta muchas aristas y su protección legal a ultranza debería ser motivo de una mayor discusión. Este último caso de la Corte, sin embargo, da lugar a  muy poco debate. La orden de dar los registros telefónicos significa el cierre de una vía, quizás  las mas importante y utilizada, para la obtención de información periodística. Cada vez los periodistas podrán  dar menos garantías a sus informantes y éstos - sobre todo los informantes funcionarios-  cada vez se van a cuidar más de  revelar informaciones comprometidas. No siempre se puede encontrar un oscuro garaje para los contactos. No habrá más Watergates.  Habrá menos transparencia pública, muchas noticias que atañen y afectan directamente los intereses de la sociedad permanecerán ocultas y aumentará la impunidad para los funcionarios que no actúan correctamente.

Por donde se le mire, se trata de un nuevo golpe al derecho a la información y a la liberad de prensa.

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