Washington presentó un plan de inversiones para levantar las economías de Centroamérica. Expertos dicen que la idea es buena, pero está mal enfocada y difícilmente frenará los flujos migratorios. Acá explican por qué.
Hace 20 años que Estados Unidos no recibía tantos
inmigrantes como en marzo de 2022. A pesar de las políticas adoptadas por los
gobiernos de la potencia norteamericana, 221.303 personas fueron detenidas
intentando ingresar desde México. Desde que asumió Joe Biden, la cifra ha
aumentado mes a mes casi sin excepciones, y nada hace pensar que esa tendencia
vaya a cambiar. La inestable situación en Centroamérica y el Caribe, la crisis
económica desatada tras la pandemia y la sensación de que tras la salida de Donald
Trump la mano estaría menos pesada de parte de las autoridades estadounidenses,
podrían explicar el fenómeno.
Pero hay algo más: en mayo, el gobierno de Biden va a
rescindir una norma, conocida como Título 42, que permite expulsar a los
inmigrantes apelando a la situación sanitaria desatada por el coronavirus. Y si
bien la Casa Blanca ya ha dicho que, en su reemplazo, aplicará el Título 8, que
es la norma estándar para las expulsiones rápidas, de todas formas el Gobierno
de Biden decidió desplegar su diplomacia en Centroamérica, para llegar a
acuerdos que permitan limitar el flujo migratorio.
Parte de esa artillería es el refuerzo de la seguridad
fronteriza, pero también la inyección de recursos para generar oportunidades de
empleo en los países de origen. Un ejemplo es el plan de 1.200 millones de
dólares anunciado en diciembre de 2012 por Kamala Harris, y que cuenta con el
respaldo de empresas privadas, como Mastercard y Pepsi Co. El objetivo es
acabar con las raíces del problema: la pobreza, la falta de oportunidades, la
inseguridad y el cambio climático. ¿Será esto posible?
Un desafío demasiado complejo
"El plan de inversión estadounidense tiene tantas
buenas intenciones como serias fallas programáticas”, dice a DW Marco
Pérez-Navarrete, miembro del Programa Democracia de la Fundación Heinrich Böll
para Centroamérica. El experto, que se encuentra en El Salvador, asegura que,
si bien hay una diferencia con las políticas anticentroamericanas impulsadas
por Donald Trump, la premisa es "favorecer el consumo de productos de
transnacionales, que promueven la sobreexplotación de recursos y beneficia a
pequeños sectores poblacionales”. Además, destaca, "el contexto
autoritario de Guatemala, El Salvador y Nicaragua deja, por el momento, como
socio fiable solo a Honduras”.
Sibylla Brodzinsky, portavoz regional del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sostiene que la
idea de enfrentar las causas que generan el desplazamiento forzado en
Centroamérica es esencial para solucionar el problema. "Llevar inversiones
de la manera correcta a las comunidades en alto riesgo puede ayudar a romper el
ciclo de desplazamiento interno y movimientos externos. Esto requiere esfuerzos
mancomunados de gobiernos, el sector privado, instituciones financieras
internacionales, agencias de desarrollo y humanitarias”, dice a DW.
Es un desafío complejo, porque abarca inestabilidad
política y social, además de nuevos elementos que se han sumado en los últimos
años, como la violencia, las pandillas, el crimen organizado y el cambio
climático, pondera Natalia Ortiz, socióloga e investigadora del Instituto
Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES), de Guatemala.
"Y luego el impacto de la pandemia, que termina exacerbando las
condiciones de desigualdad. La migración es una estrategia de sobrevivencia
ante la falta de condiciones en los países de origen”, dice la experta, que
estudia una maestría en la Universidad de Amberes sobre Gobernanza y
Desarrollo. Ortiz señala que el enfoque adoptado hoy por Estados Unidos, el de
la inyección de recursos, no es nuevo. Y antes no ha sido todo lo exitosos que
se esperaba. "Son esfuerzos importantes, pero no siempre llegaron a las
comunidades más necesitadas”, explica.
El factor económico
Atacar los problemas de fondo no es una tarea sencilla,
especialmente cuando son estructurales. La violencia desatada por las maras y
pandillas en El Salvador, Honduras y Guatemala "es uno de los principales
factores que llevan al desplazamiento forzado desde esos países”, dice
Brodzinsky. Además, complementa Pérez-Navarrete, "en el caso de Honduras,
las catástrofes ambientales del 2020 (huracanes Iota y Eta), más la violencia
fortalecida por la impunidad y un Estado cooptado por fuerzas militares y
ultraconservadoras, han mantenido el éxodo masivo desde un territorio inviable
para la vida digna”.
Ortiz, en tanto, recuerda que hace unos años las
autoridades estadounidenses pedían a los migrantes que no migraran.
"‘Quédense en sus países', les decían. Pero, ¿para qué van a quedarse, si
se sigue perpetuando la pobreza, la desigualdad, la falta de respuesta
institucional?”, pregunta. "Como investigadores buscamos que el Estado
entregue respuestas integrales que complementen estos apoyos regionales. Sin
embargo, lo que vemos es que hay un deterioro cada vez más acelerado no solo de
la institucionalidad de los estados, sino de las estructuras democráticas”,
lamenta.
Hay otro elemento central en toda esta historia: el peso
que tienen las poblaciones migrantes para las economías de sus países de
origen. "A los migrantes que hemos entrevistado dicen que se fueron a
Estados Unidos y a los tres días tenían trabajo. Con eso, podían disponer de
recursos para ellos y sus familias. Las remesas representan para Honduras y El
Salvador el 20 por ciento del PIB. Esos dineros han cambiado las economías
locales y mantenido la estabilidad macroeconómica de la región”, añade Ortiz. Y
ofrece otro dato: 6 de cada 10 familias en Guatemala dependen de esas remesas.
"Imagínese si las medidas disuasivas redujeran la migración y con ello el
flujo de remesas: las economías se deteriorarían más”. Así, los gobiernos
centroamericanos tienen pocos incentivos para frenar la corriente migratoria.
"Es un círculo vicioso”, grafica.
Al respecto, Pérez-Navarrete llama la atención sobre un
punto del plan de los 1.200 millones propuesto por Kamala Harris: la inversión
estadounidense, de la mano de empresas privadas, permitiría que parte de esas
remesas regresaran a la potencia norteamericana. "Con la instalación de
estos negocios, más del 70 por ciento de las remesas serán gastadas en ellos y
así el dinero retorna, como parte de un ciclo que crea pequeñas élites, pero
mantiene intacto el riesgo de pobreza, sin que haya inversiones en salud,
educación y temas sociales”, explica.