Con la muerte civil de Joaquín El Chapo Guzmán Loera por su cadena perpetua más 30 años en una cárcel de los EE. UU. termina el segundo gran ciclo de los cárteles del narcotráfico que nacieron a comienzos de los ochenta al amparo de la protección de la Dirección Federal de Seguridad.
Pero hay que atender a la existencia de dos Chapo: de una
parte, el dirigente del Cártel de Sinaloa que tiene el control del tráfico de
drogas y que articula una estructura de poder criminal; de otra, el símbolo de
un liderazgo personal forjado a base de aventuras rocambolescas y de desafíos a
la autoridad del Estado.
Las organizaciones criminales en estructuras de poder
tuvieron su primera etapa al finalizar los setenta y comenzar los ochenta con
el Cártel de Guadalajara encabezado por el padrino Miguel Angel Félix Gallardo
--el jefe de jefes en la cultura de los naco-corridos-- y el primer cártel de
marihuaneros de Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto y Rafael Caro Quintero. Este
cártel duro poco: en 1985 secuestraron, torturaron y asesinaron al agente de la
DEA Enrique Camarena Salazar y los EE. UU. lanzaron todo su poder para
liquidarlos.
Los cárteles del narcotráfico nacieron bajo la protección
de las oficinas de seguridad política del Estado. La Federal de Seguridad de
Gobernación fue la policía de seguridad del régimen priísta y tuvo dirigentes
profesionales --policías y políticos-- de 1947 a 1982. Aplastada la disidencia
a finales de los ochenta, la DFS quedó al garete. En diciembre de 1982 el
secretario de Gobernación del gobierno de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett
Díaz, designó como director de la DFS al político José Antonio Zorrilla Pérez.
Ya sin la amenaza comunista en México, derrotada la guerrilla y opacada la
oposición, la policía política se movió hacia el crimen organizado como amenaza
de seguridad nacional del Estado. Pero en lugar de aplastarla como lo hizo
contra la disidencia rupturista, la DFS prefirió absorber a las bandas de
marihuaneros.
El caso Camarena en febrero-abril de 1985 reveló que el
narcotráfico de marihuana estaba protegido por la DFS de Gobernación. Caro
Quintero fue detenido en un aeropuerto local, pero lo dejaron ir porque
presentó una credencial válida de la DFS. Las presiones de la Casa Blanca
obligaron a renunciar a Zorrilla, hacerlo candidato a diputado local por
Hidalgo y finalmente excluido del poder. En 1989 fue arrestado, juzgado y
sentenciado por el asesinato del columnista Manuel Buendía en 1984, cuando se
disponía a publicar nombres y referencias de policías y funcionarios que
estaban aliados al crimen organizado.
El Cártel de Guadalajara cayó en desgracia cuando su jefe
Félix Gallardo fue arrestado. De ahí hubo dos derivaciones; el Cártel de
Tijuana y el Cártel de Sinaloa, ya con actividades en el tráfico de cocaína.
Ahí comenzó la segunda larga etapa: de 1989 a 2019. La crisis de la estructura
de cárteles se dio en 2006 cuando el gobierno del presidente Calderón inició la
ofensiva de seguridad con la participación de las fuerzas armadas. De 2007 al
2019, poco a poco, la estrategia fue liquidando a los jefes de los cárteles,
aunque dejando vivas sus estructuras.
El 23 de marzo de 2009 la PGR de Eduardo Medina Mora
--hoy ministro de la Corte-- publicó un decreto de recompensas por la captura
de 37 capos dirigentes de cárteles, muchos de ellos liquidados en combate,
otros arrestados y sólo quedaba vivo El Chapo.
A pesar del éxito que representó la baja de los jefes de
los cárteles, el problema fue la existencia de sus estructuras: el narcotráfico
aumentó, buena parte de la droga traficada se quedó en México y aumentó el
consumo, el lavado de dinero se convirtió en una empresa rentable y el trasiego
hacia los EE. UU. para responder a la demanda de consumo fue aumentando. Los
cárteles mudaron de dirigentes y llegaron por prelación jefes intermedios sin
astucia.
En el proceso de liquidación de los jefes llegó la
tercera etapa de los cárteles con nuevos grupos: Los Zetas, el Cártel Jalisco
Nueva Generación, Los Matazetas, Los huachicoleros, los michoacanos, entre
otros; pero lo más grave fue el proceso de atomización de los cárteles y
niveles intermedios y bajos de los cárteles tomaron el control de actividades
delincuenciales ajenas a las drogas: la extorsión, el contrabando, el tráfico
de personas, el narcomenudeo, los secuestros, la prostitución, el contrabando,
el control de consumo de drogas en bares, cantinas y restaurantes, las empresas
de sicarios para el crimen por asignación, el robo de autos y los puestos de
ambulantes.
La capacidad de organización policiaca y de seguridad del
Estado fracasó a lo largo de las dos etapas: la que le siguió a la disolución
de la DFS y la que enfrentó la ofensiva del gobierno. Las policías fueron
rebasadas, pero como consecuencia de la falta de una dirección seria y fuerte
de la seguridad del Estado. Ninguna policía rompió las relaciones de
complicidad de los cárteles con estructuras del Estado.
El Chapo obtuvo una muerte civil personal, pero la
estructura de su cártel y la de los demás siguen vigentes. Mientras la política
de seguridad del Estado siga personalizando el crimen en las personas y no en
los cárteles, el crimen organizado seguirá creciendo.
Política para
dummies: La política es el instrumento de poder del Estado para enfrentar a los
poderes facticos criminales.