En medio del escándalo de espionaje que estalló el jueves entre Rusia y Serbia, aliado histórico de Moscú, a cuenta de un aparente acto de soborno a militares del país balcánico por parte de agentes de la inteligencia rusa, documentado mediante un vídeo publicado en Youtube, el presidente, Vladímir Putin, se apresta a cerrar aún más las filas de su sistema autoritario para cerrar precisamente cualquier vía de influencia extranjera en su propio país.

La Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, acaba de aprobar en tercera y definitiva lectura un proyecto de ley sobre la preinstalación obligatoria de aplicaciones y sistemas operativos creados exclusivamente en Rusia para teléfonos móviles, ordenadores y tabletas. La comercialización de dispositivos sin software ruso preinstalado incurrirá en responsabilidad administrativa con multas de hasta 200.000 rublos (unos 2.800 euros).

La medida surge después de que el pasado 1 de noviembre entrara en vigor la ley para crear un «internet soberano», aislado del resto del mundo y sometido a un control férreo por parte del Estado, mientras expertos han empezado ya a trabajar en una enciclopedia digital rusa que deberá suplantar a Wikipedia. El máximo dirigente del Kremlin dijo recientemente que la versión digital de la Gran Enciclopedia Rusa «tendrá información más fiable y con una presentación más moderna» que Wikipedia, con la que coexistirá, al menos en una primera etapa.

De mayor trascendencia, sin embargo, va a ser el proyecto aprobado en la Duma, también el jueves, para convertir en «agente extranjero» a cualquier particular que difunda en Rusia información u opiniones en Internet con financiación foránea. Se trata de otra vuelta de tuerca más del Kremlin para intentar detener o al menos limitar el enorme caudal de críticas que recibe el poder a través de las redes sociales y que, a su juicio, se promueve desde el extranjero «con la finalidad manifiesta de desestabilizar la situación» política. El borrador deberá pasar la semana entrante por el Consejo de la Federación (Cámara Alta) y ser firmado después por el presidente Vladímir Putin.

De esta forma, no sólo periodistas, sino cualquier persona cuyas opiniones o revelaciones resulten molestas para las autoridades y reciban dinero desde otro país deberá registrarse ante el Ministerio de Justicia ruso como «agente extranjero», denominación que implica la obligación de declarar periódicamente las sumas que se reciben desde fuera y cómo se gastan, con sus lógicas implicaciones fiscales. También a informar detalladamente de la actividad que desarrolla.

De no inscribirse en la lista de «agentes extranjeros» del Ministerio de Justicia, los infractores se arriesgarán a ser sancionados con fuertes multas u otras medidas de carácter administrativo. Además lo que divulguen será inmediatamente retirado de la red. Las organizaciones rusas de defensa de los Derechos Humanos señalan que la nueva norma persigue lograr una atmósfera intimidatoria para que la gente se lo piense dos veces antes de expresar en internet lo que piensan.

Así, pasarán ahora a engrosar la lista de «agentes extranjeros» no sólo los medios de comunicación, organizaciones o cualquier persona jurídica financiada desde fuera, sino también las personas físicas (particulares) que «difundan los materiales de esos medios de comunicación reconocidos como agentes extranjeros o participan en su confección y reciban dinero desde otros países, aunque sea por un concepto que nada tiene que ver con la actividad informativa, o desde las entidades rusas financiadas por fuentes extranjeras», reza el borrador.

En la Duma sostienen que la acción de la ley no se extenderá a las corresponsalías de medios extranjeros, como ABC en Moscú, por ejemplo. Sin embargo, existen publicaciones digitales como «inopressa.ru» o «inosmi.ru» que hacen resúmenes de artículos aparecidos en la prensa extranjera, reproduciendo gran parte del texto tras ser traducido al ruso e incluso a veces en su totalidad.

El abogado ruso Maxim Chernavin asegura que «cualquier persona que distribuya materiales creados por medios extranjeros y reciba fondos de ellos podrá ser reconocida como un agente extranjero (...) incluso si su abuela que vive en Letonia le envió dinero para pagar los estudios». Human Rights Watch (HRW), estima que la norma supone «un paso más hacia la restricción de la independencia de los medios en Rusia» y afectará en primer lugar a periodistas y blogueros.

El concepto de «agente extranjero», que se asocia en Rusia ya desde la época soviética a enemigo o traidor a la Patria, apareció de nuevo en la legislación rusa en 2012, aplicado a las ONGs, en particular a las dedicadas a la promover la Sociedad Civil y la defensa de los Derechos Humanos, con financiación externa. Pero, en 2017, la medida se extendió a los medios de comunicación como respuesta a Estados Unidos por tachar de «agente extranjero» al canal de televisión ruso Russia Today (RT) tras ser acusado de apoyar la candidatura de Donald Trump durante la campaña electoral de 2016 y desplegar una significativa labor de zapa contra la de Hillary Clinton.

Aquella modificación de la ley de «agentes extranjeros» afectó sobre todo al canal internacional estadounidense CNN y a las emisoras Radio Liberty y la Voz de América, también a la televisión alemana Deutsche Welle. Es decir a todos aquellos medios de comunicación extranjeros con difusión dentro de Rusia tanto de forma escrita como audiovisual, y que estén financiados desde fuera del país. La actualización en curso de este norma afectará ahora a periodistas, blogueros e incluso a cualquier particular. La OSCE ha instado a Rusia repetidamente a desterrar el término de «agente extranjero» y más aún a dejar de tipificarlo en su legislación.