EL riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria asoma en el horizonte. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advertía hace dos meses de “las consecuencias potenciales que podría tener una caída significativa y coordinada de los precios inmobiliarios en numerosos países”, a la vista de lo mucho que han subido, apoyados en una excesiva concesión de créditos.
Esta semana ha sido el Banco Central Europeo (BCE), por boca de su vicepresidente, Luis de Guindos, quien ha efectuado una advertencia similar, aunque con una mayor intensidad. El fantasma del pinchazo de los precios inmobiliarios que precipitó la Gran Recesión hace doce años -preocupa a las autoridades financieras internacionales, que piden la adopción de medidas preventivas.
La economía española sería especialmente vulnerable a una nueva crisis provocada por la sobrevaloración de los precios inmobiliarios porque el sistema bancario aún arrastra una pesada herencia del anterior descalabro.
El vicepresidente del BCE ha recomendando que los gobiernos apliquen medidas macroprudenciales para evitar futuras crisis inmobiliarias. En este sentido, ha puesto como ejemplo las disposiciones adoptadas por Francia y Alemania, en las que se establecen requerimientos adicionales de capital a la banca para que generen un colchón financiero durante los actuales periodos de crecimiento que pu-diera ser liberado en caso de recesión. Otros doce países europeos han tomado también medidas para atajar vulnerabilidades respecto al sector inmobiliario. Principalmente van encaminadas a restringir las condiciones de los créditos inmobiliarios, tanto en los plazos como en el porcentaje de estos sobre el valor del piso.
En España, sin embargo, no se ha tomado ninguna medida porque las autoridades españolas consideran que no hay riesgo de burbuja inmobiliaria, ya que estiman que sólo se ha producido un recalentamiento de los precios en Madrid, Barcelona y algunas zonas de la costa mediterránea y de Canarias. La llamada Autoridad Macroprudencial, creada hace tres meses a instancia de las autoridades europeas para analizar los riesgos sistémicos, que está formada por el Banco de España, el Ministerio de Economía y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha concluido que por el momento no hay riesgo de burbuja inmobiliaria en nuestro país. Constata que los precios medios de la vivienda acumulan un crecimiento del 22% en términos reales desde su nivel mínimo a principios del 2014, si bien permanecen un 31% por debajo de los niveles máximos alcanzados en el tercer trimestre del 2007, justo antes de la crisis.
Por primera vez, sin embargo, según el Colegio de Registradores, el sector inmobiliario empieza a registrar comportamientos similares a los que se produjeron antes de que estallase la anterior burbuja inmobiliaria, ya que España vuelve a construir más viviendas de las que vende. Esto no ocurría desde el 2008. Estamos lejos de que sea el doble, como sucedió entonces, pero la tendencia al desequilibrio se ha iniciado. Los bajos tipos de interés, con el Euribor en negativo, y la subida de los precios del alquiler, donde sí hay burbuja, impulsan a los ciudadanos hacia la compra, en unos momentos de intensa creación de empleo, lo que despierta el optimismo de los promotores.
Las autoridades financieras españolas, pese a la tranquilidad aparente con la que observan la evolución del sector inmobiliario, harían bien en incrementar la vigilancia para evitar que la banca vuelva a incurrir en imprudencias crediticias en busca de una arriesgada rentabilidad. Ya se equivocaron una vez, lo que tuvo un enorme coste para las arcas públicas, y no deberían repetir el error.
