Se nos ha hecho creer que los militares son esenciales para lograr la seguridad en el país. No es así.

El desborde de las actividades del crimen organizado desde los periodos de Zedillo y Fox, que llegaron a niveles máximos con Calderón, dieron lugar al llamado abierto para que las Fuerzas Armadas contribuyeran en labores de seguridad, particularmente en contra del narcotráfico. Peña Nieto intentó minimizar el problema simplemente dejando de hablar de él, disminuyendo los enfrentamientos, pero los asesinatos continuaron creciendo. Los homicidios en los sexenios de Fox llegaron a 168 mil 865, con Calderón a 193 mil 580, y con Peña Nieto llegaron a 218 mil 875. En apenas los primeros 45 meses de López Obrador, llevamos ya 164 mil 441 (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).

Mientras tanto, el esfuerzo inicial de Calderón al crear una nueva corporación, la Policía Federal, para que se dedicara a las tareas de seguridad pública, y que comenzaba a tener resultados parciales hacia el final de su sexenio, fue abandonado por Peña Nieto. López Obrador la desapareció y en su lugar creó la Guardia Nacional (GN), que absorbería a la antigua corporación, la depuraría de sus elementos corruptos (personificados por Genaro García Luna) y se apoyaría en el Ejército para “darle disciplina y orden”. Las Fuerzas Armadas, por su parte, continuarían con el encargo de salvaguardar la seguridad pública, ahora con un respaldo legal.

En estos cuatro años de “abrazos, no balazos” y cientos de miles de millones de pesos de programas sociales para que “los jóvenes no ingresen a las filas del crimen organizado”, los homicidios se han mantenido en los más altos niveles históricos (43 mil 867 en 2021). Los programas sociales se han develado como eminentemente clientelares, al tiempo que los recursos no han aliviado sino ha empeorado la pobreza extrema y el acceso a servicios de salud. Asimismo, ha quedado evidencia que la GN (bajo mando militar y no civil como se había acordado) sólo hace labores de patrullaje en lugar de actividades de policía.

Ahora se nos dice que es esencial que los militares permanezcan en las calles al menos hasta 2028, cuando en los casi cuatro años que llevan de estar a cargo de la seguridad pública no han dado pasos para convertir a la GN en un cuerpo policiaco de carácter civil. Todo lo contrario, la fuerza la componen en un 80 por ciento militares y marinos, pagados por la Sedena y la Marina, no están siendo capacitados para hacer labores de investigación ni previsión del delito, la violación a los derechos humanos continúa y la letalidad, cuando hay enfrentamientos, sigue siendo muy alta: casi todos muertos y unos pocos delincuentes heridos.

La buena noticia es que, ante el fracaso de las Fuerzas Armadas en las labores que se les han encomendado, agravadas ahora por carecer de una estrategia clara más allá de “abrazos, no balazos” y sin corregir la procuración de justicia, sí hay otra manera de enfrentar la inseguridad. El ejemplo lo tenemos en decenas de países que cuentan con policías bien entrenadas, bien pagadas, con prestaciones dignas, con armamento y acompañadas de inteligencia para realizar su trabajo. Son corporaciones con estrictos sistemas de control interno, con transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. Tenemos algunos buenos ejemplos en México, como Coahuila o Yucatán.

Cierto, la policía sola no es capaz de resolver la inseguridad sin un sistema de procuración de justicia efectivo, funcional y también con controles internos y rendición de cuentas. México ha invertido muy poco en la procuración de justicia. También requerimos ministerios públicos bien pagados, bien capacitados y equipados para armar sus expedientes y tener las pruebas suficientes para inculpar a los presuntos culpables, sin tener que contar con la “prisión preventiva oficiosa” como instrumento para imputar a presuntos delincuentes. Y la lista es más larga, como la reforma al sistema penitenciario.

Los inmensos recursos de más de 212 mil millones de pesos en 2022 que han ido a parar a las Fuerzas Armadas (incluyendo la GN), podrían destinarse de una mejor manera. El abandono de las policías estatales y municipales, con la complacencia irresponsable de muchos gobernadores, y ejemplificado por la eliminación del Fondo para mejorar las fuerzas de seguridad (Fortaseg), que apenas tenía unos 5 a 6 mil millones de pesos, va en el camino equivocado. Se requiere mucha más inversión en policías y en procuración de justicia y sistema penitenciario, con una Fiscalía General de la República que verdaderamente se dedique a su trabajo de manera profesional y no al servicio del Ejecutivo ni de los intereses personales del fiscal.

No, las Fuerzas Armadas en labores de seguridad no son la solución, sobre todo en la ausencia de una estrategia integral de seguridad. De hecho, su continuada presencia en las calles, y ahora con su incursión en lo político, sólo presagia el debilitamiento de nuestra democracia, y que los ciudadanos tengamos menor voz y voto en los destinos del país. También augura violación sistemática a los derechos humanos y su creciente disminución legal. Hay muchos ejemplos de lo terrible que puede ser la presencia militar en la vida social y política de un país. Sólo hay que mirar.

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-cardenas/2022/09/29/la-inseguridad-tiene-remedio-pero-no-son-los-militares/