A comienzos de este año era una de las zonas más violentas de El Salvador: hurtos, amenazas de muerte, robos con armas y homicidios han abatido constantemente, desde hace más de una década, a los tecleños. ?Hoy la situación está comenzando a cambiar; sobre todo, desde que la municipalidad, empresarios y organizaciones civiles quisieron tomar al toro por los cuernos?, explica el alcalde interino, Mauricio Cevallos. ?Echamos a andar un observatorio ciudadano sobre la violencia que nos indicó los principales delitos, lugares de riesgo y medidas a tomar; hicimos consultas ciudadanas y se tomaron posturas con el apoyo social.

Y los resultados están a la vista: en abril y mayo de este año se estaban produciendo hasta 12 homicidios mensuales; pero en lo que va de noviembre sólo tenemos dos muertes por homicidio?, asegura a EL PAÍS el funcionario tecleño. Esta ciudad es una de las más de 50 en las que gobierna el ex rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En otros municipios, como San Martín e Ilopango, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desarrolla proyectos piloto de prevención que contemplan el desarme de los violentos, lo que ha resultado en un descenso de los niveles de criminalidad.

Hace mes y medio, el consejo de Gobierno de Santa Tecla emitió una ordenanza (ley municipal) en la que prohibía llevar armas de fuego en todos los espacios públicos: parques, estadios deportivos, mercados y centros culturales; se coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la realización de recorridos disuasorios y se ha incrementado la vigilancia física en los puntos calientes. ?Ahora, la ciudadanía denuncia, los empresarios denuncian e incluso, cuando ven a alguien sospechoso, llaman al Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) o a la PNC?, agrega Cevallos, quien destaca como un éxito la incautación de 18 armas de fuego como resultado del eficaz cumplimiento de las leyes. Medio millón de civiles armados Pero no es tarea fácil: en esta pequeña nación, de 6,8 millones de habitantes, existe casi medio millón de armas de fuego en manos de civiles.

En El Salvador, el debate del desarme está al rojo vivo. Los miembros de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social (CNSCPS), creada hace tres semanas por el presidente del país, Elías Antonio Saca, para recomendar al Gobierno medidas urgentes para frenar la delincuencia, han propuesto un proceso de despistolización, pero tratando como prioritarios los 20 municipios más peligrosos, entre ellos San Salvador, Santa Ana y San Miguel, las tres ciudades más importantes.

Las estadísticas oficiales indican que el 80% de los asesinatos se cometen con armas de fuego, y que la tasa de homicidios de es 55 por cada 100.000 habitantes, cinco veces por encima de lo que la Organización Mundial para la Salud (OMS) considera epidemia grave. ?Vamos tras un proceso gradual de desarme en los 20 municipios?, ha dicho el ministro de Gobernación, René Figueroa, pero enfatiza en que no se puede ?desarmar a las personas honestas. De lo que se trata es de hacer cumplir las leyes y que la ciudadanía denuncie?, reitera el funcionario, quien, como otros oficiales, da prioridad al endurecimiento de las leyes y a la dotación de la policía. ?

Hay ambigüedad aún; somos un país en el que ha imperado el autoritarismo por muchos años, pero además existen intereses marcados de sectores de la derecha política: en el Gobierno, en la policía y entre los legisladores, que tienen negocios en la comercialización de armas y en las agencias privadas de seguridad. Definitivamente, creen que las medidas de prevención no les conviene por intereses económicos?, apunta Janeth Aguilar, directora de investigación de un instituto de la Universidad Centroamericana (UCA).