La justicia de Río de Janeiro decidió crear un tribunal especializado de “jueces sin rostro” que juzgará los casos de lavado de dinero, narcotráfico y actuación de milicias.
Río de Janeiro: Cuando narcotraficantes, milicianos y
otros peligrosos criminales levanten la vista desde el banquillo de los
acusados, el estrado estará vacío.
Alentada por la creciente violencia y numerosas amenazas
a magistrados, la justicia de Río de Janeiro resolvió crear un tribunal
especializado de “jueces sin rostro” que juzgará los casos de lavado de dine La
aparición de este nuevo tribunal fue oficializada el martes en Brasil luego de
que un órgano especial de la justicia local aprobara la iniciativa por 23 votos
contra
La figura de los “jueces sin rostro” se encuentra vigente
en otros seis estados de Brasil. Es una práctica que se ha inspirado en países
como Italia y Colombia, donde los magistrados que enfrentaban amenazas de
mafias y narcotraficantes decidieron ocultar su identidad para protegerse.
El tribunal estará compuesto por tres jueces, uno titular
y dos auxiliares, cuya identidad no será revelada sino hasta el final del
proceso.
Aunque apenas uno será el encargado de juzgar, la
sentencia será firmada por los tres para diluir la responsabilidad del juez en
la decisión final. De esta manera, la justicia de Río espera aplacar el clima
de hostilidad en casos que involucran al crimen organizado.ro, narcotráfico y
actuación de milicias.
“Los jueces piden socorro permanente a la presidencia. Es
una medida para traer seguridad a los magistrados que están amenazados y darle
a la sociedad una respuesta inmediata en los procesos”, dijo Claudio de Mello
Tavares, presidente del Tribunal de Justicia de Río.
Agregó que 22 jueces viven con escolta policial
permanente tras haber sufrido intimidaciones.
El tribunal especializado tendrá sede en Río. “Vivimos en
una total inseguridad. En el interior del estado no hay tanta estructura y los
jueces son blancos mucho más fáciles”, agregó de Mello.
En Brasil existe desde el 2012 una ley que permite a
jueces de primera instancia optar por la conformación de un tribunal cuando
juzgan casos que involucran al crimen organizado. La norma fue promulgada un
año después del resonante caso de Patricia Acioli, una jueza de Río que
mientras analizaba procesos de corrupción y homicidios cometidos por policías
fue asesinada en la puerta de su casa.
Los estados de Pará, Mato Grosso, Bahía, Roraima, Santa
Catarina y Alagoas poseen tribunales similares al que será implementado en Río.
“En la mayoría de los países dio resultados y agilizó
procesos”, dijo a The Associated Press Ricardo Andreucci, fiscal de la justicia
criminal de Sao Paulo.
En el ámbito jurídico no existe un consenso unánime sobre
la introducción de la figura del juez anónimo.
“Es impensado que en una sociedad democrática alguien sea
juzgado sin conocer a su juzgador, quiebra las reglas del juego”, dijo Conrado
Gontijo, abogado criminalista, doctor en Derecho Penal de la Universidad de Sao
Paulo.
El abogado explicó que la figura “sin rostro” viola el
principio de un “juez natural” conocido, que le permite a un reo conocer la
identidad de quien lo juzga. “Aunque vivamos en un país violento el juez debe
estar preparado para administrar una situación temeraria”, agregó Gontijo.
Colombia instituyó un programa similar dos décadas atrás,
en el auge de un periodo de violencia y “guerra contra las drogas” librada por
el gobierno durante el reinado del famoso traficante Pablo Escobar.
En casos de narcotráfico, los jueces poseían una cabina
privada donde ocultaban su identidad y hablaban a través de un micrófono que
distorsionaba la voz. La iniciativa fue desactivada en 1993, luego de la muerte
de Escobar y de que uno de los máximos tribunales dijera que ese método
infringía el derecho de defensa del acusado.
Además de los jueces, en Colombia los testigos se
mantenían en el anonimato.
“Para un ciudadano que está sometido al proceso, no poder
conocer al testigo va en contra del derecho de defensa”, dijo Jose Gregorio
Hernández, un exjuez de la Corte Suprema de Colombia.
Al mismo tiempo, Hernández destacó que “fue efectivo
porque se logró una protección importante” de los involucrados en casos
sensibles.
*** AP